* Parecería que algunos gozan de indulgencia, dice
Robinson cuestiona la actitud oficial hacia grupos paramilitares
* Ante ONG se manifiesta por un diálogo por la paz en Chiapas
Rosa Rojas, enviada, y Elio Henríquez, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 26 de noviembre * Mary Robinson, titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se manifestó hoy aquí por que en Chiapas haya un diálogo a favor de la paz y por el retiro de los retenes militares.
Además, en una declaración distribuida al término de una reunión con representantes de una treintena de organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos en la entidad, en la que estuvieron también sobrevivientes de la matanza de Acteal -ocurrida el 22 de diciembre de 1997-, Robinson dijo estar conmovida por los acontecimientos trágicos ocurridos en ese lugar, y aseveró que esos hechos muestran, tristemente, que en muchos casos en México se ha fallado en castigar a violadores de esas garantías.
Mencionó que entre los factores que han contribuido a crear un clima de impunidad se incluye la creciente militarización de las funciones de seguridad pública y el que se haya fallado en llevar a soldados a tribunales civiles por violaciones a los derechos humanos cometidas contra civiles.
Otro motivo de preocupación que mencionó Robinson fue el de la actividad de grupos civiles armados en Chiapas y la actitud demostrada por las autoridades en su trato con algunos de ellos. "Parecería que algunos de esos grupos gozan de cierto grado de indulgencia oficial. Esto sería inaceptable, ya que la ley debe aplicarse de igual forma para todos", indicó.
Durante la reunión con las organizaciones no gubernamentales (ONG) chiapanecas la comisionada señaló también que está consciente de la situación "tan sería en Chiapas" y de la pproblemática que le manifestaron sus interlocutores: "es necesario que el gobierno y las personas en posiciones de autoridad atiendan estas inquietudes".
Agregó que ella ha estado dando a conocer a diversos funcionarios con los que se ha reunido las denuncias que ha recibido. "Es importante asegurar que la realidad de ustedes y su situación de derechos humanos se comprenda; ese es el fin, eso es lo que queremos lograr", abundó.
"Estén seguros -les dijo- de que en mi función de comisionada voy a seguir llevando su realidad al gobierno y voy a buscar que en el Programa de Cooperación Técnica se atienda y se inste a que los problemas se resuelvan, que haya la voluntad política para resolver este problema, para que en Chiapas haya un diálogo en favor de la paz y para retirar (remove fue la palabra que usó) los retenes militares en esta entidad".
Piden relator especial de derechos
humanos para México
Robinson arribó a esta ciudad a las 13.20 horas en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, cerca de la 31 Zona Militar, ubicada en Rancho Nuevo, en medio de un gran despliegue de seguridad.
Apenas una hora antes no se despejaba la incógnita de si se trasladaría o no hacia Acteal, adonde había sido invitada por los sobrevivientes de la matanza, integrantes de la organización de la sociedad civil Las Abejas.
En aquel lugar se quedaron esperándola cerca de 4 mil personas -según Antonio Gutiérrez, vocero de la agrupación- que desde muy temprano se habían dado cita ahí para presentar la denuncia del crimen y de la impunidad de los agresores.
En la reunión se le entregó a Robinson un documento consensado entre las ONG asistentes, en el cual se solicita que la ONU nombre a un relator especial de derechos humanos para México, considerando que aquí se presentan casos graves de violación a las garantías individuales, producto de la utilización de la estrategia contrainsurgente, en un contexto de violencia estructural, que afecta significativamente a las mujeres y los menores.
Además proponen que ante la creciente militarización del país, se abra la posibilidad de una discusión pública nacional sobre las fuerzas armadas en México.
Solicitan la intervención de la comisionada para que el Comité Internacional de la Cruz Roja "pueda cumplir cabalmente con su mandato", que, en el caso de los cerca de 20 mil desplazados en el estado, se ha visto impedido por acciones gubernamentales. Denuncian que el abasto alimentario que se proporciona a estos refugiados internos "no cumple con los mínimos establecidos por el derecho humanitario internacional", lo que se refleja en la mortalidad infantil de este sector, ya que fallecen tres de cada 10 niños que nacen.
