Mariclaire Acosta
Oportunidad histórica

Ultimamente los derechos humanos han tenido un lugar preponderante en el debate público. Es previsible que en los próximos días tengan mayor publicidad. No es para menos, es un asunto sensible para este gobierno. La visita a nuestro país de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Mary Robinson, ha provocado un despliegue de actividad en la materia, de parte del gobierno como de la sociedad civil.

El gobierno federal debe convencernos de su compromiso con el respeto y la vigencia plena de estos derechos. La maquinaria oficial funciona a todo vapor. Primero fue la designación del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ųproducto de una reforma constitucional previamente aletargada en el Senadoų para dotar de mayor autonomía a esa institución. Inmediatamente después, se instrumentó un apretado calendario de reuniones entre diversas organizaciones de la sociedad civil y las dependencias gubernamentales integrantes de la Comisión Intersecretarial para la Atención de los Compromisos Internacionales de México en Materia de Derechos Humanos, coordinadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Una de estas reuniones, realizada en la Secretaría de Gobernación, fue ampliamente publicitada por la propia dependencia. Al poco tiempo, el presidente Zedillo y la canciller aprovecharon la Cumbre Iberoamericana para, inusitadamente, hacer patente su devoción por los derechos humanos.

La intención original del viaje de la alta comisionada era establecer un convenio de asistencia técnica con el fin de auxiliar al gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en derechos humanos, después de un diagnóstico in situ realizado por un grupo de expertos. El gobierno no aceptó, y el convenio ha sido sustituido por la firma de un ''memorándum de intención'' que podrá significar la negociación de algún tipo de asistencia técnica. El resultado es previsible y ha sido anunciado, informalmente, por la propia cancillería; lo más probable es que las Naciones Unidas cooperen en la capacitación técnica en derechos humanos, o en actividades de promoción de éstos. Hasta ahora no parece haber la intención de incluir ninguna medida de fondo, que promueva las reformas legales e institucionales que tanto necesitamos y que forman parte del paquete de asistencia técnica que ofrece el alto comisionado. Seguramente tampoco se aceptará ofrecimiento de ayuda alguna para que el gobierno instrumente las numerosas recomendaciones emitidas por los organismos internacionales incumplidas.

En realidad, el gobierno ya tiene fijada su estrategia en materia de derechos humanos desde hace casi un año, y seguramente le planteará al alto comisionado algún tipo de convenio para llevarla a cabo. Ya lo hizo con las organizaciones civiles, a quienes ha propuesto la cooperación en una agenda conjunta, aún desdibujada, pero que sin duda pretende enmarcar en su Programa Nacional de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos, presentado en Tlatelolco en diciembre del año pasado por el entonces secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.

En el discurso de presentación, el entonces secretario de Gobernación definió como propósito fundamental de dicho programa ''consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos, mediante el fortalecimiento de los mecanismos institucionales y la erradicación de la impunidad por lo que toca a procuración de justicia''. Lo describió como un programa que ''... articula recursos y esfuerzos interinstitucionales y más importante aún, promueve la participación de la sociedad civil y de las organizaciones sociales que ya participan en la promoción del respeto a los derechos humanos''.

En realidad, el programa se propone realizar un conjunto de acciones de capacitación y promoción, combinadas con iniciativas, vagas, para abatir la corrupción en las corporaciones policiales y erradicar prácticas tan nocivas como la tortura, la extorsión, los procedimientos ilegales y la impunidad. También prevé la dotación de servicios de salud a víctimas de estos abusos, y el pago de pensiones o indemnizaciones a los familiares de los desaparecidos, sin que ello implique la obligación de esclarecer su paradero. En suma, un catálogo de variadas intenciones, sin mucha coherencia interna, ni mecanismos concretos de operación, verificación y seguimiento.

La sociedad civil, ponderada en el discurso, no fue consultada ni tomada en cuenta en la elaboración del programa. Se le invitó a dialogar en vísperas de la visita de la alta comisionada.

En los próximos días vislumbraremos el desenlace de esta visita. Dependerá en mucho de que la sociedad civil pueda efectivamente manifestarle al alto comisionado su punto de vista sobre las necesidades del país en materia de cooperación de las Naciones Unidas, y de que el gobierno acepte el concurso de las organizaciones civiles para plantear las medidas profundas que requerimos para enfrentar con solvencia la inminente crisis de derechos humanos producida por décadas de negligencia y disimulo.

Tenemos una oportunidad histórica para resolverla. Hay que aprovecharla con responsabilidad.