Ť Minimiza el presidente electo la posibilidad de dolarizar la economía
Anuncia Martín Balza su retiro de la jefatura del ejército argentino
Ť Para remplazarlo se menciona al general Bossi; Laino podría ser designado jefe del estado mayor
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 5 de noviembre Ť El jefe del ejército argentino, Martín Balza, anunció este viernes su retiro del cargo, aunque esto queda pendiente de la decisión del presidente Carlos Menem.
El anuncio de Balza originó un fuerte movimiento para buscar a su remplazante, cuando se menciona que el subjefe del ejército, general Aníbal Laino, podría ser designado jefe del estado mayor conjunto por el presidente electo Fernando de la Rúa, quien asumirá el próximo 10 de diciembre.
Uno de los nombres que más suena para suceder a Balza es el del general Ernesto Juan Bossi, actual secretario del ejército que pertenece al "ala política" del mismo.
Todos estos personajes representan un nuevo estilo dentro del ejército y son considerados el grupo de estudios más avanzado de esa institución.
Odiado por muchos de sus colegas, responsables de la pasada dictadura militar, a Balza, un hombre que estuvo en la guerra de las Malvinas (1982), le tocó enfrentar momentos muy difíciles.
Amenazado varias veces de muerte, especialmente después de que en abril de 1995 --y por primera vez en la historia argentina-- asumiera la "responsabilidad institucional" por la represión ilegal que realizaron los militares durante la dictadura (1976-1983), el general hizo muchas renovaciones en esa institución e incluso trató de acercarse más a la sociedad.
También sorprendió a todos cuando sostuvo que "delinque quien ataca al régimen constitucional", quien "dicta órdenes inmorales" y "quien las obedece", y aunque dijo que no daría ninguna lista sobre desaparecidos porque no estaba en sus manos, ofreció seguridad y secreto para aquellos militares que entregaran datos o ayudaran a reconstruir esa trágica historia del pasado.
Este discurso fue una respuesta al testimonio presentado por el sargento Víctor Ibáñez, quien había participado en los asesinatos de detenidos políticos cometidos en el centro clandestino de detención El Campito, establecido en Campo de Mayo, escuela del ejército.
"No debemos negar más el horror vivido", dijo Balza, quien enfrentó otra crisis durante su mandato por el asesinato de un soldado, Omar Carrasco, en un cuartel en la provincia de Neuquén.
Carrasco fue muerto a golpes días después de haber ingresado en el servicio militar y hay soldados condenados por su responsabilidad en el hecho. El caso Carrasco llevó a la suspensión del servicio militar obligatorio, decreto que firmó Menem.
Fin justo, medios injustos
Al relato de Ibáñez se agregó el del ex capitán de la marina Adolfo Scilingo, quien confesó los llamados "vuelos de la muerte", por medio de los cuales la marina arrojó a miles de detenidos vivos al mar.
El general fue escogido por Menem después de que enfrentó el levantamiento armado de los llamados carapintadas, grupo nacionalista de derecha del ejército, el 3 de diciembre de 1990.
No puede decirse que aquel discurso de Balza fuera una disculpa pública, porque de alguna manera justificó el "fin justo" aunque condenó "los medios injustos" para llegar a él, pero sin duda su lenguaje tomó una enorme distancia de los hombres de la dictadura, por lo cual desde entonces fue atacado por militares retirados e incluso su familia sufrió amenazas.
Otra situación que enfrenta Balza es la venta ilegal de armas, entre 1991 y 1995, pese a que Fabricaciones Militares ya no estaba bajo la responsabilidad del ejército, por lo cual el negocio estuvo en manos del Ministerio de Defensa.
Sin embargo, tendrá que ir a declarar ante el juez en diciembre próximo, aunque el decreto de venta de armas estaba firmado por el presidente Menem y sus principales ministros de entonces.
El armamento argentino fue triangulado en una operación ilegal que violó las leyes internacionales, y aunque figuraba destinado a Panamá y Venezuela, fueron a Ecuador y Croacia, cuando estos países estaban en guerra.
Balza se retirará en momentos de fuertes conciliábulos de militares retirados y también en actividad: el pedido del juez español Baltasar Garzón, quien reclama para juzgar a 98 militares argentinos bajo el cargo de genocidio, terrorismo y torturas, puso en alerta a todos los responsables de aquellos años de muerte.
Durante la reciente campaña política se habían hecho oír el Grupo de Almirantes Retirados, pero ahora la revista Informe Reservado, que se atribuye a algunos servicios de inteligencia de reconocido furor anticomunista, publica que los militares retirados formaron una agrupación política.
Muchos de esos militares apoyaron al comisario Luis Patti, ahora intendente de Escobar y candidato derrotado a gobernador por la provincia de Buenos Aires.
Otros hicieron un círculo de hierro alrededor del teniente coronel retirado Aldo Rico, también intendente de San Miguel, y que ahora asumirá como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, integrando el gabinete del gobernador electo justicialista Carlos Ruckauf.
Entre los grupos militares que se constituyen como partido político, se menciona a Nueva Opción Republicana. En su seno, dicen, tienen cabida ex integrantes de las fuerzas armadas, "institución que es pilar de los cimientos de la nación, aun cuando algunos intereses sociales los usen como el fantasma que flagela a la sociedad".
Por otro lado, Menem admitió la posibilidad de que el ex coronel carapintada Mohamed Alí Seineldín y el ex guerrillero Enrique Gorriarán Merlo sean beneficiados, más adelante, con una conmutación de penas, aunque negó un nuevo indulto para militares presos y ex integrantes del Movimiento Todos por la Patria que coparon el regimiento militar La Tablada, en 1989, acción en la que murieron 39 personas.
En otro asunto, De la Rúa minimizó la posibilidad de dolarizar la economía del país, y la calificó de "hipótesis sin fundamento", tras declarar que de hecho la economía está dolarizada en cuanto a la paridad cambiaria, en referencia al programa de convertibilidad vigente desde 1991, que establece por ley una relación de uno a uno entre el dólar y el peso argentino.