* Guerrero
Trasladan a presuntos integrantes del ERPI al penal de Puente Grande
La Jornada / El Sur, Acapulco, Gro., 6 de noviembre * A las 11:30 de este sábado, efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y agentes de la Policía Judicial Federal (PJF) trasladaron a los presos Bertoldo Martínez Cruz, Benigno Guzmán Martínez, Efrén Cortés Chávez, Angel Guillermo Martínez González, Erika Zamora Pardo y Virginia Montes González, del Cereso de Acapulco al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.
Por la mañana, cuando no había aún una versión oficial de los hechos, se especuló que los llevarían al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, estado de México, donde se encuentran encarcelados presuntos miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), y los dirigentes de éste Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas Ajís, e insistir así en su vinculación.
Sin embargo, fue hasta las 7 de la noche cuando el gobierno del estado informó por medio de un escueto comunicado que el traslado fue hacia el mencionado reclusorio de Jalisco, "en virtud de que se ha tenido información respecto a la posible organización de un motín" en el Cereso de Acapulco "para provocar fugas y desórdenes" en los cuales también pudieran "cometerse atentados" contra los propios internos ahora trasladados de penal lo cual, según esta versión, fue para proteger "su seguridad e integridad física".
La acción ocurrió aun cuando dos días antes, el jueves 4, la defensa del Comité de Presos Políticos y de Conciencia promovió un juicio de amparo indirecto ante el juzgado cuarto de distrito, con objeto de impedir que alguno de ellos fuera trasladado a otro penal porque existía el rumor de que así ocurriría, según lo había advertido el abogado defensor José Manuel Reyes Camero.
De acuerdo con lo que entonces señaló Reyes Camero, en un plazo no mayor a 20 días se conocería si dicho amparo sería o no procedente, pero mientras tanto, el juez cuarto de distrito debía haber ordenado la suspensión de cualquier acto de esa naturaleza.
El referido comunicado del gobierno estatal indicó que "no existió impedimento legal para el traslado, toda vez que el juzgado cuarto de distrito, con sede en Acapulco, negó la suspensión contra el acto mencionado".
Asimismo, en el boletín oficial se agrega que la operación únicamente fue ejecutada por agentes de la PJF, "con fundamento en los artículos segundo, fracción segunda, y 11, fracción quinta, de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del estado de Guerrero, así como en los artículos séptimo, noveno y 72 del Reglamento de los Centros de Readaptación Social en la entidad y las leyes federales en la materia".
Desde las rejillas del acceso principal del Cereso porteño, se observó ayer un aparatoso movimiento de custodios, así como de efectivos de la PFP y de la PJF, mismos que permanecieron alrededor de una Suburban blanca con placas del Distrito Federal 134KLC, a la que subieron a los seis reos.
Minutos más tarde, los otros 14 miembros del Comité de Presos Políticos y de Conciencia que aún quedan en el reclusorio de Acapulco se comunicaron a los diversos medios para denunciar que sus compañeros "fueron sacados con lujo de violencia", y demandaron "que se les respete su integridad física y sicológica".