* Concluye congreso nacional de magistrados
Provocan "inseguridad jurídica" los constantes cambios constitucionales
* En el foro, opiniones adversas a ley contra la delincuencia
Jesús Aranda * Al concluir los trabajos del Congreso Nacional de Magistrados de Circuito, éstos advirtieron sobre las "graves consecuencias jurídicas y sociales", que provocan las constantes modificaciones a la Constitución, lo cual provoca además inseguridad jurídica en el país.
En conferencia de prensa en la que se dieron a conocer las conclusiones de este congreso, los magistrados Martín Antonio Ríos, Salvador Bravo Gómez, Guillermo Velasco Félix y Enrique Arizpe Narro coincidieron también en que el arraigo y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Arraigo fueron consideradas por los participantes como inconstitucionales, aun cuando aclararon que sus palabras eran "sólo comentarios".
Pese a que no se dijo abiertamente que su opinión sobre la ilegalidad de estas leyes tenga alguna consecuencia directa, trascendió que el criterio de inconstitucionalidad será aplicado en su mayoría por los magistrados cuando tengan que resolver este tipo de asuntos.
Con el punto central, los magistrados se sumaron a la iniciativa del pleno de la Suprema Corte para elaborar una nueva Ley de Amparo que agilice procedimientos, evite el abuso del juicio de garantías y garantice el cumplimiento de las sentencias, al timepo que disminuya el creciente rezago en los tribunales del país.
Los magistrados explicaron que la elaboración de una nueva Ley de Amparo no pretende dejar fuera del alcance de este instrumento a la población más desprotegida, sino reducir el exceso de recursos jurídicos que permite la Ley vigente y que deviene en el incremento de asuntos y del rezago pendiente en juzgados y tribunales federales.
Al comentar las conclusiones a las que llegaron los más de 400 magistrados que se reunieron en la ciudad de México, los conferencistas señalaron que harán llegar a la comisión creada ex profeso por la Corte para elaborar una nueva ley, aspectos tales como nuevos procedimientos para actualizar el juicio de amparo; actualización del juicio de amparo en materia agraria; suplencia de la queja en sus diversas modalidades; perspectivas sobre la simplificación de los procedimientos; suspensión provisional; contradicciones de tesis; arraigo domiciliario y su constitucionalidad; y la forma de reducir el rezago en los tribunales federales.
El magistrado Bravo Gómez reconoció que lo que más le preocupa a la sociedad es el creciente incremento del rezago en los juicios que conocen los tribunales del país, y al tiempo que instó a buscar nuevos métodos de impartición de justicia, señaló que no es posible que sigan incrementando los tribunales federales de manera exponencial, sin que esto resuelva el problema del rezago.
El magisterio Velasco Félix por su parte estableció que para él y sus compañeros el arraigo y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada fueron considerados como preceptos anticonstitucionales, y propuso también la derogación de la ley referida. En este contexto, señaló que para evitar que esta ley contravenga la norma constitucional y para que tenga una aplicación más efectiva, es conveniente que sus aspectos fundamentales se integren al Código Federal de Procedimientos Penales y al Código Penal vigente.
Apuntó también que es urgente que los tribunales colegiados funcionen con nuevos procedimientos y que se simplifique el proceso de amparo.
Por su lado, el magistrado Enrique Arizpe Narro, quien en el marco del congreso recibió la medalla Ignacio L. Vallarta, señaló que cuando la Constitución se modifica constantemente, se crean problemas de aplicación de las leyes y afecta la seguridad jurídica.
Con más de 40 años en el Poder Judicial, Arizpe Narro precisó que si bien el país está en desarrollo y requiere la adecuación de sus leyes, el modificar la Constitución no es recomendable, sobre todo cuando se hace con abuso.
Una vez que los magistrados de circuito apoyaron la propuesta del pleno de la Corte de elaborar una nueva Ley de Amparo ųlo cual en su momento apoyaron también los jueces de distrito--, la iniciativa de los ministros de la Corte sale fortalecida y resta tan solo que se sumen a esta los abogados litigantes, investigadores y académicos, a fin de que se presente al Congreso Nacional Jurídico de mediados del año próximo, una propuesta fortalecida y consensada con miras a ser apoyada, ya sea por el próximo presidente de la República o por los partidos que integren el Congreso de la Unión a partir del año próximo.