* Un tercero, hijo del militante Baldo, logró huir
Detienen a dos jóvenes de ETA en la frontera con Francia
* Es posible que estuvieran preparando un secuestro: Mayor Oreja
* Urge trabajar para que la tregua indefinida sea definitiva: PNV
Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 17 de noviembre * Arcaiz Saéz y Aratz Gómez, dos jóvenes vasco-franceses de 20 y 22 años, respectivamente, fueron detenidos esta madrugada en la frontera con Francia. La operación policial estuvo a cargo de la policía francesa, con la colaboración de las fuerzas de seguridad españolas que, se informó, llevaban varias semanas siguiendo a estos supuestos colaboradores de la organización armada vasca ETA.
Saéz y Gómez son hijos de dos miembros de ETA, uno de ellos, Enrique Gómez Alvarez, Korta, que fue asesinado por un grupo paramilitar llamado Batallón Vasco Español en 1979.
Para el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, estos dos jóvenes son "el germen de una nueva ETA". Los detenidos no tienen antecedentes penales y al momento de la captura portaban dos pistolas, "una de ellas con el anagrama de ETA", informó la policía francesa.
Un tercer joven, Iraun Zabaleta, también de 20 años, e hijo del histórico militante de ETA José Javier Zabaleta, Baldo, preso en una cárcel del Estado español, logró huir.
Los hechos ocurrieron en un polígono industrial de Irun, cuando viajaban en un vehículo con matrícula falsa cerca de la frontera francesa. Desde el Ministerio del Interior español se señaló que no están "en condiciones de confirmar el móvil exacto de este comando legal, pero las primeras pesquisas apuntan a que iban a robar una máquina troqueladora para fabricar matrículas falsas".
El Partido Nacionalista Vasco (PNV, en el gobierno en el País Vasco) señaló a través de su vocero oficial en el Congreso, Iñaki Anasagasti, que se debe "trabajar con más intensidad" para lograr que la "tregua indefinida", decretada por ETA en septiembre de 1998 y que llevó al inicio del proceso de paz en la región, se convierta en "tregua definitiva".
El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, indicó que "no se descarta" la posibilidad de que hayan estado "preparando un secuestro". Señaló que "en esta fase de cese indefinido de la violencia, simultáneamente hay una actuación permanente de ETA, en coherencia con la posición de abastecimiento de una organización terrorista en esta etapa".
Anasagasti no compartió la visión del ministro, con quien su formación política rompió relaciones políticas hace unos meses, y aseguró que "nos guste o no, y a pesar de la tregua indefinida, ETA existe y esta ahí. Por tanto, este tipo de noticias sabíamos que podían ocurrir".
Mientras, los 20 presos de ETA que empezaron el pasado 1o. de noviembre una huelga de hambre, exigiendo su participación activa en el proceso de paz, han perdido ya entre "siete y diez kilos", informó el diario vasco Gara, sustituto del desaparecido Egin. Por otro lado, fue extraditado de Francia a España el ex dirigente de ETA José Luis Alvarez Santacristina, Txelis, quien después de una "conversión religiosa" pidió a ETA que negociara con el gobierno. Txelis cumplió 10 años de cárcel y fue expulsado de ETA después que criticó los asesinatos de concejales que el grupo armado ejecutó en 1997.
En el terreno de los tribunales, la Audiencia Nacional fijó para el próximo 13 de diciembre el comienzo del caso Lasa-Zabala. Este proceso fue iniciado por el ex magistrado Javier Gómez de Liaño, quien hace dos semanas fue "inhabilitado" por haber "prevaricado" en uno de sus procesos judiciales.
Gómez de Liaño logró en 1997 que fueran desclasificados unos "documentos" señalados como "secretos de Estado" y que estaban en manos del Centro Superior de Información de Defensa (Cesid, el servicio de inteligencia español). Gracias a estos documentos se sentarán en el banquillo Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad en la época del gobierno socialista de Felipe González; el ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo y otros cinco imputados.
José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala fueron secuestrados, torturados y asesinados por los Grupos Antiterroristas de Liberación, que durante la década pasada mataron a 27 personas presuntamente vinculadas a ETA o su entorno.