La Jornada viernes 26 de noviembre de 1999

Astillero Ť Julio Hernández López

El precoz pensionado, José Angel Gurría Treviño, está a punto de entregar, nuevamente, buenas cuentas a los grandes capitales extranjeros asociados con los nacionales. El nuevo negocio es la salud de los mexicanos.

Se trata, ahora, de obligar a los contratantes de seguros médicos privados a que sean atendidos no por los facultativos o los hospitales que dentro de su rango de aseguramiento prefieran, sino sólo por aquellos que les sean asignados por los grandes consorcios beneficiados con esta reforma legal que se pretende hacer.

La fórmula triunfadora: negocios y política

El negocio es tan atractivo, que en él desean participar firmas y personajes de gran poder. El llamado seguro de salud manejaría en México unos 12 mil millones de dólares al año. Los usuarios de servicios médicos privados, atendidos por compañías de seguros y asociaciones médicas, son cinco millones.

Tan importante segmento de mercado, por ello, ha provocado una lucha de intereses en la que participan, además del citado secretario Gurría, otros nombres, firmas y personajes bien conocidos en la cúspide donde se hermanan los intereses políticos con los económicos: el presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Manuel Aguilera Verduzco (hijo del ex regente que actualmente es diputado y presidente del PRI en el Distrito Federal); el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Tomás Ruiz (padre de uno de los subsecretarios de Hacienda), y firmas como Bancomer, el Grupo Nacional Provincial, Pulsar, Banamex, Inbursa, y personajes como Olegario Vázquez Raña, Pedro Aspe Armella, Alberto Bailleres, Alfonso Romo y Marco Antonio Slim.

La sospechosa unanimidad de los diputados

La urgencia de hacer negocio con la salud de los mexicanos ha llevado a desaseos legislativos como el sucedido el 27 de abril pasado, cuando los legisladores (de todos los partidos) que integran la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, dejaron pasar sin objeciones la iniciativa de reformas a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, que les había sido presentada 13 días antes. Ya que nadie se tomó la molestia de analizar tal propuesta (enredados en los pleitos partidistas y en otros asuntos superficiales), los diputados aprobaron el 29, en una sesión plenaria, el dictamen que les había presentado la citada Comisión de Hacienda, con 436 votos a favor y ninguno en contra.

De allí, la iniciativa pasaría al Senado de la República que, bajo el control de los priístas, no habría de significar retraso para las premuras de los chicos de Hacienda, que exigían darle velocidad al asunto. Los diputados ni siquiera levantaron una ceja por el hecho de que la citada reforma fuese turnada a la Comisión de Hacienda, que preside un priísta, el morelense Dionisio Meade, y no se hubiera tomado en cuenta a las comisiones de Salud (presidida por un perredista, Santiago Padilla Arriaga) ni a la de Seguridad Social (encabezada por otro legislador del sol azteca, Gonzalo Rojas Arreola)

Urgencias apaciguadas en el Senado

Sin embargo, en el Senado, el proyecto fue turnado a la Comisión de Salud, que preside otro priísta, el duranguense Samuel Aguilar Solís (un cenecista de posiciones críticas dentro del tricolor, que es delegado general del PRI en Oaxaca) y, contra lo que habría de suponerse, allí el asunto fue frenado y se entró en una dinámica de análisis y discusión que ha permitido detectar los peligros de la citada iniciativa presidencial.

Para empezar, los hospitales privados han denunciado (en aras de su propio interés) los riesgos derivados de ese esquema (copiado del modelo estadunidense) mediante el cual, de manera monopólica, las empresas de seguros venden servicios médicos prepagados que deben ejercerse en los sitios y con los profesionistas que las empresas decidan.

Aguilar Solís, al respecto ha declarado (en El Economista, 8 de octubre de 1999, nota de María Teresa Izquierdo) que se debe preservar la libertad de los pacientes para elegir tanto médicos como proveedores de salud. Por otra parte, señaló que el problema no está en el ámbito del financiamiento de este servicio, sino en las dudas crecientes sobre la calidad de lo que se ofrecerá y las limitaciones que pudieran imponerse a los consultantes.

Las glorias de Gurría

La conversión de una obligación del Estado mexicano, como es la protección de la salud, en mero asunto de mercado sujeto a los afanes de lucro y a los mecanismos de ahorro, ha llevado a inversionistas poderosos a prepararse con tiempo, alentados por el secretario Gurría, y sus funcionarios, quienes les aseguraron que no habría problemas para aprobar la anhelada reforma legal.

Existen ``instituciones de seguros que han comprado hospitales, otras que han iniciado clínicas de servicios prepagados, y hospitales que están tratando de integrarse a los servicios de salud a través de sus estructuras propias, así como inversionistas privados que están adquiriendo hospitales para integrarlos al sistema de salud'' dijo Tomás Ruiz (el papá del subsecretario) el 6 de septiembre a Yalín Cacho, de El Financiero. Eso sí, con su voz autorizada, don Tomás adelantó que el Seguro Social ``no será desmantelado'' a causa de esta suplantación empresarial.

Emocionado, el señor Ruiz ha sido a veces brillantemente explícito para desmentir que se esté rompiendo la relación médico-paciente para establecer la de proveedor-cliente. Una persona podría ser atendida por el médico que ella deseara, pero pagando más dinero, reveló don Tomás: ``Existen diferentes productos, y van de acuerdo con las necesidades y recursos con que cuente el asegurado. Si se contrata con la aseguradora, que el cliente o paciente determine qué médico le atienda, entonces el costo de la prima será más alto (...) es una cuestión de mercado'', dijo el 11 de octubre, según nota de Julio Brito publicada en Excélsior.

Manuel Aguilera hijo, por su parte, ha asegurado que las reformas buscan que haya ``prácticas médicas más sanas, donde la rentabilidad no esté por encima de la ética, y se neutralicen los intereses de aseguradores y prestadores de servicios médicos hospitalarios en beneficio de los usuarios''.

Anoche, la noche del apretón final

Contra todos esos argumentos, y toda esa maraña de intereses, está una franja silenciosa de senadores priístas, un grupo de sindicatos de trabajadores (del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y de Pronósticos Deportivos), asociaciones de médicos y de colegios de esos profesionistas, y las asociaciones de hospitales...

Pero todos ellos, y los lectores que acaso sintiesen el deseo de oponerse al más reciente intento de atraco del neoliberalismo, deberían darse prisa si algo quisiesen hacer para oponerse: anoche, el secretario Gurría habría de reunirse con algunos senadores encabezados por María de los Angeles Moreno, para apretar más en la exigencia de que, rápido, se apruebe la jugosa iniciativa con la que los quebrantos de salud de más mexicanos se convertirán en millones de dólares para los ganadores de siempre.

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