Ť Adolfo Scilingo ha sido víctima de irregularidades judiciales, acusa su abogado
Si le toca a De la Rúa, será lento el proceso de extradición
Dpa y Afp, Buenos Aires, 5 de noviembre Ť De concretarse la solicitud del juez español Baltasar Garzón para extraditar a los 98 militares y policías argentinos que violaron los derechos humanos durante la última dictadura en este país, el proceso podría ser rechazado y resuelto de manera rápida si se le presenta al gobierno saliente del presidente Carlos Menem, pero si le toca al de Fernando de la Rúa, será muy lento pues la petición sería enviada a los tribunales, estimó hoy la prensa local.
En Madrid, Fernando Gallo, el abogado del militar argentino arrepentido, Adolfo Scilingo, afirmó que su cliente ha sido víctima de irregularidades judiciales nunca subsanadas por el juez Garzón, y expresó sus dudas sobre la "verdad" de su cliente sobre la represión registrada en Argentina durante la dictadura, de 1976 a 1983.
"No sé si es verdad lo que Scilingo dice ahora o lo de antes", expresó el letrado al referirse a las primeras denuncias del militar hechas en octubre de 1977 ante Garzón, y su arrepentimiento del jueves cuando desmintió ante el propio juez haber dicho lo que dijo hace dos años.
Scilingo se retractó de lo dicho sobre las técnicas de tortura aplicadas en la Escuela de Mecánica de la Armada, así como de su participación en los vuelos de la muerte, durante los cuales eran lanzados al mar opositores muertos o agonizantes.
"El no leyó ni ratificó ni firmó la primera declaración que prestó ante el juez" de la Audiencia Nacional, irregularidad judicial que no ha sido subsanada en ningún momento por el juzgado, afirmó Gallo.
El diario argentino Clarín explicó que si bien existen convenios entre España y Argentina para acelerar la extradición y las relaciones de la Interpol entre ambos países son buenas, la ley de Cooperación Internacional establece algunos reparos para casos de conflictos como éste en el que se pide la captura de argentinos que ya han sido juzgados o perdonados.
Por ese motivo, la Interpol explicó a Clarín que esa ley obligaría a enviar el pedido de Garzón a la cancillería argentina, y que allí existen dos oposiciones: rechazar el pedido o darle curso a la justicia para que resuelva.
Añadió que Menem sólo podrá rechazar la solicitud --como él mismo lo anticipó-- si el escrito de Garzón entra por la Interpol antes del 10 de diciembre, algo que parece poco probable por los frenos que le están poniendo en España.
Pero la alianza Unión Cívica Radical-Frente País Solidario, cuyo presidente electo sucederá a Menem el 10 de diciembre, anticipó que tomará otro camino y enviará la solicitud de Garzón a los tribunales, desde donde recorrerá un largo camino hasta llegar a la Corte Suprema, que es la instancia que finalmente le daría respuesta al magistrado español.
El propio Fernando de la Rúa dijo que éste "es un tema que tiene que resolver estrictamente la justicia".
Otra traba que sería un impedimento legal para extraditar a los militares es que Garzón los responsabiliza en general de "genocidio", figura que no existe en la legislación penal argentina.
El fiscal chileno anticorrupción, Carlos Castresana, impulsor de la persecución legal emprendida desde España contra los ex dictadores de Chile y Argentina, señaló a la agencia madrileña Europa Press que tras las órdenes de captura dictadas por el magistrado español, la justicia argentina deberá extraditar a los imputados o enjuiciarlos en su propio país.
El fiscal consideró prudente la decisión del juez español de ordenar la detención de los 98 militares y policías argentinos pero sin solicitar de momento su extradición, ya que esto pondría en un compromiso al gobierno de España y, además, seguramente la petición sería rechazada por el gobierno argentino.