José Blanco
La crisis universitaria

La renuncia del rector cierra una etapa del largo periodo de crisis que vive la UNAM. Y el drama continúa: los actores ųel Gobierno de la República, los partidos políticos y sus corrientes, la amplia heterogeneidad de los grupos universitarios, académicos y estudiantes paristasų no hallan aún el terreno común de solución al conflicto.

Cada actor debe cumplir un papel distinto, pero la conformación de ese terreno para los acuerdos demanda, entre otras cosas, la aceptación por todos de la legalidad y la autonomía universitarias. Ese terreno, asimismo, debe ser hallado reconociendo que es indispensable dar satisfacción a todos los intereses legítimos, hoy agudamente enfrentados, al tiempo que no sólo se preserva sino se refuerza el proyecto de la universidad académica, de la universidad de investigación, de una universidad con índices de calidad cada vez mayores.

Además, a ese terreno común deben llegar los actores con real espíritu universitario, a efecto de encontrar las vías para debatir todas las ideas sobre cada uno de los temas necesarios, sin tabúes. El CGH está obligado a admitir, aunque sólo fuera por razones democráticas elementales, que en ese debate no puede haber un interlocutor único.

La Junta de Gobierno ha aceptado la renuncia diciendo que las razones del rector "revelan su compromiso institucional y su apego a los principios y valores universitarios". Un reconocimiento justo. La junta reconoce en el rector, además, "el esfuerzo excepcional que ha hecho para resolver el conflicto."

El propio rector ha hecho, en su renuncia, un recuento sucinto de avances efectivos alcanzados durante su abreviada gestión. Algunos de ellos, ciertamente, requieren aún tiempo para madurar y, otros, deberán ser parte de la agenda de asuntos que la universidad debe despejar para superar el trance que la mantiene paralizada.

Entre la Ley Orgánica de 1932 y la de 1945 (aún vigente), la UNAM vivió un largo periodo de crisis interna. Uno de los componentes mayores de esa crisis era el errado sistema de gobierno dispuesto por la primera de esas leyes. Su gobierno había sido diseñado como si la universidad fuera una república de ciudadanos, y no una institución educativa: fue confundida la democracia académica con la democracia política. Los votos de los "ciudadanos universitarios" elegían a los miembros del Consejo Universitario, y los votos de éste último elegían a los directores y al rector. Como puede suponerse, un Consejo Universitario, así conformado, se autonomizaba en gran medida respecto a sus "bases electorales" y se convertía en una arena de los "políticos".

Bajo esas reglas, académicos y alumnos se veían llevados a alinearse en términos "electorales" alrededor de "candidatos" que debían realizar "campañas políticas" frente a los "ciudadanos universitarios". Las "campañas", por supuesto, debían ir a horcajadas de la parafernalia de cualquier elección política, con mítines, propaganda, alianzas, discursos y promesas hacia los "electores". Toda la vida universitaria ųlas funciones académicas, técnicas y normativas del Consejo Universitario y de los Consejos Técnicos, entre otrasų, estaba sobrepolitizada en grado sumo. Las pasiones ligadas a los intereses "políticos" generaban una inestabilidad permanente y una zozobra sin fin en los responsables de la institución.

Las últimas enconadas elecciones fueron en 1944, con la aguda polarización entre Agustín Yáñez y Antonio Díaz Soto y Gama como candidatos a la dirección de la Escuela Nacional Preparatoria. El Consejo Universitario resolvió a favor de Soto y Gama, y las corrientes que apoyaban a Yáñez la emprendieron contra el rector Brito Foucher.

En medio del tropel de los conflictos acumulados, fue elegido todavía el director de la Escuela de Veterinaria, lo que provocó que los opositores elevaran geométricamente la pugna. La Facultad de Leyes fue cerrada por Alfonso Noriega, su propio director, dada la agitación generalizada que la institución vivía.

