* Dan más de 100 testimonios en San Cristóbal

Chiapanecas se organizan para enfrentar violencia militar

* La guerra de baja intensidad, horror cotidiano, manifiestan

Rosa Rojas, enviada, San Cristóbal de las Casas, Chis., 25 de noviembre * Los testimonios del horror cotidiano que es vivir una guerra de baja intensidad se desgranaron este día uno a uno, hasta sumar un centenar, en las voces -a ratos quebradas por el llanto- de mujeres indígenas que relataron el asedio castrense, el miedo, los asesinatos, las expulsiones, la violación sexual, el hambre y la miseria, pero también el aprendizaje de su propia fuerza, el organizarse para resistir y tratar de frenar a militares y paramilitares, el ir aprendiendo a decir šno! y el ir ensayando un šsí! a la vida.

Ese šsí! fue hoy el atrevimiento de más de 500 de ellas a dar la cara, quienes en el acto Reclamo de las Mujeres ante la Violencia, la Impunidad y la Guerra en Chiapas se reunieron para escucharse, discutir, preguntar en español, tzeltal, tzotzil y chol si acaso es justo que tengan que vivir así, que cómo es posible que el gobierno no cumpla lo que firmó en los acuerdos de San Andrés, que cómo se le hace para que si uno denuncia un asesinato o un abuso, el Ministerio Público haga algo, porque ahora no actúa, que si acaso un marido puede agarrar (sexualmente) por la fuerza a su pareja y si eso es un delito y pueden denunciarlo.

En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas, éstas llegaron de 48 municipios de Chiapas, convocadas por 16 organizaciones no gubernamentales a iniciativa del Seminario Feminista de San Cristóbal y se organizaron en cinco mesas para hablar de las distintas formas de la violencia que sufren: sexual, doméstica, de la guerra, de las políticas gubernamentales y en la procuración y administración de justicia.

Inauguró el encuentro la actriz Ofelia Medina. Las juristas Magda Gómez, Guadalupe Ramírez, Gracia Moheno, Guadalupe Elizalde, Rocío Guerra y Laura Ofelia Jiménez participaron en el análisis de casos, tanto para preparar su defensa como para hacer recomendaciones que permitan presentarlos -tal cual se acordó al final de la jornada- ante la comisión y la corte interamericanas de Derechos Humanos, cuya intervención se solicitará "a fin de que se nos haga justicia y se establezca el estado de derecho en nuestro país".

Se determinó también solicitar la cooperación técnica directa de la oficina de Mary Robinson, titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos.

Una denuncia se repitió en varias mesas, en todos los idiomas en que se desarrolló este encuentro, reiterada con rabia y tristeza: el Progresa, ese programa oficial que se supone combate la pobreza, en las comunidades de Huitiupan, de Altamirano, de Ocosingo, obliga a las mujeres, a cambio de los 230 pesos que les dan, a aceptar la "operación" (salpingoclasia) para que ya no tengan hijos, y si no aceptan esa cirugía ya no les dan el dinero.

"Ya no quieren que usen ni pastillas ni inyecciones, quieren que se operen; les dicen -los de la Jurisdicción Sanitaria- que la operación les va a durar sólo siete años pero como las otras ya no han querido operarse, ya no les han dado nada."

Julia, de Ocosingo, dijo en tzeltal: "En las comunidades no hay una buena escuela, no hay un buen maestro, no hay un doctor; si la comunidad pide un buen salud lo único que hace el gobierno es mandar soldados. No puede uno salir fuera de su comunidad porque ahí están los soldados, los hombres son revisados por los soldados; vivimos en una pobreza muy difícil y eso es lo que hace el gobierno". A su comunidad llegaron los militares desde 1994.

María, de Frontera Comalapa, relató que cuando los policías de Seguridad Pública y los paramilitares -civiles que llevaban un listón para identificarse- desmantelaron el municipio autónomo y desalojaron la presidencia municipal que habían tomado porque pedían obras "y justicia para los que habían matado y secuestrado", llegaron disparando "y a Rosita la balacearon de la columna vertebral y quedó paralítica para toda su vida".

Ella tiene un niño de 11 años, abundó, "y es también de tristeza para nosotros porque la vemos en esa silla de ruedas y no podemos hacer nada para ayudarla. Pedimos la intervención de los derechos humanos para que nos apoyen".

Muchas Marías dieron hoy sus testimonios. Otra de ellas, de Ocosingo, dijo que el gobierno "nos trata como animales, manda a su gente a molestarnos. Están patrullando aviones y helicópteros y no dormimos día y noche por estar cuidando el pueblo, porque cuando entran los soldados no respetan ni a las mujeres ni a los niños; llegan priístas de Sibajá y San Marcos a regañarnos porque no queremos dejar que el gobierno haga la carretera sino que cumpla lo que ha prometido".

También en los cuatro idiomas se repitieron las denuncias por la presencia de soldados en las comunidades, por los abusos que cometen, porque profanan y contaminan las fuentes de agua, porque, como se dijo que ocurre en Tila y otras poblaciones, se han prostituido niñas de 12 y 13 años, los militares se van y " ellas se quedan con sus hijos"; porque se han llevado detenidos a hombres bajo acusaciones falsas y los meten a la cárcel de Cerro Hueco, o llegan "vestidos de civil, inventan como que van a comprar y llevan pastillas (para dormir) para darles a las mujeres y están haciendo violaciones sexuales". Llevan también, manifestaron, más alcoholismo, drogadicción y enfermedades de transmisión sexual.

En el resumen de la mesa 3, sobre la violencia de la guerra, que fue la más numerosa, con casi 100 participantes, se señala: "Las declaraciones involucran al Ejército federal, Policía de Seguridad Pública y grupos paramilitares en acciones delictivas, como son: homicidio, lesiones, amenazas, robo, despojo, allanamiento, violación y otros abusos sexuales, usurpación de funciones, abuso de autoridad e incluso se les involucra en situaciones de lenocinio. En todos los casos se violan de manera flagrante la libertad de tránsito, la libertad de asociación, la libertad de expresión y el contenido del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención de Belem Do Para, Contra la Violencia a las Mujeres, la Convención Americana de Derechos Humanos y las normas de derecho humanitario internacional (convenios de Ginebra).

"Así, en esta mesa vemos cómo en Chiapas la crisis militar se visibiliza a partir del primero de enero (de 1994, con el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional), pero era ya un problema constante que se agudiza desde los años setenta. Los 'ejércitos' siempre han sido al igual que en el resto del país, motivo de preocupación en la población civil, sobre todo la indígena.

"La presencia militar en Chiapas equivale a uno de cada tres soldados de las fuerzas nacionales. Esto no resuelve y sí agrava el problema que dio origen al conflicto, y es la clara respuesta del Estado para su 'resolución'. Ello se refleja en un erario exagerado e insultante. Así, se puede ver que con el costo de un helicóptero, se pueden construir seis clínicas de primer nivel y sostenerlas diez años.

"En conclusión, la guerra y la militarización afectan todos los aspectos de la vida en los planos social, cultural, sicológico, económico, político, ecológico, y está dirigida contra la población civil y viola todas las normas de derecho internacional y humanitario."