* El contacto con las ONG, clave de su próxima visita a México
Posible, un encuentro de Mary Robinson con líderes del EZLN
* El gobierno no siempre se apega a la realidad en sus informes ni atiende recomendaciones, dice
Kyra Núñez, corresponsal /I, Ginebra, 21 de noviembre * Un encuentro de la titular del Alto Comisonado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, con los dirigentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) "no está excluido", aunque "hasta ahora no ha habido movimiento de ninguna de las dos partes", aclara a este diario la funcionaria irlandesa.
Para la diplomática, su contacto con los organismos no gubernamentales durante su estadía en el Distrito Federal, Chiapas y Tijuana será la clave de su visita a México: "Quiero servirme de sus ojos y oídos, porque son las ONG las que permiten tener una visión más acuciosa de la realidad. La mayoría de los gobiernos tienden a presentar las situaciones de una manera más positiva. Para mí, ver a las víctimas, oírlas, tomar de primera mano sus realidades es indispensable".
En entrevista exclusiva, la comisionada admite que si bien el gobierno mexicano informa regularmente sobre los pactos en los que participa, "y ello representa puntos a su favor", esos reportes "no siempre corresponden a la realidad ni su gobierno atiende recomendaciones que emiten las instancias de la ONU". Refiere que México tiene instrumentos y leyes muy completas sobre administración de justicia. "Pero lo que me preocupa mucho es que la práctica no corre pareja con esas leyes".
A Robinson le gusta mencionar dos historias que reflejan su compromiso con su cargo como titular del Alto Comisionado y su próximo viaje a México. La primera explica las coincidencias -y con ello las razones de su evidente interés por visitar este país-, porque Irlanda ha sufrido colonialismo, hambruna y pobreza, grandes emigraciones, divisiones políticas y religiosas, es vecino de un país poderoso y negocia un proceso de paz. La segunda invoca el innato sentido común del irlandés en busca de lo que es justo y su experiencia, y cuando, en su afán solidario, tropas de ese país combatieron al lado de los mexicanos contra los británicos.
El mundo reconoce a Robinson -presidenta de Irlanda durante siete años antes de aceptar su actual puesto- como la dirigente que modernizó a su país. Visita México por vez primera y está consciente de llegar a una nación en plena efervescencia:
"Estoy al corriente de las sensibilidades políticas en torno a mi presencia en México. La visita por invitación oficial del gobierno mexicano es una oportunidad de reconocer progresos, pero también discutir con el gobierno y la sociedad civil los temas difíciles, adentrándose, por ejemplo, en la forma como funciona la administración de justicia, porque es una necesidad ver conjuntamente los textos jurídicos y la manera de aplicarlos. Es un privilegio poder tener esa posibilidad como funcionaria de Naciones Unidas."
Indica que durante su visita presentará -como ha hecho en otros países- las recomendaciones públicas de los mandatos temáticos de los comités de pactos y convenios internacionales. "México tiene un buen récord en la presentación de sus informes periódicos a los órganos de los tratados, y un país que acepta esas responsabilidades tiene puntos a su favor. Llevo esas recomendaciones porque no se trata únicamente de lo que el Alto Comisionado dice o hace, sino también que refuerza lo que los relatores especiales y comités de expertos han planteado".
Pero añade que parte de la dificultad en México es que, si bien informa regularmente sobre los pactos en los que participa, sus informes no siempre corresponden a la realidad ni su gobierno atiende recomendaciones. "Para que haya un verdadero diálogo, México debe ir más allá de la mera referencia a los estatutos y dedicarse a la realidad: sobre la forma en que la justicia es administrada, cómo son tratados los detenidos y los presos, cómo confrontar la tortura, la impunidad. En el debate de los derechos humanos ya no es suficiente que los gobiernos adopten estándares nacionales ni que ratifiquen tratados internacionales, sino que deben aplicarlos a nivel nacional, respetar sus obligaciones y acatar las recomendaciones de los comités de pactos y tratados, hechas con base en observaciones bien documentadas. Es tan vital ser parte de la jurisprudencia internacional como implementar sus obligaciones, y en ello es necesaria una mayor persuasión, porque no puede meterse a un gobierno en la cárcel cuando no cumple con sus obligaciones".
La diplomática explica que su visita a México no será un suceso aislado, sino parte de un proceso de vigilancia del progreso del país en materia de derechos. "Quiero estar mejor informada de parte del gobierno y de la sociedad civil y organismos no gubernamentales, e incluso de los ombudsman de la nación, porque es imprescindible la comprensión de los problemas en el terreno; vigilaré muy de cerca su progreso".
-Aparentemente no quedó listo para su firma el programa de cooperación técnico-jurídico, que era uno de los objetivos de este viaje.
