* El demandante, sin derecho a presentar la querella, dice la Procuraduría local
Desechan denuncia por fraude a ahorradores de NL
David Carrizales, corresponsal, Monterrey, NL, 13 de noviembre * La Procuraduría de Justicia estatal desechó la denuncia de hechos presentada por el abogado Antonio O'Farril González, quien solicitó investigar a más de 50 prominentes empresarios y políticos panistas de esta entidad que, según el industrial Ignacio Santos de Hoyos, financiaron seis proyectos inmobiliarios en Atlanta, Estados Unidos, con el dinero que Grupo Financiero Abaco Confía defraudó a cientos de medianos y pequeños ahorradores.
César Cantú García, subprocurador, explicó que el asesor jurídico ųque representa a un grupo de ahorradores defraudadosų no está legitimado para presentar la querella, ya que no es parte afectada en este asunto.
Agregó que el propio O'Farril, al acudir a ratificar la denuncia ante el Ministerio Público, declaró que iba por sus propios derechos, sin que haya sufrido alguna afectación, y como el fraude es un delito que se persigue a instancia de parte, se resolvió desechar de plano la querella.
El pasado 27 de octubre, Ignacio Santos de Hoyos ųhermano del senador priísta Alberto Santosų declaró ante la juez tercero de lo civil, Juliana Cruz Guillén, que entre quienes se quedaron con el dinero de los ahorradores defraudados están el subcoordinador de la diputación federal del PAN, Rogelio Sada Zambrano; Enrique Zambrano Benítez, miembro del Grupo de los Diez ųen el que están organizados los empresarios más grandes del estadoų, y Consuelo Canales de Valdez, hermana del gobernador panista de Nuevo León, Fernando Canales.
Santos aseveró que un total de 58 socios inversionistas que lo demandaron en Estados Unidos, alegando malos manejos en la inmobiliaria Atlanta Associates, que preside, tomaron 20 millones de dólares de las off-shore que manejaba Jorge Lankenau para financiar seis proyectos inmobiliarios en ese país.
Mencionó entre los beneficiados con el dinero de los ahorradores a Humberto Garza, dueño de la cadena de tiendas Famsa, con más de 100 establecimientos en el país, y los constructores José Maiz Mier y José Maiz García, dueños del equipo de beisbol Sultanes de Monterrey.
Además, Humberto y Jaime Maldonado Lankenau, primos de Jorge Lankenau; Gabriel y Pablo Zambrano Benítez, accionistas de Grupo Proeza; Alfonso García Villarreal; Margaret Griffiths de Aldape; Alfonso Aldape Griffiths; Graciela Valdez de Garza; Claudia Siller de Segovia; Jaime, Adrián y Arturo Martínez Elizondo; Gertrudis Sada de Escámez; Gerardo Sada Zambrano, hermano del diputado panista, negociador del Fobaproa, Rogelio Sada; Beatriz Sada de Mayrl; Luis A. González Reséndez, y Eduardo Elizondo Barragán, hijo del ex gobernador priísta Eduardo Elizondo y hermano del actual tesorero de Nuevo León, Fernando Elizondo.
Otros son: Elsa Morales de Osuna, Olga García de Gamboa, Bosco de la Vega Valladolid, Agustín Valdez, Alfonso Garza Valdez y José Agustín Valdez Canales, sobrino del Ejecutivo estatal.
También, Roberto Gutiérrez Ancira; Luis Montemayor Chapa, dueño del hotel Monterrey; Alfonso Aldape López; Alejandro Aldape Griffiths; Oziel Garza Valdez; Bárbara Chapa de Martínez; María Elena Kalifa de Martínez; Ivonne Porte de Martínez; Andrés Marcelo Sada Zambrano, accionista del Grupo Cydsa, y Lucía Sada de González.
Asimismo, Simón González Santoscoy, Rodrigo Barragán, Abelardo Osuna, Rodolfo Gamboa, María Isabel Rivero de Madero, Raúl Pérez Fernández, Gloria de los Angeles Ruiz ųmadre de Gloria Trevių, Federica Valdez Canales, Luis Ruiz Arredondo y Carlos Montemayor Chapa, copropietario del hotel Monterrey.
Con la resolución del Ministerio Público, ninguno de los mencionados podrá ser requerido en relación con la mencionada denuncia de hechos, aunque O'Farril podría recurrir a un juicio de amparo, señaló el subprocurador Cantú.
IMSA rechaza haberse beneficiado
Por otra parte, Grupo IMSA ųcorporativo en que el gobernador panista de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, es uno de los principales accionistasų rechazó que alguno de los créditos otorgados por Banca Confía se hayan transferido al Fobaproa, como denunció la diputada federal perredista Dolores Padierna Luna.
En un comunicado, la firma, que preside Eugenio Clariond Reyes, puntualizó que, en sus más de 63 años de vida, "jamás ha dejado de cumplir con sus compromisos en forma íntegra y en tiempo, pues nunca ha sufrido siquiera un retraso en el pago de una obligación, menos aún ha incurrido en situaciones de no pago".
Igualmente, defendió la legalidad de una operación mediante la cual recibió un préstamo de Aba Turismo Inmuebles, por más de 65 millones de pesos, para pagar adeudos que tenía con Banca Confía.
La particularidad de la operación fue que dichos recursos formaban parte de un crédito otorgado por Confía a la empresa Aba Turismo Inmuebles, como capital de trabajo para un desarrollo habitacional en Guadalajara, Jalisco.
Algunos de los principales accionistas del banco lo eran también de la empresa inmobiliaria y de Grupo IMSA.
La desviación de créditos hacia Grupo IMSA, según el supervisor de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quedó documentada, con base en los informes proporcionados por Confía.