* Pide Rafael Lizaola integrar derechos de niños en el marco jurídico mexicano
Condena Unicef los hechos del caso Braulio
* El tema de la infancia debe rebasar el ámbito de las primeras damas y las fotografías, señala
Bertha Teresa Ramírez * El oficial de Relaciones Exteriores de Unicef, Rafael Lizaola, externó sus condolencias a la familia del menor Braulio Suárez Peredo, y condenó los lamentables hechos que condujeron a su muerte.
El representante de Unicef dijo que el tema de la infancia debe rebasar el ámbito de "las primeras damas y las fotografías", y se pronunció porque México integre en su marco jurídico los derechos de los niños establecidos en la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia.
El ambiente de violencia que afecta a la niñez en diversas partes del mundo, y en lo particular casos como el de Braulio, obligan a las autoridades a impulsar campañas para promover una cultura de los valores, pues hoy más que nunca la sociedad entera debe saber que toda acción violenta contra los infantes o que quebrante sus derechos, es condenable, principalmente cuando se atenta al primero de todos esos derechos, como es la vida, indicó.
Las estadísticas de la violencia contra menores son inciertas, señaló, y cualquier cifra que se dijera acusaría un subregistro: hay que tomar en cuenta que la problemática tiene un fondo muy grande y existe una información subterránea que nunca sale a la luz, por ello más que mencionar números, el oficial de la Unicef mencionó la necesidad de fomentar una carta que resuma las garantías de los menores. "Todos debemos saber que los niños tienen derechos, que son seres que tienen que ser respetados".
Agregó que quizá los datos en el terreno de lo criminal sean los que más se conocen, pero no es fácil detectar, por ejemplo, los problemas que pueden enfrentar los menores por la violencia intrafamiliar, y cualquier cifra que podamos decir puede quedar rebasaba, de ahí que el fomento de una cultura para respetar a los niños tiene que llegar hasta el seno de las propias familias.
Lamentó que en el caso del bebé asesinado, el agresor fuera alguien cercano a la familia, por lo que es urgente promover una cultura de valores, pues los niños no nos deben importar sólo en su día, sino hoy y siempre, porque no pueden seguir siendo considerados como objetos, indicó.
Dijo que México debiera adoptar la Convención de los Derechos de los Niños en sus sistemas jurídicos, para lo cual necesariamente tiene que haber reformas legales para que a los menores se les conceda la ciudadanía, pues mientras los infantes estén "invisibles" en la legislación, seguirán siendo vulnerables y tratados como si no pensaran.
* Diputados de PRI y PAN analizarán elevar condenas por delitos muy graves
Se reaviva en el Senado polémica sobre la pena de muerte
Andrea Becerril, Ciro Pérez Silva y Roberto González Amador * La vieja polémica sobre reinstaurar la pena de muerte en México se reavivó ayer en el Senado de la República, luego del asesinato del bebé Braulio Suárez Peredo.
El priísta José Trinidad Lanz Cárdenas se manifestó en favor de una amplia consulta nacional para decidir la viabilidad de una medida de tal naturaleza, ante "crímenes tan terroríficos y macabros, de los que no se encuentra explicación en vísperas del siglo XXI".
Sin embargo, el jurista Ignacio Burgoa Orihuela advirtió que aunque la pena de muerte se debatirá nuevamente, no hay posibilidades de que se reimplante en el país, "pese a crímenes tan horrendos" como el del menor Braulio, asesinado por sus secuestradores. Cuando más, dijo, esos delincuentes recibirán la pena máxima de 40 años.
Otros juristas, como el senador priísta Eduardo Andrade y el panista Juan de Dios Castro, presidente también de la Comisión de Justicia del Senado, rechazaron de manera tajante que castigar con la muerte a los delincuentes solucione la problemática en materia de seguridad.
La prueba, dijeron, es que en países como Estados Unidos, en que donde se aplica, no se han frenado los secuestros y crímenes violentos.
Sin embargo, tanto Burgoa como algunos legisladores, entre ellos el priísta José Luis Medina Aguilar, consideraron que es injusto que el Estado deba mantener a asesinos de menores, por lo que debería pensarse en reformas legislativas para mantenerlos en prisiones con trabajos forzados.
Mientras, el senador perredista Cuauhtémoc Sandoval hizo notar que en la Edad Media se descuartizaba públicamente a los delincuentes, y no por eso disminuían los delitos.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de esa cámara, Lanz Cárdenas, coincidió en lo difícil del tema, pero consideró necesario someterlo a consulta pública, quizá mediante un plebiscito.
"Yo me pongo en el papel del padre de la criatura, Ƒy cuál sería mi reacción? Si tendría fe o no en la justicia, y si no podría, con razón, pensar qué derecho tienen a respirar alimañas de ese tipo", añadió Lanz Cárdenas.
Penas mayores por actos contra infantes
Mientras tanto, diputados de PAN y PRI analizarán el marco jurídico para incrementar la pena en el caso de delitos "muy graves", como el asesinato y robo de menores.
