Si existiera en México un acuerdo básico en torno a los fines más generales que se persiguen en la sociedad, entonces, las demás cuestiones podrían referirse a los medios para alcanzarlos. El asunto de los medios, o sea, del diseño de políticas y la aplicación de instrumentos sería así de carácter técnico y podrían estar esencialmente en el terreno de los expertos y, tal vez, hasta podrían ser resueltos por máquinas, lo que definitivamente permitiría ahorrar todavía más recursos al erario e incluso haría posible obtener un menor déficit fiscal del gobierno.

Pero el consenso básico sobre el curso de la nación se fracturó desde hace ya casi dos décadas, cuando se inició el largo periodo de lento crecimiento económico y de estancamiento del producto por habitante. Y, puesto que no hay acuerdo en los fines sociales, o en aquellos estrictamente económicos, la discusión sobre los medios es de naturaleza política. Esto es lo que ocurre hoy respecto al presupuesto. Y si es claro que existe una técnica presupuestaria, ésta responde a los criterios básicos de gestión de la economía que establece el gobierno. Eso es precisamente lo que se discute ahora, una vez más, entre el Ejecutivo y los partidos de oposición en el Congreso.

El Presupuesto Federal para 2000 cuadra en términos contables a partir de las grandes restricciones fiscales que enfrenta el gobierno. A pesar de que en los últimos cuatro años se ha registrado un crecimiento del producto, a pesar de que en los meses recientes se ha logrado una estabilidad relativa de las variables financieras que se proyectan demasiado linealmente hacia delante y a pesar, también, de la gran disciplina en el gasto público que comanda Hacienda y el control del dinero y del crédito que impone el banco central, el caso es que en 2000, los ingresos del gobierno que provienen de los impuestos seguirán reduciéndose (representaron 11.27 por ciento del producto en 1999 y serán 10.82 por ciento el año entrante). Para compensar, tendrán que aumentarse los ingresos derivados de otras fuentes como precios y tarifas, con lo que, por ejemplo, pagaremos más por la gasolina y por el gas a pesar de que los precios del petróleo sean más altos y, también por la energía eléctrica o por el peaje de las carreteras.

La fragilidad financiera del gobierno se aprecia en la proporción del gasto programable respecto al producto. Para 2000 esa proporción es de 15.11 por ciento, la más baja desde 1980, mientras que la parte no programable, que se vincula mayoritariamente con el pago de intereses sobre la deuda pública representa 7.22 por ciento del producto (los intereses equivalen a 3.85 por ciento del PIB). Esa misma condición de fragilidad financiera del gobierno es la que expresa un asunto cada vez más evidente en los presupuestos federales y es la discrepancia de los números.

El Presupuesto Federal para el año próximo tiene cifras que son notorias en un país en el que conforme a los propios datos oficiales ha aumentado significativamente la pobreza. En el presupuesto ocupa un lugar muy relevante el costo del pago real de intereses que debe cubrir el IPAB por la factura del rescate bancario y ello sirve para la comparación con otras asignaciones del gasto. El saldo base para calcular el costo financiero del rescate bancario es de 725,260 millones de pesos, que equivalen a 14 por ciento del producto. Ese monto devengará una tasa real de interés de 8.2 por ciento (es decir, descontando la inflación), por lo que se requieren 59,471 millones de pesos, alrededor de 1.1 por ciento del producto. Se estima que la venta de los activos en manos del instituto reportará 20 mil millones y las cuotas de los bancos 4,500 millones, por lo que deben asignarse 35 mil millones de pesos de recursos públicos.

Sólo a modo de comparación, la cifra total que tiene que destinarse al pago real de intereses del rescate bancario (los casi 59,500 millones) representa las siguientes proporciones de los distintos rubros del gasto en funciones de desarrollo social: 29 por ciento de educación, 51 por ciento de salud, 53 por ciento de seguridad social, 418 por ciento de abasto y asistencia social, y 130 por ciento de desarrollo regional y urbano. Si se compara con el gasto en funciones productivas las proporciones son: 126 por ciento de desarrollo agropecuario, 37 por ciento de energía, 158 por ciento de comunicaciones y transportes. Otro dato curioso respecto a esta enorme carga económica y presupuestal que acarrea la forma en que se ha administrado la crisis bancaria se relaciona con los efectos de las recientes lluvias que devastaron una gran parte de varios estados del país. Se calcula que resultaron damnificadas, en diversos grados, un millón de personas, y para atenderlas se destinarán mil 250 millones de pesos, es decir, en promedio mil 250 pesos por persona, entre las cuales, muchas perdieron no sólo todo su patrimonio, sino los medios para subsistir.