EL NARCO, CORRUPTOR DEL EJERCITO

Ayer 23 efectivos del Ejército Mexicano, adscritos a la quinta Zona Militar, con sede en Chihuahua, fueron dados de baja al determinarse, mediante un examen antidoping, que habían consumido drogas. La prueba fue aplicada a los 573 elementos del 98 batallón de Infantería de esa entidad, luego que el 28 de octubre los mandos castrenses descubrieron que seis kilos de cocaína asegurada habían sido sustituidos, antes de su incineración, por harina de trigo. Las sospechas recayeron sobre el personal militar que resguardaba el decomiso correspondiente.

El hecho motivó una investigación que determinó la responsabilidad de cuatro soldados en la comisión del delito, quienes a su vez integraban un grupo de 12 militares que cumplían funciones de agentes de la Policía Judicial Federal. Ahora, según lo ha informado el general Juan Morales Fuentes, jefe de esa Zona Militar, el resto del batallón será trasladado a Pachuca, Hidalgo, a fin de evitar que el episodio se repita.

Afortunadamente, los mandos castrenses han reaccionado con prontitud para esclarecer ante la sociedad este preocupante episodio de corrupción que vulnera una de las instituciones más sólidas de la nación. Exámenes toxicológicos como los practicados en Chihuahua y que derivaron en la suspensión de los soldados consumidores de estupefacientes debieran aplicarse en las adscripciones militares de todo el país, toda vez que medidas como ésta refuerzan la credibilidad del Ejército en su conjunto.

Sin embargo, ha de considerarse que, con o sin estos operativos, la institución armada, en tanto siga desempeñando funciones policiales contra el narcotráfico ųuna tarea que le es ajena, de acuerdo con su estatuto constitucionalų, estará expuesta al riesgo de que efectivos castrenses de cualquier jerarquía sucumban a la drogadicción o al poder corruptor del narcotráfico. En este sentido, el caso de los uniformados que evitaron ilegalmente la destrucción de droga, aunque de escala menor, está emparentado con la situación del general Jesús Gutiérrez Rebollo, ex titular del desaparecido Instituto Nacional de Combate a las Drogas (INCD), que se involucró con las mafias de la cocaína.

Es significativo el hecho de que los soldados mencionados formaban parte de un programa que se aplicaba en Chihuahua desde hace cuatro años ųy que tenía por propósito combatir al cártel de Juárezų, consistente en destinar personal militar con licencia a tareas de policía judicial. Se sabe que en ese perido disminuyó el número de decomisos en la entidad y el cártel se fortaleció. Lo anterior es un elemento más que demuestra que la participación de soldados en el combate al trasiego de estupefacientes ilícitos no garantiza una mayor eficacia en esa tarea y que, por el contrario, puede introducir elementos de descomposición moral en las fuerzas armadas.