Ť Enoja posible designación en gabinete de De la Rúa
Polémica por declaraciones de Carlos Menem en el Vaticano
Ť Dijo que consultó con el Papa el indulto a militares represores
Ť Remplazarán gendarmes a los policías en huelga en Corrientes
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 23 de noviembre Ť Las declaraciones del saliente presidente Carlos Menem en Roma, cuando durante la víspera sostuvo que había consultado con el papa Juan Pablo II su decisión --en 1990-- de indultar a los jefes de las juntas militares de la última dictadura y a otros responsables de violaciones a los derechos humanos durante ese régimen, provocaron en Argentina fuertes reacciones.
Voceros del mandatario argentino intentaron calmar el ambiente político, caldeado por sus declaraciones durante una visita de despedida al Vaticano, en la cual fue elogiado por el Papa por su campaña antiaborto llevada a cabo durante su mandato.
También sus asesores trataron infructuosamente de contener, por segundo día consecutivo, el escándalo causado por unas declaraciones del gobernante justicialista sobre la viuda del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, quien fue detenida aquí junto con su hijo.
Menem sostuvo que siempre supo que María Victoria Henao vivía en Argentina, pero su secretario de la presidencia, Alberto Kohan, insistió en que el presidente fue mal interpretado.
Organismos de derechos humanos criticaron este martes el "visto bueno a la impunidad" de Menem y el Vaticano para los represores de la dictadura.
Mientras, dirigentes de la Comisión de la Memoria solicitaron al ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Carlos Soria, medidas urgentes para proteger y preservar los archivos de la represión descubiertos en los últimos tiempos, ante el anuncio del nombramiento del ex coronel golpista Aldo Rico como ministro de Seguridad del próximo gobierno justicialista (peronista) de la provincia.
Alentados por el hallazgo este mes de archivos en una comisaría de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, esa comisión también solicitó que se ordene la revisión de los edificios que dependen del Ministerio de Seguridad, porque allí también pueden haber documentos de los crímenes.
Los familiares de las víctimas de la dictadura (1976-1983) esperan también que se resguarde una copia de los archivos de la policía bonaerense, después de que en marzo pasado documentos de la sede de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas fueron robados.
Gracias a que una copia de esos documentos había sido enviada al juez español Baltasar Garzón, la información está a salvo, pero los familiares de las víctimas temen que la llegada de Rico ponga en peligro todo su trabajo.
Desde 1998 la Cámara Federal de La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires), que investiga el destino de unos 2 mil desaparecidos, recibió una serie de partes policiales y notas gubernamentales que sirven para armar el doloroso rompecabezas de la represión.
Cruzada contra Bussi
En septiembre pasado, gracias a la mudanza de sede de la Facultad de Periodismo de La Plata, se encontraron archivos con fichas de estudiantes y profesores, que sirvieron para ubicar a las víctimas de la dictadura militar.
Precisamente el espionaje que se realizaba en la Universidad de La Plata sirvió para el envío de informes a Paraguay y otros países del Cono Sur sobre estudiantes y profesores de distintas nacionalidades, y es el caso del abogado Martín Almada, detenido en Asunción en 1974 por la dictadura de Alfredo Stroessner gracias a un informe de inteligencia de la policía platense.
En Buenos Aires, entre tanto, 24 legisladores impugnaron a su vez el diploma de diputado extendido al ex general y ex gobernador de Tucumán Antonio Domingo Bussi, quien es uno de los 98 de la lista de militares cuya extradición solicita el magistrado español Baltasar Garzón por sus crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la pasada dictadura militar.
Mientras, en Bahía Blanca se presentó el primer testigo en el juicio que lleva adelante la Cámara Federal local para investigar el destino de los desaparecidos en esa ciudad del sur del país.
Gustavo Darío López tenía sólo 16 años cuando lo secuestraron allí en diciembre de 1976 para ser trasladado a un centro clandestino de detención llamado La Escuelita, que funcionaba en un batallón del comando del quinto cuerpo del ejército, donde fue torturado hasta confesar acciones que nunca había realizado.
De la declaración de este testigo surgió la versión de que algunos sacerdotes, como el cura Aldo Vara, visitaban a los detenidos pero nunca avisaron a sus familias.
En tanto continúa la reconstrucción dramática de la historia de la represión, otros conflictos se reavivan: la gendarmería envió a 500 de sus miembros a la provincia de Corrientes para remplazar a la policía local, que se encuentra en huelga por reclamo de sueldos atrasados, los que también son demandados por empleados públicos en el marco de un conflicto que se ha extendido más de un año.
Esta crisis será otra en la pesada herencia que recibirá el próximo gobierno del presidente electo Fernando de la Rúa, en cuyas filas también se registraron este martes resistencias ante la posibilidad de que nombre mañana en su gabinete a un ex viceministro de Economía de Menem, Juan Llach, como titular de Educación, mientras que para el ala izquierdista de la coalición entre el Frente País Solidario y la Unión Cívica Radical se destinarán sólo dos carteras.