-Propondré la firma de un memorándum de intención para enfocar las necesidades e identificar dónde podemos apoyar los esfuerzos nacionales; es un primer paso y significativo para una eventual cooperación técnica, sobre todo en el rubro de la administración de justicia. Es importante que ello sea bien preparado, paso a paso, porque el Alto Comisionado es una oficina pequeña y se encuentra en Ginebra, pero tenemos bastante experiencia en programas de cooperación técnica. Es cierto que cada país es diferente, pero hemos aprendido cómo enfocar cada tema en cada nación de manera acuciosa y reflexionada, así como a servirnos de consultores externos cuando los expertos requeridos no se tienen en la oficina.
-ƑCómo ha trabajado con México como anfitrión en la preparación de esta visita?
-El programa de la visita es resultado de una combinación de propuestas entre el gobierno y el Alto Comisionado. Particularmente, quiero las reuniones con los representantes de la sociedad civil y viajar a Chiapas y a la frontera de Tijuana con Estados Unidos para ver los problemas de migrantes. Quiero encontrarme con todos los representantes de la estructura nacional y no sólo con los funcionarios de gobierno. Si bien en vísperas del periplo latinoamericano la agenda de trabajos en México no ha sido finalizada, tampoco tengo dudas de que mis deseos se cumplan y pueda ser recibida en el Congreso, reunirme con las mujeres indígenas en Acteal, encontrar al obispo Samuel Ruiz y tener una sesión con la Comisión Intersecretarial que trata los derechos humanos. El gobierno está siendo un anfitrión cooperante; me hubiese gustado estar más tiempo, pues México es un país variado y con muchas potencialidades.
-Su etapa en Chiapas es delicada. Llegará a una zona dividida...
-Estoy enterada de las profundas divisiones que existen en Chiapas y de que mi visita es muy corta. Me hubiese gustado visitar otras regiones con problemas similares. Chiapas es un foro especial para remarcar el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, durante un encuentro con todo un abanico de representaciones femeninas, posiblemente el viernes 26, en Acteal. En Chiapas, como espero poder hacerlo en la ciudad de México, quiero reunirme con las ONG y otras instancias. Ciertamente estimularé acciones para cerrar algunas divisiones, pero parte de ese puente debe hacerse con el reconocimiento de que la violencia, de cualquiera de las partes, no es el camino hacia una solución.
"Reconozco que será difícil hablar simplemente de tolerancia. Mi acción es escuchar a todas las partes, con respeto, y tratar de ayudar a promover una mayor voluntad de entendimiento. Escuchar es el comienzo de la tolerancia; si se escucha, se da un paso adelante hacia la comprensión. En Chiapas escucharé muchos y diversos puntos de vista, pero también tenderé un puente para la agenda de los derechos. Voy a México a tener una buena misión de trabajo que englobe todos los campos de derechos humanos y todos los interlocutores. Mi mandato requiere el diálogo con todos los gobiernos y es, ciertamente, muy importante hacerlo, porque éstos son los que tienen la responsabilidad primordial en la causa del respeto.
"Al mismo tiempo, mi experiencia en el terreno político me ha enseñado que escuchar a los ONG nacionales, a las comisiones de derechos humanos, a los expertos en las áreas académicas y profesionales, a la sociedad civil, a las víctimas de violaciones y a sus familiares, me permite redondear las reflexiones en torno a cuáles son en realidad los temas, dónde resulta importante enfocar las acciones, sobre todo cuando se trata de una visita de corta duración.
"Mi visita está planeada igualmente en contacto con los grupos especiales y los comités temáticos. Por ello, en esta ocasión en que el punto confluyente es la administración de la justicia, resulta oportuno y significativo que este viaje haya sido precedido por el de la relatora especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, la abogada Asma Jahangir. Me ocuparé muy directamente sobre la administración de la justicia, porque México tiene instrumentos institucionales y leyes significativas, pero el problema, tal como lo veo y como se me ha informado, es que la práctica no va al parejo y ello me causa gran preocupación."
-ƑQué experiencia le ha parecido grave de sus viajes recientes?
-Fue en Colombia, atendiendo el seminario de los jueces Andinos, en 1997, cuando tuve el impacto directo de la impunidad, cuando los testimonios sobre la seguridad de los individuos y de los defensores de derechos humanos fueron expuestos y examinados a la luz de los sistemas de justicia en países donde existe un gran número de grupos armados muy cercanos al gobierno, del cual reciben apoyo directa o indirectamente. Hubo amenazas serias contra la seguridad de los presentes, y el hecho lamentable es que desde esa fecha algunos han sido víctimas de atentados y perdido la vida.
"La impunidad en América Latina, y no estoy refiriéndome exclusivamente a México, es quizá el problema más grave; aunque existe por doquier, es en esa región donde se da con el impacto más dramático a la causa de los derechos humanos."
