Juan Ramón de la Fuente llegó a la rectoría de la UNAM en medio de un conflicto tan grande que, de no resolverse positivamente en corto plazo, no sólo pone en riesgo a la propia universidad nacional, sino a la universidad pública del país. El mismo rector ha dicho, ante el STUNAM, que no sólo está en juego el conflicto universitario, sino la viabilidad de la educación pública en el país (que incluye a las universidades públicas).

La cuestión es: ¿qué se entiende por educación y universidad públicas? Lourdes Galaz (La Jornada, 24/11/99) nos recuerda que el gobierno mexicano, mediante la SEP, ha propuesto el subsidio federal para las universidades públicas en función de su productividad y de los aumentos que logren en sus ingresos propios (por cuotas, entre otros rubros).

Si el gran debate, como lo plantean Víctor Flores Olea y Abelardo Mariña (Crítica de la globalidad. Dominación y liberación en nuestro tiempo, FCE, 1999), gira en torno de la viabilidad de las naciones, y con éstas las soberanías de las mismas en la nueva configuración mundial, la universidad pública se encuentra en una disyuntiva: o se mantiene, como ha sido su tradición, al servicio de la nación y de su desarrollo (para afirmar su soberanía como país) o se subordina a la lógica del capital dominante y se convierte, como ya lo intentan otras universidades públicas estatales y las privadas, en fábrica de cuadros al servicio de la productividad y la eficiencia de esa pequeña fracción del país que se siente parte, sin serlo realmente, de la ficticia ``comunidad'' económica con Estados Unidos y Canadá.

La universidad pública, de acuerdo con nuestra historia, debe estar al servicio de los más caros intereses de la nación, es decir, de su desarrollo soberano y para todos sus pobladores. La autonomía de las universidades públicas, también en nuestras tradiciones, debe garantizar no sólo autogobierno (que en estos tiempos tiene que ser democrático) sino libertad de cátedra y de pensamiento; es decir, una lógica interna donde la pluralidad ideológica (y no el pensamiento único dominante) esté garantizada. Por lo mismo, la universidad pública debe estar abierta a todos los que quieran estudiar si reúnen las condiciones mínimas de aptitud, independientemente de su condición social e ideología, pues la nación se preserva y se desarrolla con todos y no exclusivamente con las minorías que con frecuencia, por su poder económico y sus privilegios, se creen el país mismo y, por extensión, con derecho a venderlo (desnacionalizarlo) si es necesario.

La aspiración de la universidad pública, en un país con 72 por ciento de pobres (Boltvinik), no puede ser, como en la universidad privada, seleccionar a los mejores de entre los más ricos, sino a los mejores de toda la población, en una búsqueda permanente por ampliar la planta de científicos, profesionales y técnicos que necesita el país para desarrollarse soberanamente como nación. Aun pensando en términos de la globalización, debiera ser obvio que la inserción de México en aquélla será más ventajosa si el país se desarrolla integralmente. No es aceptable la división del trabajo determinada por las grandes potencias en la que éstas serán cada vez más ricas y nuestros países cada vez más pobres, salvo en los pequeños enclaves de alta productividad destinados a la exportación y al reducido mercado interno que consume automóviles de 50 mil dólares y más. Tampoco es aceptable que, en aras del TLC, se le quieran imponer a las universidades públicas ``normas internacionales de certificación de calidad de la enseñanza'' (Galaz) que pueden ser muy útiles para la formación de profesionales dirigidos a las necesidades de los mercados, pero no necesariamente para el desarrollo del país y para la solución de los problemas que tiene.

De la Fuente ha dicho, reiteradamente, que defiende la universidad pública. ¿Estaremos entendiendo lo mismo por ésta o el rector está en la misma frecuencia de la SEP y de varios rectores de universidades públicas estatales que siguen la línea del gobierno y de la globalización de la educación superior, que no significa otra cosa, en la realidad del TLC, que nuestra subordinación a los estándares de Estados Unidos? En coincidencia con Pablo González Casanova, creo también que debemos darle al rector la oportunidad de que exprese sus puntos de vista sobre la universidad. De la Fuente tiene la palabra.