Hay por lo menos dos maneras de analizar las violaciones a los derechos humanos en México, una en función de los focos de emergencia, y otra dirigida al estudio de los denominadores comunes. La primera tiene como propósito que graves abusos queden al descubierto y que regiones específicas tengan la atención que merecen. La segunda va más bien dirigida al descubrimiento de los patrones nacionales.

Las dos fórmulas son válidas, necesarias y además compatibles. Desgraciadamente, las emergencias de derechos humanos muchas veces nos obligan a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a prestar más atención a los casos más urgentes. Sin embargo, la visita de Mary Robinson presenta una oportunidad para refleccionar acerca de los denominadores comunes de casos de violación a los derechos humanos en México, puesto que sólo a través de un diagnóstico de este tipo se podrán desarrollar programas eficaces para acabar con las prácticas que motivaron la presencia en México de la alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Es ampliamente conocido que en México existen la tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y abusos de otra índole. Y se sabe que ciertos lugares dentro del país llevan consigo ciertas connotaciones de abuso, como por ejemplo Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Ahora bien, el desafío es intentar mirar más allá de las situaciones de emergencia. Aproximadamente 70 organizaciones no gubernamentales y redes en México han estado preparando un documento que tiene como propósito presentar a la alta comisionada un análisis de los hilos conductores en la materia. Ahora pertenece al gobierno sumarse al esfuerzo.

Uno de los denominadores comunes más importantes en las violaciones a los derechos humanos en México es la falta de los sistemas federales y estatales de procuración y administración de justicia. En México los abusos suelen presentarse en el contexto de la persecución de delitos comunes, contra el hampa organizada y también contra las guerrillas, con el afán de encontrar o fabricar evidencia inculpatoria a cualquier precio.

Los sistemas de procuración y administración de justicia en México tienden a convivir con violaciones a los derechos humanos cometidas en procesos judiciales, incluyendo tortura, detención arbitraria, o desaparición forzada temporal. Se encontrará esta triste realidad en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, pero también en lugares del país que no reciben la atención que más fácilmente se presta a estas zonas de emergencia.

Las garantías individuales que se encuentran plasmadas en el papel en México no son debidamente respaldadas en la práctica. El gobierno mexicano debe estar en condiciones de responder a la siguiente pregunta: ¿Qué ocurre en la intersección de la práctica judicial (incluyendo la actuación de agentes policiales, agentes del Ministerio Público y jueces), el derecho y la jurisprudencia en México que conduce a la débil protección de los derechos humanos? Una respuesta honesta a esta interrogante no supone necesariamente ignorar algunos pasos positivos del gobierno en este ámbito, como por ejemplo el reconocimiento de la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humano. Lo importante, en todo caso, es aprender a confrontar la enorme distancia que aún subsiste entre el discurso político y la realidad.

* Joel Solomon es director de investigaciones para las Américas de Human Rights Watch.