José Antonio Rojas Nieto
Dos asuntos pendientes en la política del gasto social

Si algo debiera cuidarse con mucho mayor esmero del presupuesto es el dinero que se destina al desarrollo social. Se trata no sólo de ser estrictos en la definición y aprobación de su monto, sino también en su utilización, pues con este gasto se atienden las necesidades de educación, salud, seguridad social, capacitación y desarrollo laboral, regional y urbano, abasto y asistencia social; pero también se cubren las urgencias y emergencias de las comunidades y poblaciones frente a desastres o eventualidades graves como las recientes inundaciones en Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Justamente por esto, es sumamente importante ser escrupulosos en la determinación de su destino y de los mecanismos de su gestión. šcuántas veces se denuncia el manejo caciquil, parcial y partidario de los fondos para el desarrollo social! šCuántas más se demuestra que se le utiliza para combatir organizaciones civiles autónomas, no gubernamentales, como ha sido documentado por varios analistas en los casos de Chiapas, Guerrero y Oaxaca! Nadie puede asegurar que está resuelto el problema de la gestión manipulada de estos recursos. Es, sin duda, el que más sienten las comunidades indígenas, campesinas, rurales y urbanas. En este marco, sería urgente la creación de contralorías sociales plurales, honestas y eficientes, que supervisen en las entidades federativas el ejercicio de estos fondos del desarrollo social.

Ahora bien, como repite el gobierno hasta el cansancio, hoy en día la erogación en desarrollo social representa ya más de la mitad del gasto; pero también es cierto ųigualmente hay que repetirloų que el gasto programable total es, apenas, 16 por ciento del PIB. Lejos está ya no sólo del 28 por ciento canalizado al desarrollo social en 1981 sino, incluso, por debajo del 20 por ciento de 1986, cuando el precio real del petróleo descendió a la mitad del de 1985. Si nos atenemos a las nuevas tendencias, el gasto público programable (que no incluye participaciones a entidades federativas, estímulos fiscales, intereses, comisiones y gastos, ni ese rubro de la vergüenza llamado programas de apoyo financiero) ronda el 16 por ciento del producto nacional, y dependiendo del resultado final que tengan esos proyectos de apoyo financiero, puede alcanzar 24 o 25 por ciento del producto nacional, ya como gasto neto devengado.

La discusión sobre el origen de los fondos nos remite a un delicado asunto sobre el que será imprescindible un tratamiento específico: el del origen y la estructura de los ingresos del sector público presupuestario. Por lo pronto, hay que decir que mientras no se diseñe una estrategia fiscal que permita que los recursos disponibles se incrementen y se rompa la dependencia de los Derechos de Extracción de Hidrocarburos (renta petrolera), cualquier tratamiento sobre el gasto corre el riesgo de ser no sólo vacío, sino demagógico. Y la discusión sobre el destino exige algo más que la credibilidad en los gestores. Atrás de los mecanismos de gestión de los fondos ųque, sin duda, deben ser impecables y libres de toda sospecha de corrupción y manipulaciónų, están dos aspectos centrales: la definición de los conceptos y categorías que fundamentan las orientaciones y prioridades del gasto, en este caso el social; y la perspectiva estratégica que orienta, precisamente, su impecable administración. Este y todos los gobiernos anteriores no han atendido dos asuntos de la mayor importancia que deben ser discutidos con la sociedad: 1) los criterios de asignación y gestión del gasto en desarrollo social, que suponen el debate sobre las categorías que los respaldan; 2) la perspectiva estratégica sobre la función gubernamental de apoyo al desarrollo social, sus objetivos de mediano y largo plazos, y su futuro.

Así, no sólo debería someterse a la discusión nacional cuánto dinero se destina a desarrollo social; a quiénes se encarga la gestión y el cuidado de esos fondos; quiénes deben evaluar la eficiencia y la eficacia de su utilización; quiénes supervisar la justeza y honorabilidad de su gestión; sino también dos más de la mayor importancia: 1) qué conceptos, nociones e indicadores sobre urgencia, necesidad, pobreza, pobreza extrema, marginación y segregación, entre otros, apoyan las decisiones sobre la orientación y el destino del gasto social; 2) hacia dónde se desea llegar con ese ejercicio público ya no sólo en seis años, sino en diez o más. Hasta hoy, al menos estos dos asuntos han quedado pendientes en la acción de apoyo al desarrollo social del gobierno.