Emilio Pradilla Cobos y Julio Millán Soberanes
Microbuses y seguridad urbana

A inicios de los ochenta, los peseros, combis y microbuses eran marginales en el transporte público. Cuando se llevó a cabo la municipalización de los camiones, los capitales allí invertidos se dirigieron hacia esta modalidad. Aunque la creación de Ruta 100 aparecía como una solución racional y eficaz, el gobierno priísta en turno congeló su desarrollo, dejando el mercado en manos del pulpo microbusero en expansión.

La suspensión de la construcción de líneas del Metro durante casi diez años posibilitó también este crecimiento. La impreparada y equivocada liquidación de Ruta 100 por el anterior gobierno capitalino, en aras de su fundamentalismo privatizador, desestructuró el servicio de camiones y creó más condiciones para el dominio callejero de los microbuses.

A la irracional política de transporte de los gobiernos federal y capitalino, se sumó la corrupción de la burocracia priísta, que traficó con las concesiones y la placas.

Convirtiéndolos en interlocutores privilegiados, permitió que unos cuantos "líderes" corporativizados al partido oficial asumieran el control de las organizaciones de microbuseros y formaran verdaderas mafias que pagaban los favores con su fidelidad al gobierno y su partido. Ahora, este irracional e ineficiente sistema controla seis de cada diez viajes en la ciudad. Aunque en apariencia, el sistema incluye muchos miles de "micropropietarios", pero la realidad es una gran concentración de unidades en manos de unos cuantos empresarios atrasados e ineficientes.

Las "cooperativas" de fachada carecen totalmente de organización empresarial racional que permita hacer eficiente el servicio, mantener adecuadamente las unidades, llevar un control de la operación y tener condiciones financieras para su necesaria modernización.

Los propietarios fueron también víctimas del "error de diciembre" causado por Salinas-Zedillo, de la usura bancaria, y hoy están endeudados y carecen de acceso al crédito necesario para cambiar sus micros por camiones adecuados y modernos, como se ha propuesto reiteradamente.

Aunque en horas-pico, los pasajeros se hacinan en el interior o cuelgan literalmente de las puertas de las unidades, el resto del tiempo hay una gran sobreoferta de medios. Casi todas las unidades superaron ya su vida útil y presentan un alto grado de deterioro mecánico, por ello su mantenimiento es casi nulo.

El acondicionamiento anárquico por parte de sus propietarios y conductores, sin apego a normas de seguridad, propicia la inseguridad e impide el control policial. Sus conductores, sin la calificación requerida, sin salario fijo ni prestaciones sociales mínimas, obligados por el pago de una alta cuota diaria a su propietario, cumplen extenuantes jornadas de diez horas al volante, y tienen que realizar verdaderas guerras callejeras por lograr el pasaje necesario para cubrirlas. Ser a la vez víctimas y victimarios.

En esta carrera contra el tiempo, los microbuseros violan las normas de tránsito y seguridad, y son causa de accidentes y muerte. En el primer semestre de 1999 se registraron 105 muertes provocadas por accidentes de microbuses y combis; esta modalidad de transporte urbano es responsable de tres accidentes diarios y se presentan ocho quejas cada jornada por mal servicio, prepotencia y mal trato.

También tienen un papel preponderante en la congestión del tránsito de la capital y, por tanto, en sus altos índices de contaminación atmosférica.

Esta es la desastrosa herencia dejada por la política de transporte del PRI-Gobierno a las autoridades democráticas actuales.

Ahora, cuando los gobiernos de Cárdenas y luego Robles ponen en marcha medidas lógicas y básicas para regularizar y mejorar este servicio, los microbuseros, sus "líderes" y quienes los controlan políticamente tras bambalinas responden agresivamente, realizan plantones y amenazan con paralizar la ciudad.

El problema es tan grave y afecta tan seriamente a la mayoría de los capitalinos, que parece evidente que el Gobierno capitalino contará con el apoyo ciudadano suficiente para mantener, profundizar y ampliar las medidas de reorganización del transporte público para hacerlo eficiente, menos contaminante, cómodo y adecuado a las necesidades de los usuarios y a las exigencias de un desarrollo urbano seguro, sustentable y con habitabilidad.