* Planea acotar y controlar el contacto entre la alta comisionada y la prensa
Prepara el gobierno un escenario propicio para la visita de Robinson
* Estrategia para ''contrarrestar la desinformación y el pesimismo'' que se suele ''propalar''
* Propone acciones para enfrentar las líneas discursivas que sostienen el EZLN y personas afines
Blanche Petrich * Antes, durante y después de la visita a México de Mary Robinson, alta comisionada para los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, el gobierno federal prepara una estrategia para ''contrarrestar la desinformación y el pesimismo'' que se suele ''propalar'' en la opinión pública sobre la ''presunta'' violación de los derechos humanos en territorio nacional, especialmente en Chiapas.
Un anteproyecto de trabajo (cuya copia está en poder de este diario) de la Comisión Intersecretarial para la Atención de los Compromisos Internacionales de México en Materia de Derechos Humanos -en la que participan las secretarías de la Defensa, de Gobernación y de Relaciones Exteriores, y como observadores la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos- propone una serie de acciones para enfrentar lo que llama las ''líneas discursivas'' que sostienen el Ejército Zapatista, representantes de partidos de oposición, organismos no gubernamentales y ''personalidades afines al zapatismo''.
Como ''acción previa'', se contempla la posibilidad de ''reimpulsar'' la difusión de la iniciativa que tomó Diódoro Carrasco, apenas asumido el cargo en Gobernación, para reactivar la negociación entre zapatistas y gobierno en una ''carta abierta al EZLN'', el pasado 7 de septiembre. Se incluye una propuesta para difundir spots televisivos sobre el compromiso gubernamental con los acuerdos de San Andrés Larráinzar.
Y como ejemplo de las ''acciones de coyuntura'' durante la visita, las autoridades se proponen una amplia difusión de las acciones gubernamentales en el terreno de los derechos humanos. Se cita como ejemplo, en la programada visita de Robinson a la sede de la Procuraduría General de la República, tener listo para su entrega el ''Libro Blanco de Acteal'', elaborado por la dependencia a cargo de Jorge Madrazo Cuéllar, en caso de que el tema de la matanza en ese paraje de Chenalhó sea abordado durante el encuentro.
Contrapeso a plumas
El documento de la comisión intersecretarial, fechado el 28 de octubre, prevé que el viaje de la alta comisionada a México originará que en el corto plazo ''grupos y plumas afines'' a las corrientes mencionadas -EZLN, partidos políticos, organismos no gubernamentales (ONG) y personalidades prozapatistas, todos en un solo paquete- se harán presentes ante la opinión pública con el fin de ''crear un clima adverso al gobierno mexicano a través de conferencias de prensa, artículos y algunas otras acciones a nivel nacional, y en particular, en Chiapas''.
Esta instancia, creada hace tres años y actualmente bajo la coordinación de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carmen Moreno, manifiesta especial preocupación por la imagen que reflejen los medios de comunicación sobre el conflicto chiapaneco durante la gira de cuatro días de la comisionada. Y para hacer un contrapeso, planeó hace poco menos de un mes una serie de medidas para acotar y controlar el contacto con la funcionaria de la ONU y la prensa mexicana.
Entre las medidas recomendadas ''durante'' la gira, se planea que en cada uno de los contactos de la comisionada con la prensa esté presente un funcionario de la cancillería o un secretario de Estado, para que el gobierno tenga ''igualdad de condiciones en las pláticas con periodistas''. También se promoverán entrevistas exclusivas en las televisoras en horarios ''triple A'', pero procurando que Robinson ''siempre vaya acompañada por un funcionario de la cancillería que en algún momento pueda intervenir''.
Bajo la sombra de la cancillería
Esta comisión contempló también, en su momento, que la SRE sea la encargada de ''confeccionar'' las reuniones de la prensa con la diplomática para evitar entrevistas de banqueta y garantizar la presencia en todo momento de algún funcionario, ''a fin de contrarrestar la información adversa al gobierno''.
Otra medida propuesta es la de ''concertar con directores y concesionarios de los medios de comunicación'' que previamente a la visita oficial de la diplomática de las Naciones Unidas sean enviados corresponsales a entrevistarla, y que se haga lo mismo después del viaje. Sobre este segundo paso, la idea de las autoridades federales es que el o los periodistas enviados a petición de la comisión intersecretarial aborden a la comisionada en el aeropuerto de destino -que en este caso será en Quito, Ecuador- y le pregunten (ya fuera del país) su impresión sobre la situación en México. De esta forma, en México ''se debe tener conocimiento de las declaraciones para reaccionar''.
Además de las ''acciones de coyuntura'' para controlar los contactos periodísticos de la comisionada ''antes, durante y después'' de su gira, este documento analiza también la estrategia a seguir a más largo plazo (al menos hasta el fin del sexenio). Esta contempla la instrumentación de un vocero oficial y la creación de un órgano informativo de la dependencia que, además de incluir expedientes, boletines y entrevistas con funcionarios, incorpore entrevistas con víctimas de violación de sus derechos, ''y la forma en que fueron resarcidos por la autoridad''.
Se prevé la organización de cursos para periodistas (reporteros y también columnistas, articulistas y conductores) para desarrollar ''especialistas en la materia y que no por desconocimiento u omisión desinformen o malinformen a la población''.
Y finalmente, ''valdría la pena sostener reuniones con plumas afines al gobierno -dice textualmente el documento- para orquestar campañas de información y difusión''. En este punto, se cita al embajador Mario Moya Palencia, articulista de Excélsior.