Bernardo Bátiz Vázquez
De jubilaciones y pensiones

Con la valiente y directa denuncia del diputado Marcelo Ebrard, literalmente en las barbas del secretario de Hacienda, José Angel Gurría, se desató una pequeña tormenta de señalamientos y evasivas alrededor de un tema que pareciera en estos momentos muy secundario y lateral de las grandes cuestiones nacionales, pero en realidad no lo es.

Se trató, como ya muchos lo saben, de la denuncia pública de que hace algunos años el titular de Hacienda, cuando dejó de trabajar en Nacional Financiera, estando en la plenitud del vigor y de la vida productiva, se "jubiló" con una pensión que es hoy de más de 80 mil pesos, los cuales, sumados a su sueldo de secretario de Estado, a decir del joven diputado denunciante, acumulan una cantidad superior a la de cualquier otro funcionario público (suponiendo que los demás no estén también jubilados) y equivalente a cerca de 200 salarios mínimos.

La respuesta al señalamiento del diputado, que no se dio inmediatamente, sino posteriormente y por voceros de la secretaría, fue encaminada a convencer a la opinión pública de que la jubilación se hizo de acuerdo con la ley y que no hay por tanto ningún acto indebido, ilegal o merecedor de una sanción por parte de la autoridad.

En el fondo del asunto, no se trata de legalidad o ilegalidad, sino de justicia y sensibilidad social; el problema es que en una sociedad bien organizada, en donde impere la justicia y la equidad, no puede haber un funcionario público, por muy importantes que sean los servicios que presta a la sociedad, que gane sumas tan elevadas y que además se encuentre simultáneamente disfrutando de una pensión de jubilación; esto es especialmente grave si comparamos las ventajas de uno de estos jubilados de primera con la situación de los jubilados comunes y corrientes, que tienen que hacer largas colas, frecuentemente en oficinas incómodas, a veces en sótanos o estacionamientos de los institutos de seguridad pública, para cobrar irrisorias cantidades que no alcanzan para comer.

Mal funciona una comunidad cuando sus ancianos y discapacitados no disfrutan de ingresos decorosos que se ganaron con su esfuerzo durante su vida de trabajo, pero es un signo de mayor descomposición social el que algún privilegiado reciba el equivalente a los ingresos de un ciento de sus conciudadanos.

Jubilar, dice el diccionario, es eximir del servicio a un empleado o funcionario por motivo de ancianidad o enfermedad, por supuesto, conservando el jubilado sus ingresos o la mayor parte de ellos. La palabra tiene relación por sus raíces, con el concepto de júbilo o de alegría, pues se piensa que quien ha trabajado toda su vida y ya no puede hacerlo estará jubiloso y contento de poder seguir subsistiendo a un nivel similar al que alcanzó en su vida útil y productiva, sin necesidad de seguir acudiendo a su centro de trabajo y sin tener que realizar ninguna faena.

Pero, Ƒqué justificación puede tener el que una persona, en la madurez de la edad y en la plenitud de sus facultades físicas y mentales, reciba una jubilación y que ésta sea tan elevada? No hay una respuesta a la anterior interrogante. El caso señalado por el diputado Ebrard sólo es un ejemplo de cómo la familia feliz, que se encuentra en el poder desde hace varias décadas, dispone y disfruta de los recursos del trabajo de todos como si fueran propios, es un botón de muestra de la prepotencia, de la falta de sentido de la justicia y de la insensibilidad social de quienes gobiernan este país.

Es cierto que se discutía el presupuesto de la nación y no los ingresos del secretario de Hacienda, pero sin duda alguna fue muy pertinente señalar ante el pleno de la representación nacional alguna información que debemos saber los gobernados acerca de quien maneja los dineros públicos.