* Firma Menem decretos "de último momento"
Se tambalea en Argentina la transición democrática ordenada
* Planean marcha en repudio a los despidos que plantea De la Rúa
Stella Calloni, corresponsal /I, Buenos Aires, 21 de noviembre * La idea de una transición democrática ordenada comenzó a venirse abajo rápidamente en Argentina al salir a la luz el campo minado y lleno de trampas que el gobierno del presidente Carlos Menem, tras 10 años en el poder, está dejando a su sucesor que asumirá el próximo 10 de diciembre.
En los últimos días, Menem no ha vacilado en firmar decretos y tomar medidas de último momento, como nombramientos masivos de funcionarios en organismos estatales y descentralizados, incluyendo nueve embajadores, mientras reparte dinero a manos llenas entre sindicalistas-empresarios, amigos y provincias.
El caso de La Rioja, de donde es oriundo Menem, es paradigmático: el gobierno incluyó un artículo en el polémico presupuesto del 2000 donde se ratifica un decreto que dispone ayuda adicional de 250 millones de pesos (igual en dólares) para esa provincia.
Provincia que recibe además "en concepto de parte no reintegrable", 145 millones de pesos, a los que se agregan asignaciones de valores del Tesoro Nacional que este año treparon a 105 millones, y otros 25 millones de dólares anuales que se utilizan en escandalosas jubilaciones de privilegio a empleados que no pasan los 40 años de edad.
Por otra parte, el proyecto de presupuesto que los justicialistas (oficialismo) quieren aprobar dejaría afuera a unos 17 mil empleados públicos. La opositora Central Argentina de Trabajadores (CTA) planea una marcha con otros gremios para repudiar cualquier despido masivo y también el presupuesto que intenta imponer el gobernante Partido Justicialista (neoperonista) para el 2000, gracias a la mayoría en el Congreso.
Pero Menem viene de firmar el decreto más original: el que dispone correo electrónico gratuito para todos los usuarios, en un país donde sólo accede a la red una minoría. La medida traslada al privatizado Correo Argentino el montaje de la red necesaria para poner en marcha la medida, cuyo costo se desconoce.
Repudio a los "ajustes"
En tanto, la menemista Confederación General del Trabajo (CGT), cuyos dirigentes aceptaron todas las leyes de flexibilización laboral y la eliminación de las conquistas laborales del peronismo al que dicen pertenecer, ya amenaza con protestas por si el nuevo gobierno impone "ajustes". La CGT fue clave en la desestabilización del gobierno del presidente Raúl Alfonsín, a quien en 1983 le correspondió comenzar el tránsito de la dictadura hacia la democracia, y realizó en su contra grandes huelgas que, sin embargo, no se repitieron en los 10 años de Menem pese a los continuos ajustes.
Por lo pronto, una juez interpuso un impedimento para que se entregaran 369 millones de dólares anuales a la CGT para control de las obras sociales, como había ordenado Menem. "ƑPor qué no se pagó a las obras sociales y se acumuló esta deuda para dejársela como presente al próximo gobierno, y de paso asegurarse la lealtad de la directiva acusada de corrupción?", se preguntan los analistas políticos.
Muestra de lo que le espera al gobierno de la Alianza (socialdemócrata Unión Cívica Radical centroizquierdista Frente País Solidario) es la advertencia del dirigente sindical de Comercio, Armando Cavallieri, quien ya mostró los dientes al presidente electo Fernando de la Rúa al decirle que "no se aceptará ningún ajuste", aunque él mismo no dijo nada sobre la quiebra de miles de pequeños comercios y las condiciones de trabajo esclavo de una mayoría de los afiliados a su gremio, sujetos a tratos discriminatorios, vejaciones y despidos injustificados, en los grandes centros comerciales e hipermercados que surgieron en la era Menem.
Como si esto fuera poco, el presupuesto augura un déficit fiscal que en el 2000 rondará los 10 mil millones de dólares para un país en crisis y con poderes construidos en el nebuloso límite de corrupción y mafias.
En otra maniobra que traerá dificultades al nuevo gobierno, el actual vicepresidente y gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, acaba de incorporar mediante un decreto a la planta permanente del Senado a 80 empleados, lo que representa una erogación de unos dos millones de dólares anuales.
Como si esto fuera poco, el justicialismo se niega a dejar la presidencia del Senado, que correspondería al nuevo gobierno, e intenta alzarse con la banca que deja el gobernador electo aliancista de San Juan, en otra maniobra similar a la ilegal inclusión de dos senadores justicialistas a los que nunca correspondieron esas bancas.
"Menem quiere irse dominando el Congreso, la mayoría de los gobiernos provinciales, el movimiento justicialista, a cuya presidencia accedió en maniobras ilegales convalidadas por la Corte; controlando, mediante socios o testaferros, diversas instituciones estatales privatizadas. El mismo proceso de privatización está teñido por indicios de corrupción", advierten los analistas locales.
Ante esta situación, desde la Alianza el diputado Rodolfo Terragno, quien es señalado como futuro jefe de gabinete, sostiene que el déficit que contiene el presupuesto del justicialismo es " dibujado", y que "si hay que tomar medidas excepcionales, éstas tienen que ser adoptadas por la legislatura, es una responsabilidad del actual Congreso", que tiene mayoría justicialista.