La Jornada sábado 6 de noviembre de 1999

Luis González Souza
Justicia global

MUCHOS DE NUESTROS pesares se deben a nuestra miopía. La incapacidad para ver más allá de nuestro santo, no es accidental. Bien se esmeran los privilegiados para mantener miopes a los demás. De ahí, por cierto, la embestida contra la UNAM, acaso el último sanatorio de ciegos con que cuenta México. Pero el problema es universal.

Un buen ejemplo nos lo ofrece la tendencia hacia la impartición de justicia sin detenerse en las mojoneras nacionales. Tendencia iniciada hace un año con la detención en Inglaterra de Pinochet, gracias a la valentía del juez español Baltasar Garzón. Y ahora, en vías de consolidación, gracias a su resolución para capturar a 98 argentinos, sobre todo militares y policías que se involucraron en crímenes de genocidio, tortura o terrorismo de Estado, durante la más reciente pesadilla dictatorial de Argentina (1976-1983).

Tanto hemos sido cegados por la globalización-ideología, que no vemos lo positivo de la globalización-proceso. Los centros de poder insisten en que la suya es la única globalización posible, siempre comandanda por las leyes del mercado, de la selva y del darwinismo: privilegios para los aptos, muerte (inclusive biológica) para los ineptos, es decir, todos los excluidos de la catedral mercantil.

Lo cierto es que también se pueden y se deben globalizar cuestiones propiamente humanas, como la impartición de justicia y la ética subyacente. De hecho esa otra glo-balización ya camina en la simple intención de encarcelar a sátrapas tipo Pinochet, Videla, Massera y compañía. Pero cuando apenas lo comenzamos a ver, los usurpadores de la globalización rápidamente se vuelcan a reciclar miopías y re-signaciones. Y la verdad es que no lo hacen con torpeza. Cuando no aprovechan vacíos del derecho internacional, manipulan soberanías y nacionalismos.

De esa manipulación llegan a ser víctimas hasta personas bien intencionadas. Y es que el nuevo lance del juez Garzón entraña cuestiones jurídicas muy complejas, mas no indescifrables. Por ejemplo, se dice que, a diferencia del caso Pinochet, los sátrapas argentinos ya fueron enjuiciados en la propia Argentina. Se olvida, sin embargo, que luego fueron indultados por el inefable Menem (1990) y que sólo habían sido enjuiciados por crímenes menores.

Otras objeciones a Garzón provienen de quienes profesan un amor ciego a la sobera-nía, al punto de convertirla en una sobera-nía-concha: para que los sátrapas se "hagan concha" ante críticas extranjeras a sus satrapías nacionales. Gritan entonces su preocupación por la aplicación extraterritorial de leyes (salvo las del mercado). Y no les falta razón si recordamos los abusos de la entonces injusticia global, por cuenta de los países poderosos, en especial EU (derecho de injerencia, Ley Helms-Burton).

Lo ideal sería tener un derecho internacional libre de vacíos y ambigüedades. Pero mientras no sea así, es preciso avanzar con las normas existentes sin paralizarse, porque a las potencias les gusta torcerlas. Ahora mismo sobran asideros jurídicos para enjuiciar a los sátrapas argentinos: son de origen español 546 de sus víctimas; desde 1990 está en vigor el Tratado de Extradición entre España y Argentina: ambos países son firmantes tanto de la Convención contra el Genocidio de 1948, como de la Convención contra la Tortura de 1984. Y algo de suyo concluyente: el gravísimo carácter de los delitos en cuestión. Por ser el genocidio, la tortura y el terrorismo de Estado, delitos de lesa humanidad, han de ser juzgados en cualquier lugar y tiempo.

El consenso en torno a esto último ayuda a "no aventar al niño junto con el agua sucia". Aquí el niño fuerte y prometedor es la impartición de justicia en cualquier rincón del Globo, sin importar la nacionalidad del juez ni del delincuente, por lo menos cuando sus crímenes son de lesa humanidad. Y el agua sucia, ya insufrible, es el prepotente torcimiento de la ley, ora para perpetuar la impunidad so pretexto de la no-extraterritorialidad, ora para impulsar barbaridades perfectamente extraterritoriales. Como el Plan Cóndor, esa Internacional de la Barbarie que en los setenta impulsaron los dictadores de Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay y ųobvioų la propia Argentina, y ųmás obvioų con la complacencia de EU.

Muy bien, pues, por el superjuez Garzón. Y eso que aún nos falta avanzar en algo igual o más decisivo que la impartición de justicia a escala mundial: la globalización de la justicia social, económica.

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