* El desfalco, entre 1982 y 1994, indican diputados
Supera los $163 mil millones el daño patrimonial a Conasupo
* Exigen fincar cargos al ex presidente Salinas y otros ex funcionarios
David Aponte y Ciro Pérez Silva * El daño patrimonial causado por diversos funcionarios de los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari a Conasupo asciende a más de 163 mil millones de pesos ųequivalentes a 16 años del presupuesto de la UNAM y más de 80 por ciento del pago del servicio financiero de la deuda para el año 2000 ų, según el informe final de la Comisión Conasupo de la Cámara de Diputados.
Ante la magnitud del desfalco, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene que deslindar o fincar responsabilidades al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, Enrique Alvarez del Castillo, Jaime Serra Puche, Pedro Aspe Armella y Carlos Ruiz Sacristán, entre otros ex funcionarios, considera.
El reporte de la comisión legislativa, que en breve será enviado al jefe del Ejecutivo, critica la actuación de la PGR en las pesquisas del caso Conasupo y recomienda la asignación de un ministerio público especializado para continuar con las investigaciones.
El diputado perredista Miguel Alonso Raya dijo que el daño patrimonial causado a Conasupo en el periodo comprendido entre 1982 y 1994 podría alcanzar los 200 mil millones de pesos, tomando en cuenta la inflación, las devaluaciones y los intereses generados por el monto de los fraudes.
De hecho, los integrantes de la Comisión Conasupo discutieron durante un mes si incorporaban o no estos tres elementos económicos al daño patrimonial causado a la paraestatal. Al final los tomaron en cuenta y determinaron que la cifra de los fraudes rebasa los 163 mil millones de pesos.
El resumen ejecutivo coloca el daño patrimonial en viejos pesos: un billón 631 mil 352 millones 919 mil 220 pesos. Pero la cifra de 163 mil millones de pesos está avalada por los diputados de oposición.
El documento, publicado ayer en la Gaceta Parlamentaria y que será presentado al pleno el próximo martes, explica que la investigación de la Cámara de Diputados consta de cinco tomos, 451 fojas útiles y 46 anexos documentados asociados a las seis líneas de investigación:
Revisión de los contratos exclusivos de distribución de harina de maíz de Miconsa y tráfico de maíz subsidiado en el periodo 1990-93; verificación de las cuentas bancarias, inversiones y préstamos con instituciones de crédito nacionales o extranjeras o mediante terceros de Conasupo y sus filiales; investigación del proceso de desincorporación en acciones y venta de los activos de Miconsa y las plantas de Liconsa; pesquisa de la importación de leche contaminada con radiactividad, y seguimiento de las denuncias interpuestas ante la PGR por el área jurídica de la paraestatal y en Secodam en contra de ex funcionarios de Conasupo por las irregularidades de los pagos hechos a Maseca.
Las indagatorias de la comisión legislativa abarcaron también nueve comparecencias y seis cuestionarios. Las primeras tuvieron lugar con Humberto Mosconi, director general de Conasupo (1995-99); Jaime Martuscelli, subsecretario de Salud (1985-88); José Ernesto Costemalle, director de Conasupo (1982-88); Guillermo Soberón, secretario de Salud (1982-88); Héctor Hernández Cervantes, secretario de Comercio (1982-88), y trabajadores y especialistas de la capitanía del puerto de Veracruz, Liconsa y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas.
Los cuestionarios fueron enviados a Jaime Serra Puche, Pedro Aspe Armella, Ignacio Ovalle Fernández, María Elena Vázquez Nava, Aarón Schwartzman y Jacques Rogozinsky.
En las conclusiones, el informe menciona que Conasupo actuó con "negligencia e irresponsabilidad" frente a las denuncias sobre acciones ilícitas cometidas en detrimento del patrimonio de la empresa, y la PGR no fue al fondo ni determinó quién o quiénes podrían estar involucrados en los delitos, principalmente en la línea de investigación en contra de Salvador Giordano, ex funcionario de Conasupo y subsecretario de la Contraloría.
"De estos elementos relacionados con Salvador Giordano, la PGR no profundizó las investigaciones, siendo que se relacionan con las irregularidades detectadas por la Comisión Conasupo de las 56 y 57 legislaturas, en los procesos para la desincorporación de las empresas filiales de Conasupo, en donde se encuentran violaciones al marco normativo vigente".
El documento expone que "la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo no fue uniforme en su criterio al realizar las determinaciones de qué asuntos eran competencia de la PGR, es decir de carácter penal, y qué asuntos eran de carácter administrativo, provocando impunidad y en consecuencia posible responsabilidad para los servidores públicos de la Secodam".
Entre las recomendaciones menciona por primera vez la necesidad de deslindar o fincar responsabilidades al ex presidente Salinas y a varios miembros de su gabinete, y exige a la PGR que profundice en las investigaciones del daño patrimonial a Conasupo.
"Es necesario que la PGR investigue si las múltiples deficiencias contenidas en las denuncias presentadas por la Conasupo fueron intencionales, para determinar si con ello los representantes legales de dicha paraestatal pretendían lograr la impunidad de los involucrados en las denuncias".
El dictamen del informe final está firmado por los diputados Miguel Alonso Raya (PRD), Alberto López Rosas (PRD), Margarita Pérez Gavilán (PAN), Abelardo Perales (PAN), Juan José Cruz (PT), José Luis López (PT) y Aurora Bazán (PVEM). Obviamente, los legisladores del PRI Jaime Hugo Talancón y Enrique Jackson no signaron el documento.