* Diputados: el quebranto, por más de 160 mil mdp
Ex funcionarios evaden aclarar los desfalcos a Conasupo
* Aspe, Serra y Vázquez Nava, entre los interrogados
David Aponte * Miembros del gabinete de Carlos Salinas de Gortari dicen que no tienen idea de qué pasó con los fraudes en Conasupo, principalmente los desfalcos por la desincorporación de las filiales. En sus declaraciones a la comisión de la Cámara de Diputados responsable de indagar el asunto, los salinistas exculparon su actuación, pero incurrieron en contradicciones.
Pedro Aspe Armella, ex secretario de Hacienda y Crédito Público, respondió a la comisión legislativa que la venta de algunas plantas de la paraestatal no era "facultad" de la dependencia que estuvo a su cargo, cuando en la misma existía y existe una unidad de desincorporación.
Jaime Serra Puche, ex titular de la Secretaría de Comercio y presidente del Consejo de Administración de la paraestatal Conasupo, aseveró que él no tenía injerencia en la ejecución de las privatizaciones y que eso era competencia de las autoridades hacendarias.
En el mismo tono, María Elena Vázquez Nava, ex contralora de la Federación, manifestó que nada sabía de las presuntas irregularidades en la venta de las filiales de Conasupo, ni tenía "memoria" para retener información de las posibles anomalías. "Tengo la plena convicción de que durante mi encargo mi actuación fue apegada estrictamente al marco legal vigente a esa fecha", alegó.
Lo cierto es que el desfalco por la venta de dos plantas de Miconsa y tres de Leche Industrializada Conasupo (Liconsa) asciende a 68 mil 430 millones de viejos pesos, de acuerdo con el informe final de la comisión de la Cámara de Diputados, documento que será discutido en la sesión plenaria del próximo martes.
La instancia legislativa afirma que su objetivo ha sido "ahondar en las investigaciones referentes a la existencia de irregularidades en la desincorporación y venta de activos de Miconsa Guerrero, Miconsa Atlacomulco y plantas y marcas de la leche de Liconsa, así como investigar los aspectos que permitieran conocer la fuente de financiamiento de las empresas que adquirieron los bienes de estas filiales".
Las respuestas
En un documento de "circulación restringida", la comisión ofreció parte de las respuestas a los cuestionarios formulados a Serra Puche, Aspe Armella, Vázquez Nava, Ignacio Ovalle Fernández, Aarón Schwartzman y Jacques Rogozinsky, quienes fueron funcionarios del gobierno salinista.
Con los testimonios de los funcionarios del sexenio 1988-1994, los diputados pretendieron "clarificar" el proceso de privatización de las filiales Miconsa y Liconsa. Sin embargo, aquéllos sólo dieron evasivas, exculpas, respuestas de corte administrativo y, en lo fundamental, incurrieron en contradicciones.
Por ejemplo, Aspe Armella refutó que haya habido una venta de las filiales, "sino en su lugar se trató de una enajenación de activos, propiedad de distintas entidades paraestatales..."
Otras respuestas del ex secretario de Hacienda: "Nunca estuve enterado de tales hechos". "El tema en cuestión no era atribución de la Secretaría de Hacienda".
Serra Puche también negó la participación de la dependencia que tuvo a su cargo en la desincorporación de las filiales de Conasupo:
"En particular, su intervención (de la Secretaría de Comercio) está acotada a realizar una propuesta sobre la base de criterios generales de desincorporación y no incluye responsabilidad alguna en materia de ejecución. Los criterios generales adoptados por Secofi para proponer la desincorporación de Miconsa fueron el fomento a la competencia en el mercado de harina de maíz, al diversificar la propiedad de las plantas productoras.
"Ello explica la preocupación de Secofi por evitar la constitución de monopolios y su recomendación en el sentido de prohibir la venta de dichas plantas al Grupo Maseca, SA."
Al mismo tiempo, deslindó su responsabilidad en las decisiones de Liconsa, "ya que el presidente del Consejo de Administración nunca tuvo participación en los consejos de administración", afirmó.
En el capítulo siete del texto del órgano legislativo, denominado La visión de los funcionarios, se presenta la argumentación de Schwartzman, director general de Liconsa entre 1991 y 1994, quien adujo que cuando fue designado para el cargo ya había pasado la desincorporación de las plantas de Delicias y de Aguascalientes de Liconsa.
"Mi intervención se limitó única y exclusivamente a dar cumplimiento al oficio de asignación de venta emitido por la Secretaría de Hacienda. En este oficio se me notificaba del adquiriente de las plantas, así como los elementos que debían contener los contratos de compra-venta.
"El adquiriente de la planta de Aguascalientes incumplió con ciertos adeudos (inventarios de leche en polvo, de refacciones, de herramienta), contraídos con el contrato que le correspondía a Liconsa cobrar. De todos los incidentes que ocurrieron con motivo de ese incumplimiento, informé al Consejo de Administración de la entidad y en las actas correspondientes se encuentran asentados los hechos."
Actualmente, sólo está en operación una de tres plantas de Liconsa que fueron privatizadas, la de Aguascalientes. La de Delicias está cerrada y su equipo y maquinaria fueron trasladados a la primera. La planta de Acayucan fue tomada desde hace tres años por sus trabajadores, por un problema de salarios y prestaciones; además, fue intervenida por Bancomer.
Desmemoria
Por lo que hace a la respuesta de Vázquez Nava, los legisladores de la comisión investigadora señalaron que aquélla evadió su responsabilidad como servidora pública, principalmente en la vigilancia en el manejo de Conasupo y sus filiales.
La ex funcionaria expuso en su declaración por escrito: "No pretendo eludir la petición que me ha sido formulada; sin embargo, encuentro preguntas referidas a hechos en los que ni la suscrita, ni algún otro servidor público de la dependencia entonces a mi cargo, pudieron haber intervenido, por estar fuera de nuestra área legal de competencia.
"Por otra parte, como comprenderá usted, que refiriéndose el interrogatorio a hechos tan concretos, no es factible para mí que después de transcurridos tantos años, retenga en la memoria detalles tan minuciosos como los que manejan en el pliego al que me refiero, de los cuales probablemente ni siquiera debería conocer, por no ser ámbito de mi competencia."
Ante la respuesta de Vázquez Nava, la comisión Conasupo consideró que la contralora "no cumplió con las funciones que como entidad vigente y sancionadora de los procesos administrativos, gestión y conducta de los funcionarios públicos, le compete hacer que cumplan los funcionarios del Poder Ejecutivo y cuidar siempre el presupuesto y el erario de la Federación".
A manera de conclusión y después del análisis de las respuestas de los ex funcionarios de la administración 1988-1994, la instancia del Poder Legislativo exigió que la Procuraduría General de la República investigue la actuación de los ex servidores públicos, principalmente la de Vázquez Nava.
En el informe final, la comisión estimó que el daño patrimonial total a Conasupo es de más de 160 mil millones de pesos en el periodo que comprende 1982-1994, es decir, los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.
Sin embargo, los miembros del gabinete salinista no saben qué fue lo que ocurrió en la paraestatal.