Ť Senadores analizarán ley que desmilitarizó para pláticas una vasta zona
Estudian iniciativa para perseguir en caliente a rebeldes colombianos
Ť El área de distensión sirve para entrenar guerrilleros y preparar ataques y secuestros, acusan
Dpa, Afp, Ap y Reuters, Santafé de Bogotá, 23 de noviembre Ť Un grupo de senadores colombianos se dispone a analizar la ley que permitió la desmilitarización de una amplia zona del sur del país, donde se celebran las pláticas de paz, y una iniciativa para la "persecución en caliente" de la guerrilla en la citada zona neutral.
Ante la ofensiva de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de la semana pasada contra 13 poblados de siete departamentos, los legisladores analizarán una serie de iniciativas que presentarán en el marco de la discusión de la ley de orden público y que se caracterizarán por su endurecimiento.
"Estamos interpretando a la ciudadanía, que ha manifestado serios reparos al funcionamiento del área de distensión", de unos 42 mil kilómetros cuadrados bajo dominio de las FARC desde hace un año, señaló la senadora Claudia Blum, una estrecha aliada política del presidente conserva- dor Andrés Pastrana.
Blum, quien impulsa además la iniciativa de la "persecución en caliente" de las FARC en la zona de distensión, indicó que ésta se justificaría debido a que esa guerrilla ha decidido entrenarse allí "para acabar con los poblados campesinos y atacar a los organismos de seguridad".
Hizo énfasis en que "se supone que esa región fue desmilitarizada para hablar de paz y no para preparar la guerra, violar la Constitución e irrespetar el derecho internacional humanitario", al hacerse eco de las denuncias de los altos mandos militares sobre el presunto uso irregular del territorio sureño por los rebeldes.
La senadora dijo que la "persecución en caliente" sería una medida a aplicarse si se comprueba que los comandos insurgentes salen del área desmilitarizada para preparar sus ataques y pretenden regresar a ella para refugiarse.
Según la cúpula militar, allí la guerrilla no sólo se concentra, sino que se entrena y lleva a los secuestrados, y al mismo tiempo concentraría en esa zona el armamento y las municiones que han ingresado en forma ilegal a Colombia últimamente.
La ley de orden público facultó al presidente Pastrana para ordenar el retiro del ejército de una vasta región selvática del sur del país que comprende dos departamentos y cinco municipios, al ceder ante una exigencia de las FARC como condición para celebrar en ese lugar las negociaciones de paz.
Expropiar bienes de la guerrilla
Por lo demás, los congresistas también han pedido la reducción de la zona de distensión, que se estima es del tamaño de Suiza, así como un mecanismo de expropiación de los bienes de la guerrilla y una rebaja en las penas carcelarias para quienes suministren informes que permitan la captura de los líderes de la insurgencia.
En ese marco, el ejército volvió a hacer hoy nuevas denuncias contra las FARC al afirmar que ese grupo está reclutando a menores de edad de Venezuela para remplazar a sus combatientes veteranos abatidos en combate, a decir del comandante de las fuerzas militares, general Fernando Tapias, lo cual violaría el derecho internacional humanitario.
Durante la víspera la jefatura militar presentó a la prensa a un niño de 16 años, que se identificó como Rolando y es originario del estado venezolano de Apure, quien formó parte de las columnas de las FARC que atacaron la semana pasada el Puerto de Inírida, Guainía.
El coronel Héctor Castro, comandante de un cuerpo del ejército que combate el secuestro, acusó a su vez a las FARC de estar llevando a los civiles que tiene secuestrados a la zona de distensión, y puso como ejemplo el testimonio sobre este asunto de un ingeniero de nombre Ricardo Andrés Camelo, a quien el comando militar antisecuestro rescató.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, el colombiano César Gaviria, declaró en San José que la negociación entre gobierno e insurgencia en su país es respaldada ampliamente por sus compatriotas y la comunidad internacional, pero lamentó que los grupos armados "no han estado a la altura del proceso".
Por su parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU) condenó el asesinato del fiscal colombiano Gerardo Cortés y denunció el plagio de siete civiles, de acuerdo con un comunicado de la oficina en Bogotá de la titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson.
El ejército acusó a las FARC de estar implicadas en este caso, y la ONU asentó que estos hechos "son repudiables" e instó a los autores a liberar a los rehenes de manera inmediata e incondicional respetando su vida e integridad, y recomendó a las autoridades redoblar la seguridad para jueces, fiscales y testigos.
En tanto que el vicepresidente colombiano, Gustavo Bell, aseguró que el gobierno no prevé ningún tipo de negociación con los paramilitares de ultraderecha, medios de prensa reportaron que el gobierno del presidente Andrés Pastrana y el Ejército de Liberación Nacional podrían comenzar los diálogos directos en enero próximo tras una serie de "acercamientos exploratorios efectuados recientemente en Cuba.
En otro orden, el vicepresidente Bell anunció que la fiscalía colombiana garantizará el respeto de los derechos de los detenidos y el debido proceso contra cuatro venezolanos aprehendidos en mayo pasado acusados de participar en las guerrillas de Colombia.
A su vez, Venezuela se declaró respetuosa de la decisión de la justicia del vecino país, pero dijo que mantendrá sus gestiones en favor de sus connacionales para demostrar su inocencia.