El presidente de la Comisión de Justicia, Sadot Sánchez Carreño, dijo que esta revisión podría llevar a imponer cadena perpetua a quien cometa este tipo de delitos, mientras que el panista Rubén Mendoza Ayala se manifestó por instaurar la pena de muerte.
Durante la sesión de ayer en San Lázaro, el tema del robo de menores se llevó hasta la tribuna, y la diputada priísta Irma Chedraui Obeso presentó al pleno un punto de acuerdo, en el que se hace un "atento exhorto" a los gobiernos federal y de los estados, así como a las autoridades encargadas de la procuración de justicia, para que "redoblen" esfuerzos en el combate contra la delincuencia organizada, especialmente en los delitos de secuestro, robo, sustracción ilegal, extravío y tráfico de menores.
A su vez, Sánchez Carreño anunció que se analizan otras medidas para revertir la tendencia creciente de robo de menores en el país, como "federalizar" el delito; crear una fiscalía especial y un fondo de apoyo para las víctimas, y uno más destinado a la prevención de ese delito.
"En este momento no es posible crear esa fiscalía especial, porque la persecución del delito corresponde a las autoridades locales. Por ello vamos a impulsar primero al interior de la comisión una propuesta para federalizarlo y luego crear una instancia que pueda intervenir en cualquier entidad", indicó.
Previamente, un grupo de padres de familia, víctimas del robo de menores, demandaron en la Cámara de Diputados un incremento a las penas que se aplican a los secuestradores y el endurecimiento de la ley para tratar de disuadir esta práctica.
Mencionaron que no existe en el país un registro de los menores raptados, desaparecidos o retenidos ilegalmente, aunque se sabe que entre los meses de enero a agosto sólo en el Distrito Federal se informó sobre 40 mil personas extraviadas, de las cuales sólo aparecen entre 30 o 40 por ciento. De esta cifra, aproximadamente 3 mil 400 son menores de 15 años; 7 mil 800 entre 15 y 19, y de este total, el menor número de recuperaciones es el de los niños.
* Califica de repugnante el crimen contra el bebé Suárez Peredo
Exige la CDHDF una sanción ejemplar para homicidas
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal exigió una sanción ejemplar para las dos personas que secuestraron y dieron muerte al menor Braulio Suárez Peredo, y calificó de "repugnante" el crimen.
"El ser humano es capaz de las más grandes proezas y de los actos más nobles y generosos, pero también de los actos más miserables", indica un pronunciamiento emitido ayer por el ombudsman de la ciudad de México, Luis de la Barreda.
El organismo, cuyo presidente siempre se ha opuesto a la pena de muerte, consideró que el secuestro y el asesinato de un bebé son conductas de lesa humanidad.
Si bien las detenciones de los delincuentes fueron hechas en el estado de México, la CDHDF consideró oportuno dar a conocer su punto de vista, al considerar que quienes lo cometieron se han deshumanizado, y aunque nada restituirá la vida del menor, "es de exigir a las autoridades competentes una sanción ejemplar para los criminales.
Críticas del Centro Pro Juárez
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez condenó el asesinato del niño Braulio Suárez Peredo; no obstante, llamó a reflexionar sobre las implicaciones que tendría aplicar la pena de muerte a los acusados, como lo han solicitado algunos sectores de la sociedad, pues la venganza social no repara el daño sufrido por la familia del menor.
El asesinato del infante "es un hecho reprobable que muestra el nivel de degradación moral al que ha llegado la violencia en nuestra sociedad", expresó el Centro Pro, pero advirtió que el combate al delito y la barbarie mediante otro acto de violencia colocaría a la sociedad en la misma situación de aquellos a quienes se pretende castigar.
Aunque haya un reclamo social amplio, añadió, la pena de muerte nos acercaría más "al imperio de la Ley del Talión, y nos alejaría de la conciencia civilizada que pretendemos para nuestra sociedad". A pesar de la improcedencia de aplicar la pena capital por cuestiones jurídicas, el centro Agustín Pro sugiere tomar en consideración las implicaciones éticas propias de una medida así.
De acuerdo con el organismo, sería lamentable que las exigencias de implantar la pena de muerte tuvieran eco como respuesta a una reacción visceral de la sociedad.
Una medida de esa magnitud añadiría una desgracia más a las ya existentes, la de "reconocernos incapaces de responder de manera civilizada y racional ante esta tragedia", concluyó.
Por otra parte, informó que el grupo de Apoyo a los Pueblos Indígenas, con sede en Bélgica, manifestó su preocupación al presidente Ernesto Zedillo por las amenazas en contra de la abogada Digna Ochoa y otros miembros del organismo.
La ONG belga solicitó al titular del Ejecutivo garantizar la seguridad de Ochoa y ordenar una investigación para encontrar a los responsables del ataque. (Ricardo Olayo y Jorge Cisneros M.)