Ť Fue recibida por Hamdan; suman más de 6 mil millones de pesos
Entregan lista de transacciones presumiblemente ilícitas
Ciro Pérez Ť El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, el panista Fauzi Hamdan, recibió ayer el paquete uno de la primera lista de las transacciones reportables como clasificadas en el grupo "C", en su totalidad poco más de 6 mil millones de pesos.
Esta información responde al punto de acuerdo ųaprobado el 4 de noviembreų en que se insta al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) a informar a las autoridades competentes de aquellas operaciones clasificadas como "transacciones reportables, que se presuman ilegales, o las que no hayan cumplido con las disposiciones jurídicas".
El paquete entregado ayer representa poco más de la mitad del monto total de las operaciones clasificadas como "C" detectadas en el Fobaproa. Los nombres y montos de la lista serán dados a conocer hoy poco antes de la comparecencia del secretario de Hacienda, José Angel Gurría, ante la Cámara de Diputados para hablar del paquete económico para el 2000.
El acuerdo daba como plazo el 15 de noviembre para hacer llegar a esa comisión el informe de los casos en que existan o se establezcan procedimientos jurídicos respecto de las operaciones que el IPAB haya rechazado, por estar consideradas en el grupo "C" en el reporte de la auditoria hecha por Michael Mackey.
Para dar cumplimiento a la solicitud de los legisladores, el IPAB solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a las procuradurías Fiscal de la Federación y General de la República, esta última responsable de integrar las averiguaciones previas e iniciar los procesos en contra de los involucrados.
Con base en esta recopilación, se identificaron 62 operaciones, que corresponden a siete bancos intervenidos o saneados, sobre las cuales ya se han emprendido acciones judiciales, por caer en alguno de los supuestos previstos en la ley, como entrega de información falsa por parte de los deudores o su aceptación por funcionarios bancarios a sabiendas de que se trataba de datos apócrifos.
Otros supuestos son operaciones autorizadas con conocimiento de que le causarían un quebranto a la institución, desvíos de los recursos por parte de los deudores, alteración o falsificación de información o documentos por funcionarios bancarios y entrega de sobornos a éstos.
De los 64 casos señalados en el informe Mackey, las autoridades competentes coinciden en la información correspondiente a 61. Sobre el estado procesal de éstos, la PGR informó que 21 corresponden a averiguaciones previas y 40 a procesos penales.
Sobre las averiguaciones previas, que corresponden a un monto 2 mil 141.45 millones de pesos, diez están en proceso de integración; en cinco casos no se ha ejercido acción penal porque se tendrá que esperar el resultado por la vía civil para la recuperación de los adeudos; dos han prescrito y cuatro se encuentran en consulta de no ejercicio de la acción penal por hechos no constitutivos de delitos.
De los 40 procesos penales, que representan un monto total de 3 mil 374.12 millones de pesos, están involucradas 37 personas, cuyos nombres fueron dados a conocer al diputado Hamdan.
Según el punto de acuerdo, el próximo 10 de diciembre el IPAB deberá informar las resoluciones que tome la Junta de Gobierno del IPAB sobre las operaciones del grupo "A", denominadas transacciones de crédito que no satisfacen los criterios originales establecidos para los créditos que debían ser adquiridos por el Fobaproa.
En caso de que el IPAB y las autoridades competentes no estuvieran en posibilidad de enviar en los plazos establecidos la totalidad de la información solicitada, se les insta a presentar los datos disponibles o avisar a la Comisión de Vigilancia de una nueva fecha, que no excederá del 15 del marzo del 2000, salvo en casos excepcionales, con plena justificación.
Por otra parte, se espera que la comparecencia de Gurría tendrá una duración de unas cinco horas. Se prevén tres rondas de preguntas y respuestas más el derecho a replica que tiene cada uno de los legisladores que intervenga en tribuna.