Policías, jueces y peritos, los destinatarios
Manual pro derechos de la mujer
Bertha Teresa Ramírez Ť El manual El cuerpo del delito: los derechos humanos de las mujeres en la justicia social, dirigido a policías, agentes del Ministerio Público, peritos y jueces en el ámbito de la justicia social, será presentado por Mary Robinson, titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas en la materia.
El documento representa apoyo al Programa de Capacitación y Sensibilización sobre los Derechos Humanos y el Combate a la Violencia hacia las Mujeres, que llevan a cabo el Fondo de Desarrollo Social de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem) y la Comisión Nacional respectiva.
El manual es parte de una campaña piloto a nivel internacional para sensibilizar a los funcionarios públicos en el sistema de justicia penal, señaló la coordinadora del proyecto de capacitación para servidores públicos del sistema de justicia de Unifem, Patricia Olamendi Torres.
Uno de los objetivos es demostrar con hechos y apoyo en la ley, las violaciones a los derechos humanos de las que aún son víctimas mujeres, así como los prejuicios y los mitos contra ese género que influyen significativamente en el actuar del servidor público al investigar o aplicar la ley, hecho que pone de manifiesto que todavía hay mucho por hacer en materia legislativa para eliminar todo vestigio de discriminación.
Olamendi añadió que nunca más por omisión, juicios inquisitorios o discriminación de policías, agentes del MP o jueces, deben suscitarse crímenes como el de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez o en la colonia La Malinche del DF, en donde jóvenes que aun a pesar de haber sido reportadas como desaparecidas o tras ser secuestradas, perdieron la vida a causa de la negligencia de servidores que debieron indagar esas desapariciones y no lo hicieron.
En México la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres ha enfrentado obstáculos e incomprensiones; sin embargo, gracias al movimiento amplio de ese grupo, fue posible ratificar los instrumentos internacionales y reformas legislativas, como las logradas en 1989 en el Código Penal capitalino, para los llamados delitos sexuales, hoy conocidos como "contra la integridad y el normal desarrollo psicosexual". En ese caso, por primera vez se reconoció que la violencia sexual daña la integridad física, psíquica y la libertad sexual, señaló.
Otro avance legislativo medular lo constituyó la desaparición de los calificativos de "honestidad y castidad", como requistos que debía cumplir una mujer que se considerara sexualmente agredida.
De esa manera, el Ministerio Público o el juez, según "su real saber y entender", podían desechar una denuncia o un proceso si consideraban que la agredida no cubría tales características. La lucha no ha sido fácil, la desaparición de estos preceptos motivó acalorados debates no sólo en el ámbito legislativo, sino también en la academia.
Como un reflejo de esa visión opuesta al cambio, el doctor Raúl Carrancá, catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM, calificó de "absurda" la reforma, por considerar que quitó los elementos normativos para la valoración cultural a cargo del juez, es decir, la castidad y la honestidad. "šQué bien se ve que este texto fue reformado por algunos legisladores (la propuesta de reforma había sido formulada por las mujeres legisladoras) con enormes prejuicios morales y sociales, o mejor dicho, amorales y de sexualidad torcida".
A pesar de que argumentos como el anterior ya no orientan la acción de los servidores públicos, y de que la mayoría de las legislaciones estatales han ido avanzado al eliminar estas características al retomar las demandas para que las mujeres y los menores reciban un trato humanitario, digno y libre de humillaciones del sistema judicial, el procedimiento penal en el caso de violación suele ser difícil para las víctimas, dado que enfrentan múltiples interrogatorios, identificaciones y confrontaciones con el agresor, así como revisiones médicas cuyo efecto hace que el suceso siga vigente en su memoria, señaló la entrevistada.
Dijo que si algo ha caracterizado a nuestro sistema de justicia penal es la impunidad, pero esta situación se agrava en el caso femenino, porque además se tienen que enfrentar actitudes negligentes o discriminatorias por el solo hecho de ser mujer.
Muestra de esa forma de proceder son los homicidios contra adolescentes en Ciudad Juárez, Chihuahua, que no recibieron en su momento la atención requerida por parte de las autoridades a pesar de la magnitud de los sucesos. Se trataba de mujeres pobres en su mayoría.
Este caso demuestra que a pesar de todo el esfuerzo internacional y nacional las mujeres aún no merecen del sistema de justicia un trato humanitario y libre de prejuicios, concluyó Olamendi.