Abraham Nuncio
Dolores y el capitalismo delictivo
La diputada Dolores Padierna advirtió en el informe Mackey préstamos irregulares otorgados por Banca Confía por más de 8 mil millones de pesos. De esta cantidad, casi 2 mil millones fueron destinados a las empresas propiedad de los miembros de su consejo de administración, entre ellas, al Grupo IMSA, del que es accionista Fernando Canales Clariond, actual gobernador de Nuevo León.
Dolores Padierna mostró en Monterrey documentos, tanto del informe Mackey como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los que Fernando Canales autorizó, con su firma, prestamos a Aba Turismo Inmuebles, empresa del grupo Abaco-Confía en la que tuvo participación destacada como accionista. El 79.8 por ciento (107 mil millones 283 mil pesos) fueron canalizados al Grupo IMSA. Presuntamente, tal cantidad y otras cuyo monto asciende a cerca de 80 mil millones de pesos (la suma puede llegar a 100 mil millones cuando aparezcan los créditos ocultos en diversas instituciones de crédito) fueron a parar a la panza del Moby Dick que para los mexicanos nos resultó el Fobaproa. Canales Clariond tachó de refritos los argumentos de la legisladora, y afirmó que ni en el informe Mackey ni en el libro de Andrés Manuel López Obrador, Fobaproa: expediente abierto ni en el CD-ROM adjunto aparece su nombre. Mencionó también que la CNBV le proporcionó el documento titulado Opinión de delito, en el cual se le deslinda de cualquier irregularidad.
Son dos versiones encontradas cuya verdad jurídica pudiera ser establecida por un poder judicial si en México éste fuese autónomo y si, a final de cuentas, viviéramos en un pleno estado de derecho. No siendo así, cada uno tiene que conformarse con la versión que le parezca más próxima a la realidad.
Los ciudadanos, a quienes se les escamotea información que es pública (el secreto bancario deja de tener sustento legal aquí y en Suiza cuando el manejo de los fondos es ilícito y aun irregular), tenemos derecho a la conjetura. En todo caso, el problema es de fama pública. Muchos que han lanzado acusaciones en contra de la aparente colusión entre los grandes empresarios y el Ejecutivo nacional en perjuicio de la mayoría de los mexicanos, creo que estarían dispuestos a retractarse si se demuestra fehacientemente que no es verdad que los banqueros y sus aliados dentro y fuera del aparato gubernamental incurrieron en enriquecimiento inexplicable. Enriquecimiento en gran medida proporcional a la pobreza extrema en que vive más de un tercio de la población.
La élite industrial y bancaria de México, aparte de la cornucopia de privilegios que le obsequió el Estado, incurrió en delitos de los que Cabal Peniche, Lankenau y El Divino son apenas una módica muestra.
Por una parte, el Estado decidió proteger al sector de la economía vinculado a la exportación a costa de los demás sectores (el campo, la pequeña y mediana industrias, la clase media y demás estratos de menores ingresos); por la otra, le entregó a esa élite recursos que eran de toda la nación y le permitió que abusaran de su manejo.
Los préstamos relacionados (autopréstamos) fueron efectuados no sólo por Confía sino por la banca en general. Los banqueros aprovecharon la privatización del sistema financiero, omitieron los requisitos establecidos por la ley y aquellos que marca la CNBV, actuaron con la discrecionalidad que le reprocharon a López Portillo cuando les suspendió la concesión y destruyeron el papel de intermediación que debe tener la banca. Contaron, en todo momento, con la tolerancia del Presidente de la República y sus familiares.
Lo que diversas instituciones extranjeras han puesto en claro --a diferencia de las mexicanas-- es el pillaje de cuello blanco solapado por Carlos Salinas. El requería cómplices y en Slim y otros los encontró para apoderarse de vastas riquezas públicas. Ahora mismo, el Citibank, la institución bancaria que se quedó con Confía y la que le otorgó una carta al gobernador Canales señalando que él no era acreditado suyo para relevarlo de responsabilidad respecto a las imputaciones que le hace la diputada Padierna, es objeto de cuestionamiento ante el Senado de Estados Unidos por el lavado del dinero (cien millones de dólares) que Raúl Salinas de Gortari transfirió a Nueva York, Londres y Suiza.
Del todo razonable es la duda de quienes pensamos que no fue ni con su trabajo ni talento para los negocios que unos cuantos individuos hayan concentrado en muy poco tiempo fortunas aplastantes. Tan aplastantes que pueden desestabilizar al gobierno --debilitado económica y moralmente como ésta-- cuando se les pegue la gana, para no hablar de presionarlo políticamente, según la orientación que crean más conveniente a sus intereses.
En México se produjo no un régimen neoliberal basado en la competencia, sino un fenómeno de corrupción y delincuencia impune, ya que en su incubadora se coludieron los gobernantes con los hombres de negocios para sostener (mediante el simulado pase de charola) al gobierno priísta. El nuestro es, en lo fundamental, un capitalismo delictivo y lo que Dolores Padierna ha alcanzado a ver es apenas, como se ha dicho, un centímetro del pico del iceberg.