* La política gubernamental tuvo sus reveses más serios, según la opinión pública
1998, año crítico en materia de derechos
* Con la visita de Robinson se busca iniciar una verdadera lucha contra los abusos y la impunidad
Kyra Núñez, corresponsal /II y última, Ginebra, 21 de noviembre * Para la opinión pública nacional e internacional, 1998 fue el año en que la política mexicana en materia de derechos humanos tuvo sus reveses más serios.
Luego del estupor y la incredulidad por la revuelta zapatista de enero de 1994, que coincidió con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el enojo y la decepción contra el gobierno de Carlos Salinas de Gortari no pudo ser minimizada ni con la presencia del entonces presidente de México ante el Foro Económico de Davos, en el que inútilmente trató de explicar a un mundo inquieto por los graves acontecimientos la fenomenología del angustiado regalo de Año Nuevo como una "rebelión de izquierdistas preparados en el exterior".
Su torpeza política, y posteriormente la caída del sistema económico, le costó, entre otras cosas, el puesto de director general de la Organización Mundial de Comercio, el cual ya tenía en el bolsillo para su periodo pospresidencial.
En enero de 1994, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos hizo la primera solicitud formal de una inspección a su país, y en el transcurso de los primeros tres meses del conflicto en Chiapas se sucedieron las visitas de delegados de organismos como la Comisión Internacional de Juristas, con lo que se logró, principalmente, que Suiza cancelara el contrato de aviones caza Pilatus, porque estaban siendo utilizados para bombardear y atemorizar a las comunidades indígenas chiapanecas y no como aviones-escuela.
Pero fue hasta 1998 cuando las voces que clamaban la presencia de expertos de la ONU tuvo eco. La sesión de 1998 (marzo y abril) de la Comisión de Derechos Humanos no pudo ya sustraerse a las señales de alarma, aunque todavía muy en privado, entre las delegaciones miembros de ese órgano de Naciones Unidas. Las voces no gubernamentales ofrecieron testimonios fidedignos de la gravedad de los abusos, y la cancillería aumentó en números y jerarquía su equipo de trabajo para reforzar las acciones de una representación diplomática que no se daba abasto para enfrentar la situación.
A esa sesión, en la que no menos de cuatro decenas de voces no gubernamentales se sumaron a algunas delegaciones inquietas, le siguieron la declaración del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la resolución de la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías.
Y en agosto de ese mismo año apareció el informe de Erika Daez, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas (cargo que ocupa desde 1982), en el que categórigamente afirmó que "Turquía, México y Chipre son los tres países donde ocurren las situaciones más serias de violaciones". A fines de 98, y a pesar de las críticas, presiones y rumores, Daez mantuvo su posición porque "no ha cambiado la situación; la Ofensiva para una Paz Digna en Chiapas, tan alabada por el gobierno y en la cual creímos, no se ha hecho en ningún momento realidad".
La historia evoluciona
Si en los 80 y principios de los 90 el campo de derechos humanos en México era del interés de algunas organizaciones, Amnistía Internacional sobre todo, a partir de 1994 el mundo reacciona y muchos personajes también, se crean organismos y el dinero fluye para financiarlos.
Otras instancias de Naciones Unidas intervinieron, algunas de manera políticamente incorrecta, como el ACNUR, que incitó en 1998 a un desalojo comunal de simpatizantes zapatistas por parte de militares para liberar a refugiados detenidos. Y la OIT retomó con fuerza inusitada su demanda de respeto al Convenio 169 sobre trabajadores indígenas y campesinos.
A fin de cuentas, la desconfianza contra el gobierno se unificó. Según la opinión de una fuente política, presente en la última reunión del Comité de Derechos Humanos, "México se ha caracterizado por recibir las observaciones y las recomendaciones que emiten los comités temáticos y los relatores especiales en todos los foros, pero actúa en el sentido opuesto".
En ese entonces no eran sólo las voces no gubernamentales las que clamaban por la visita de Mary Robinson, titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sino también los relatores especiales y los comités temáticos.
Robinson lanzó en julio de 1998 lo que hoy es visto como una ofensiva diplomática: sin invitación oficial, no viajaría a México. Luego de no menos de una docena de reuniones oficiales e informarles entre las dos partes, el 22 de septiembre del año pasado, la secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, extendió la invitación a Robinson durante un encuentro en Nueva York; la formalización de la visita por parte del gobierno se produjo casi un año después.