Públicamente, Foucher acusó a Yáñez de "actos condenables", y éste hizo su propia denuncia pública: "el rector insiste en presentar el caso de las recientes elecciones de directores de facultades y escuelas como el único motivo del descontento que prevalece en la universidad... El motivo es más complejo. Se trata del repudio a un régimen antiuniversitario...; es mi convicción profunda de que esas elecciones viciosas, inmorales e ilegítimas han venido a demostrar la necesidad de que profesores y estudiantes trabajemos sin desmayo para restaurar a fondo la estructura de la universidad".

En medio de la crisis, sin mecanismos posibles de control "electoral", el 27 de julio de 1944, en un mitin, fue asesinado, de un tiro, un estudiante de Veterinaria. Esa tragedia cerró el ciclo de la universidad "democrática".

Pensar la academia en cuanto tal, sus contenidos, su organización ųen la docencia y en la investigaciónų pasaba entonces, necesariamente, por la "política". No era esa una organización para una institución educativa. La historia pronto habría de dar la razón a Yáñez.

Otro componente, profundamente indeseable, atizaba la crisis: un enmarañado y añejo conflicto político entre la institución y el Gobierno de la República. No intentaré examinar aquí ese conflicto, pero ciertamente la universidad estaba en el peor de los mundos.

La Ley CasoųTorres Bodet de 1945 dio curso de solución a los escollos intrincados de aquella circunstancia. Y pudo hacerlo para muchas décadas. La construcción de Ciudad Universitaria fue el símbolo de la salida del túnel y del surgimiento de una universidad que había vuelto a edificar su tejido de relaciones externas e internas.

Rasgos análogos a los de aquella fase crítica, parecen emerger hoy. Un problema complejo de fondo, en su organización académica y su gobierno, vuelve a enfrentar la UNAM, y un problema político que involucra una acaso mutua incomprensión entre la institución y el gobierno.

La percepción del gobierno es que los universitarios no están cumpliendo cabalmente su papel, y la de los universitarios, que el gobierno no está cumpliendo cabalmente el suyo. Es urgente dar solución equilibrada y duradera a ese doble problema, y debe hacerse, creo, abriendo los espacios a todos los intereses y a todas las aspiraciones legítimas.

El país requiere un gran proyecto de educación superior para el largo plazo. No lo tenemos. Durante el primer quinquenio de los años ochenta, el mundo desarrollado se embarcó en el relanzamiento vigoroso de su educación superior, acompañado de una fuerte expansión de su cobertura. Algunos países periféricos, como Chile, lo hicieron también.

México se halla rezagado. La educación superior tiene una baja calidad media en el país, y su cobertura es reducida. Ambas cosas deben ser puestas en vías de superación a la brevedad posible. No hay futuro para el país en las condiciones actuales. El conocimiento sistemático tiende a convertirse ya en el factor central de la organización social de las sociedades venideras; y México se halla rezagado.

Es necesario asociar de modo más estrecho al conjunto de las instituciones de educación superior, tendiendo a crear un sistema real, para que en acuerdo con el gobierno ųcualquiera que éste seaų, sea planeado otro futuro para la educación superior, vale decir, otro futuro para la nación.

Seguramente la UNAM tiene mucho que aportar en un proyecto así. Pero es necesario cuidar puntualmente que la solución al conflicto universitario no atente, en ningún sentido, contra los valiosos pasos que en la última década ha dado mejorando la calidad de sus procesos y de sus productos. La UNAM, sí, tendrá que acelerar el paso, para superar sus rezagos; a la institución le es indispensable, y puede serle de gran utilidad al conjunto de un sistema de educación superior que aún es necesario crear.

Nada de eso puede hacerse sin el concurso de la esfera política y sin la comprensión de la sociedad. El avance será magro, si hay alguno, sin una política de Estado para la educación superior. Si un proyecto así, en lo inmediato, supera las posibilidades del país, al menos es necesario que los cambios que eventualmente sobrevengan para la UNAM, no abatan sus normas académicas, sino las eleven.

Es necesario, insistamos, un proyecto que dé forma a un sistema metropolitano de educación superior, donde haya cabida para todos los intereses académicos y todas las aspiraciones educativas. Es preciso hacerlo ampliando la cobertura educativa, y comprometiendo un programa de constante mejoramiento de la calidad de ese sistema. Tal proyecto pasa por la reforma de la UNAM.