Ť El presunto delincuente sería compañero de los primeros; un muerto
Judiciales y preventivos se disputan a balazos a un detenido
Policías judiciales del Distrito Federal y preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública se disputaron a balazos a un detenido, presuntamente agente judicial, luego de una persecución, en la que murió un uniformado al chocar su patrulla con un poste de concreto.
Los hechos ocurrieron la madrugada del lunes, alrededor de las 00:30 horas, luego de que policías preventivos a bordo de la patrulla 03669 detectaron en Eje Central y Manuel González, en Peralvillo, un vehículo Stratus, color gris, con placas de circulación 771HVM, a bordo del cual se encontraban dos sujetos, que estaban cometiendo algunos atracos en la zona.
Al notar la presencia de la patrulla, los dos sujetos comenzaron a disparar contra los policías, por lo que solicitaron refuerzos. A la persecución se incorporaron cuatro unidades más del sector Morelos, ocho de Tepeyac y cuatro de Aragón.
A la altura Ferrocarril Hidalgo y Cobre, colonia Felipe Pescador, la patrulla 03105 se estrelló contra un poste de concreto, resultando lesionados los policías José Luis Quiroz Hernández, placa 980828, y Rosalía Sánchez Sánchez, placa 981928, quienes fueron trasladados de emergencia al hospital Mocel a bordo de una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Al lugar del accidente se presentó también personal del Cuerpo de Bomberos, debido a que los dos policías quedaron prensados dentro del vehículo.
Minutos antes de las 2:00 se notificó en el hospital Mocel de la muerte de Rosalía Sánchez, después de dos paros cardiacos y a consecuencia de las lesiones.
Los dos presuntos asaltantes abandonaron el vehículo en el cruce de Canal de Norte y Boleo, colonia Nicolás Bravo, delegación Venustiano Carranza, pero uno de ellos, quien dijo llamarse Jaime Alfonso Sánchez Martínez, fue detenido por uniformados de la patrulla 03073, de la SSP.
En el momento de la aprehensión llegaron también las patrullas 1443 y 1419 de la Policía Judicial del Distrito Federal, y los agentes judiciales exigieron a los preventivos la entrega del detenido para hacer la remisión, pero los uniformados se opusieron y comenzaron a discutir, luego sacaron las armas y comenzó la balacera.
El policía Amado Delgado González resultó lesionado de un rozón de bala en la frente, y con el fin de evitar que la disputa pasara a mayores y una vez que se calmaron los ánimos, los uniformados accedieron a entregar al detenido, pero siguieron en sus patrullas a las unidades de la PGJDF hasta la agencia 51 del Ministerio Público.
Sin embargo, posteriormente el detenido fue sacado del lugar y trasladado a la tercera agencia, donde fue llevada también la patrulla accidentada.
Hasta ese lugar se trasladaron también varias unidades de la policía capitalina; sin embargo, por radio se les ordenó que se retiraran a fin de evitar fricciones con los agentes judiciales.
Posteriormente, la SSP informó que el vehículo involucrado está a nombre de Mariano Emiliano Fernández Moro, con domicilio en Taimailal 94, colonia Fraccionamiento Los Cedros, delegación Coyoacán, sin reporte de robo.
En tanto, la PGJDF informó que por la muerte de la policía se inició en la agencia 11 del Ministerio Público la averiguación previa 11/1702/99 por el delito de homicidio por tránsito vehicular, en contra de una persona que dijo llamarse Gerónimo Sánchez Martínez. Angel Bolaños Sánchez
Ť Los chalecos blindados que portan no cumplen requisitos de protección
En riesgo, 9 mil policías de la SSP: Soto
Ť Fueron adquiridos por la administración de Espinosa Villarreal Ť Considera un fraude su compra
Raúl Llanos Samaniego * El vicepresidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa, Víctor Manuel Soto Camacho, sostuvo que la vida de 9 mil agentes de la policía preventiva corre un grave riesgo diariamente, pues portan chalecos antibala que fueron adquiridos en la administración de Oscar Espinosa Villarreal y no cumplen con los requerimientos necesarios para soportar, en determinadas condiciones, disparos de pistola calibre 22.
En conferencia de prensa, el legislador perredista mencionó que esos aditamentos para los uniformados fueron adquiridos con la empresa francesa RBR LTD, la cual los fabricó con material menos resistente del que exige un chaleco policiaco, que lo hace fácilmente vulnerable por armas calibre 9 milímetros o Magnum .357. Su costo resultó inferior al que normalmente tienen, que es de 300 dólares.
"Estamos frente a un gran fraude cometido por la administración pasada, la que prefirió ignorar la sustitución de uno por otro material. Pero los efectos de su ambición son todavía más graves, porque ha resultado en la muerte de un indeterminado número de policías, quienes creyeron estar bien protegidos contra algunas de las armas de fuego más potentes", indicó.
"ƑCuánto pagaron Espinosa Villarreal y (Tomás) Salgado Cordero para hacer esa compra de chalecos matapolicías? ƑCómo se le puede llamar a lo que hicieron esos funcionarios?", preguntó el diputado local, quien comentó que el material utilizado no sólo es menor al requerido, sino que al ser mojados pierden más resistencia.
Manifestó que desconoce si la administración de esta ciudad está enterada de la situación, pero a él han acudido varios uniformados para denunciar que son nueve mil policías los que a diario portan dicha vestimenta de protección, y que de presentarse una balacera estarían en una situación difícil.
Añadió que debido a la falta de presupuesto ha sido complejo sustituir esos equipos, pues la pasada administración dejó fuertes problemas en cuanto infraestructura. "Tenemos vehículos que son chatarras, armas que son reliquias, y ahora estos chalecos matapolicías".
Destacó que por lo pronto hará del conocimiento de la Contraloría General del Distrito Federal dicha anomalía para que se investigue y sea esa instancia la que determine si hubo fraude o malversación de fondos, ya que debieron erogarse aproximadamente 2 millones de pesos para la adquisición de esas nueve mil piezas.
Por lo que hace a la Secretaría de Seguridad Pública, confió en que presente una denuncia de hechos ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal para que se tipifique el o los delitos en que se habría incurrido.
Explicó que están a tiempo de que se finquen responsabilidades, pues no han pasado los cinco años para que prescriba la irregularidad.