Presiones diplomáticas
México ha pasado por una evolución tan dramática como la de la propia sociedad civil. Para nadie es extraño que antes de 1994 la cultura en derechos humanos era incipiente: ni la sociedad civil ni el gobierno tenían políticas y órganos apropiados. La representación de México ante la Comisión de Derechos Humanos se distinguió, precisamente hasta 1993, por un rol de liderazgo decidido en causas de otros países: Cuba, Chile y Guatemala, por citar algunos en la región, y bajo la batuta del embajador Claude Heller tuvo una participación decidida e incisiva en la reunión sobre derechos humanos en Viena, donde fue adoptada la nueva estructura del actual Alto Comisionado.
A partir de entonces, México se ha abocado, en el campo de los derechos humanos, a lo que millones de sus ciudadanos hacen cada vez que hay elecciones en ese país: abstenerse de votar o de fijar posición por sufragio.
Observadores internacionales consideran esos actos como una "presión diplomática". Así, el abstenerse de votar resoluciones contra Cuba, China, Yugoslavia, Kosovo o Timor Oriental puede ser contado como no-votos si algún día México intenta ser puesto como país-caso.
Sin embargo, el arsenal informativo con que cuenta el Alto Comisionado de la ONU proviene no sólo de las denuncias, sino de las observaciones y recomendaciones que emiten los órganos encargados de la puesta en marcha de los pactos o convenios internacionales.
En este caso, la coincidencia de observaciones y recomendaciones de antes y después de 1994 por los comités de la ONU no ha variado: existen violaciones graves en México y el gobierno debe hacer más por aliviar la problemática y acabar con la dicotomía entre lo que dice y lo que hace. A la ya tradicional observación de todos se suma la emitida el 16 de julio de 1999 por el comité que vigila la aplicación de los derechos civiles y políticos: se mantiene el espacio entre la terminología legislativa y la realidad.
Las recomendaciones tienen el mismo tenor: el gobierno y sus autoridades deben actuar contra la impunidad, por la eficiencia de la administración de la justicia, por equilibrar la independencia de la justicia castrence con la jurisprudencia nacional y terminar con la militarización.
México no niega que existen abusos, pero reitera que son delitos que se tratan de acuerdo con leyes nacionales. Insiste también en destacar planes, estrategias, ofensivas, reformas constitucionales y legislativas para prevenir la ocurrencia de los delitos. Sin embargo, el mensaje no pasa y los expertos mantienen sus observaciones y preocupaciones.
"Ello se debe -trató de explicar recientemente el embajador Miguel Angel Félix González, al término del debate en el seno del Comité de Derechos Humanos, el 16 de julio- a que los comités actúan, en Europa, para un público occidental que considera que los tratados, pactos o convenios internacionales son de carácter supranacional y no entienden que en México no es el mismo caso."
Pero ante la intensa presión internacional, en 1998 México aceptó finalmente ser sujeto de examen en los temas demandados con más urgencia, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Entre 1998 y 1999, cuatro relatores se han apersonado en el país, y los informes ya publicados -excepto el de ejecuciones- han demostrado la ocurrencia, impune, de las violaciones.
Aun así, México sigue siendo un actor de importancia en la arena internacional. La reacción del único órgano mundial de vigilancia, prevención y promoción de derechos humanos no ha conllevado una resolución sobre México, en parte por las presiones que maneja la diplomacia nacional, pero también porque, si bien delegaciones de los 53 miembros que sesionan anualmente consideran el tema "preocupante" -Unión Europea, Alemania, Francia e incluso Estados Unidos-, ninguna está, por ahora, dispuesta a patrocinar una resolución contra México o a solicitar la designación de un relator especial, dijo recientemente Erika Daez. Robinson, por su parte, lo ha dejado claro: la comisión es la única facultada para actuar en México.
La ONU, aliado perfecto
Ante los males de México, hay una tabla salvadora: el carisma que aún ejerce en el mundo. Por ello, al interior de muchos organismos institucionales y no gubernamentales existe la tendencia de apoyar la salvedad de un mecanismo que le permita aliviarse de sus males con el entendimiento de que Naciones Unidas, en el campo de la promoción de los derechos humanos, es aliado ideal de cualquier país.
Para quienes aún se quejan de la lentitud de respuesta que Naciones Unidas tuvo respecto al caso de Chiapas y de México, esas mismas fuentes pretextan que la prudencia es sine qua non en el campo de los derechos humanos, y consideran que nunca es muy tarde para iniciar una lucha verdadera contra las violaciones.
La visita de Mary Robinson tiene ese objetivo, y fuentes diplomáticas mexicanas sugieren que el programa de cooperación sería "de bajo perfil y administrado por el PNUD", para apoyo en las áreas técnico-jurídica, política, seguridad pública e impunidad.
Fuentes de la ONU adelantaron que México tienen recursos humanos y financieros para llevarlo a cabo, y que el Alto Comisionado no lo ejecutará, sino que ofrecerá el know-how en lo que ya tiene experiencia.