Para enfrentar los costos del rescate bancario, las autoridades de Hacienda han recurrido desde 1995 a varios medios: recortar gastos de carácter social, considerados no prioritarios; posponer inversiones en áreas estratégicas como el petróleo y la electricidad; asignar, sin consultar al Congreso, ingresos petroleros excedentes al cerrar cada ejercicio, o renunciar a ingresos fiscales como el remanente de operación del Banco de México.

Sin embargo, el mayor costo que se ha venido acumulando durante los últimos cinco años aún no se refleja claramente en las cuentas normales del ingreso y del gasto públicos. Ese costo ha consistido en una acumulación de pasivos que no se han registrado como parte de la deuda pública oficial, y cuya variación tampoco se ha considerado, como debería ser, parte del déficit fiscal.

Según los documentos anuales de Criterios de Política Económica, la magnitud de estos pasivos aumentó de 68.9 miles de millones de pesos a finales de 1995 a 308.5 miles de millones en noviembre de 1997. En marzo de 1998, el gobierno sorprendió a la sociedad al informar que esos pasivos habían alcanzado 552.3 miles de millones de pesos.

Aunque el último dato dado a conocer por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hace ascender dichos pasivos a 760 mil millones de pesos al 30 de junio del presente año, es conocido que en esa suma no se incluye toda la deuda asumida de manera subrepticia por el gobierno federal, ya que parte de ella se distribuyó entre otras instituciones, como Banobras y Bancomext.

A partir de la expedición de la Ley del IPAB, en diciembre de 1998, se decidió que, al terminar las auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados se iniciaría un proceso de intercambio de los pagarés emitidos por el Fobaproa, por nuevos bonos negociables a cargo del nuevo IPAB. Para que el valor de esos bonos no siguiera creciendo, las autoridades decidieron que a partir del año 2000 se incluyera en el presupuesto de egresos una nueva partida para pagar la parte real de los intereses de esos bonos.

Los nuevos bonos del IPAB, cuyo monto es estimado por la Secretaría de Hacienda en 750 mil millones de pesos para finales de 1999, aumentarán su valor nominal a partir del año 2000 en el mismo ritmo en que lo haga la tasa de inflación, manteniendo así su magnitud en términos reales y disminuyendo paulatinamente su proporción respecto del producto interno bruto.

Para ello, en lugar de que el total de intereses de capitalice (se integre al valor de los bonos), como sucede hasta ahora con los pagarés del Fobaproa, a partir del año 2000 sólo se irá acumulando la parte inflacionaria de los mismos, cargando la parte real, es decir, los intereses que se paguen por encima de la inflación, a la señalada nueva partida presupuestal.

Aquí es donde resulta de mucha importancia definir con toda transparencia la tasa de interés real que se pagará por esos bonos a partir del año 2000, ya que de ese nivel depende el posible acomodo de muchas partidas de gasto en un ambiente extremadamente austero. Según el documento Consideraciones en torno a la elaboración del presupuesto, dado a conocer recientemente por la Secretaría de Hacienda, la tasa aplicable será de 8 por ciento, resultante de un 7 por ciento estimado para la tasa del Cete, más un punto.

Sin embargo, si se consulta la única fuente oficial disponible respecto a las tasas de interés de los pagarés del Fobaproa, en los anexos del documento 2, Resumen ejecutivo de las operaciones del Fobaproa, disponible en Internet (www.fobaproa.gob.mx), se puede observar que la mayoría de los mismos tienen desde abril de 1999 hasta su vencimiento una tasa de Cete menos 1.35 puntos, un nivel muy inferior al estimado por Hacienda.

Si dicha tasa de interés ha sido aumentada de manera discrecional por las autoridades de la Secretaría de Hacienda, esa decisión debe ser dada a conocer con todo detalle, explicando las razones de ello, antes de solicitar a los legisladores que aprueben el presupuesto de egresos para el próximo año. Si se pretende sacrificar aún más a la mayoría de la población para seguir beneficiando a una minoría de banqueros, el tema merece ser discutido con toda claridad y la información al respecto debe ser dada a conocer con toda transparencia.