* Desactiva el gobierno de Pastrana un paro de los transportistas
Finaliza en Colombia protesta de 25 días de campesinos e indígenas
* Renueva el Congreso por tres años más las facultades que permiten el diálogo con las guerrillas
Afp, Dpa, Ap y Reuters, Santafé de Bogotá, 25 de noviembre * Al tiempo que el gobierno colombiano lograba poner fin a una prolongada protesta de 25 días de campesinos e indígenas que afectaba a los departamentos de Cauca y Nariño, este noche debió desactivar otro paro de transportistas que había estallado por la mañana.
Delegados del gobierno y de organizaciones campesinas e indígenas, que movilizaron a unos 40 mil militantes, alcanzaron un acuerdo con lo que se puso fin al bloqueo de la carretera panamericana, que había provocado una parálisis generalizada en Cauca y Nariño y hacía estragos ante la escasez de alimentos.
El ministro del Interior, Néstor Martínez, informó que el acuerdo consiste en un compromiso del gobierno central para desembolsar unos 50 millones de dólares para ser invertidos a partir de ahora y hasta finales del 2001 en programas de desarrollo económico regional y de mantenimiento y mejoras en salud y educación.
Cuando la protesta comenzó a principios de este mes en Popayán, capital de Cauca, los manifestantes exigían inversiones por unos 425 millones de dólares, pero en los últimos días habían bajado su pretensión a poco más de 100 millones de dólares, para terminar aceptando la mitad de esa cifra y concluir así el paro.
Mientras, este día la jornada fue de tensión debido al paro nacional de los transportistas públicos que exigían al gobierno de Andrés Pastrana la reducción de los precios de la gasolina, que este año han tenido un alza sin precedentes de 40.8 por ciento, además de pedir disminución en tarifas de peaje y créditos para equipos nuevos.
Aunque el gobierno declaró desde un comienzo que la medida de fuerza de los transportistas, planeada inicialmente por tiempo indefinido, había resultado un fracaso por el bajo nivel de adherentes, en el curso del día emitió una resolución para decretar que la huelga era ilegal.
El paro de los transportistas --de carga, pasajeros y taxis-- sólo logró su objetivo en forma parcial en algunas capitales departamentales como Bucaramanga, Montería, Valledupar y Popayán, además de Barrancabermeja, el principal puerto fluvial petrolero, y Barranquilla, puerto caribeño.
En Bogotá los informes indicaban que el nivel más alto de paralización fue de 40 por ciento, y se reportó un balance de 13 detenidos en incidentes aislados. Pero, tras un incendio de un vehículo en instalaciones de la refinería de Barrancabermeja, dos sindicalistas fueron también arrestados.
Justamente las instalaciones petroleras fueron militarizadas luego de que los trabajadores del sector se habían sumado a la huelga de los transportistas. Los trabajadores petroleros de la refinería de Barrancabermeja fueron desalojados, y la dirigencia de la Unión Sindical Obrera demandó la liberación de los detenidos.
Otro sector que se sumó a los transportistas fue el de los burócratas, en repudio sobre todo a la política salarial del gobierno.
En tanto que las diversas asociaciones de transportistas reconocieron que la paralización resultó "floja" ante la necesidad de trabajo, el ministro Martínez señaló que el problema no es por las tarifas en los combustibles sino que se presenta ante la recesión que sufre el país.
El presidente del Consejo Superior del Transporte, Gonzalo Corredor, informó por la noche que la huelga había sido levantada con el propósito de darle al gobierno un plazo de tres meses para que replantee su política en lo que se refiere a la fijación periódica del precio de los combustibles.
En otro plano, el Congreso colombiano renovó por tres años más las facultades especiales de la Ley de Orden Público que le permite al Ejecutivo manejar el proceso de diálogos por la paz con la insurgencia o grupos al margen de la ley. No obstante, el Senado y Cámara de Diputados aún deben aprobar el proyecto en segunda instancia.
En tanto que el sector de ganaderos afirmaba que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia percibieron en el último año unos mil millones de dólares del narcotráfico, el procurador Jaime Bernal denunció amenazas de muerte en su contra tras ordenar la destitución del general Jaime Uscátegui en conexión por un caso de violación a los derechos humanos.
Por otra parte, Colombia extraditó hoy a Estados Unidos al presunto narcotraficante venezolano Fernando Flores Garmendia, quien se hallaba bajo arresto en Bogotá desde agosto de 1998, acusado de cargos de lavado de dinero y tráfico de cocaína.
Se estima que Flores Garmendia, de 38 años y el segundo extraditado en los últimos días por Colombia, puede resultar un testigo clave en contra de los jefes del cártel de Cali, los encarcelados hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela.
En Quito, Ecuador, el juez español Baltasar Garzón declaró que en Colombia todavía existe la posibilidad de que se salga de la diabólica espiral de la violencia. En un foro sobre el tema colombiano, expresó su preocupación porque se logre la paz, pues confió en que ésta es posible y que esa aspiración debe ser "despertada".