Subrayan además la necesidad de que los desplazados regresen a sus comunidades de origen con la garantía de que su retorno y permanencia sean prontos y seguros.
En su documento, las ONG apuntan que además de la miseria y la muerte por hambre, los indígenas se enfrentan a la discriminación, al despojo, a la explotación y a la exclusión política, violándose así el ejercicio de la democracia ante las próximas elecciones del 2000.
La estrategia de guerra de baja intensidad implementada por el gobierno mexicano, se añade en el texto, continúa cobrando nuevas víctimas, y en los últimos meses se ha incrementado la presencia militar sobre todo en la zona de las Cañadas de la selva Lacandona, con el argumento de reforestar la reserva de Montes Azules y construir carreteras en algunas comunidades, sin contar con el acuerdo de éstas.
Un soldado por cada diez habitantes
El documento destaca que en 1997 había en Chiapas 70 mil efectivos del Ejército federal, pero actualmente esta cifra se ha incrementado. Así, mientras en el estado hay un médico por cada mil 178 habitantes, tan sólo en el municipio de Chenalhó hay un soldado por cada diez habitantes.
La presencia militar, se informa, ha agravado los problemas sociales al interior de las comunidades, como el rapto y estupro a las adolescentes y la utilización de menores como informantes al servicio de la contrainsurgencia. Se entorpece la comunicación entre las poblaciones, se obstaculizan las formas tradicionales para la toma de decisiones en asambleas públicas. También ha ocasionado un "daño irreversible" al medio ambiente, como la contaminación de fuentes de agua, consideradas sagradas por los indígenas, imposibilitando su uso cotidiano, religioso y curativo.
En el documento se subraya que la paramilitarización del estado avanza visiblemente, en forma encubierta o tolerada por las instituciones encargadas de la procuración de justicia, mientras que la investigación de los crímenes cometidos por estos grupos en los Altos y el Norte de la entidad "se detiene a las puertas de los altos funcionarios".
En la estrategia de formación de grupos paramilitares, "la impunidad es táctica y el desplazamiento de la población, producto del terror, sigue siendo una manera más de romper el tejido social y una muestra de la complicidad de las autoridades" en la actuación de aquéllos.
"Con la guerra la pobreza se acrecienta; las mujeres indígenas son el sector más vulnerado, padecen desnutrición y enfermedades, mueren o sufren la muerte de sus hijos, han visto coartada más su libertad de movimiento, han sido presas del terror del Ejército, de las fuerzas de seguridad y de los paramilitares, que asesinan, desaparecen, secuestran y encarcelan a sus esposos, hijos y parientes, las acosan sexualmente y las violan, las convierten en objetos y objetivo de guerra, como quedo claramente demostrado en Acteal."
Más adelante manifiestan que la presencia internacional "seguramente será un elemento definitivo para que se ponga freno a la impunidad para salvar vidas y abatir el ritmo creciente de las violaciones a los derechos humanos de mujeres y hombres indígenas y no indígenas de nuestro país".
De la misma manera, se impone la necesidad de vigilar el cumplimiento de los acuerdos internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos.
El reconocimiento de los derechos indígenas en la carta magna, afirman, "es una exigencia y una condición primera para la paz en Chiapas. El gobierno mexicano ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, instrumento que sirvió de base para los acuerdos de San Andrés; sin embargo, aún no se han reconocido los derechos colectivos en la Constitución, y el tema se ha convertido en uno de los principales puntos de conflicto".
Robinson recibió una serie de denuncias y documentos, entre los que se cuentan la declaración de las mujeres contra la violencia, la denuncia de la desaparición de José Hidalgo Pérez y el documento de Las Abejas.
Entre las ONG que estuvieron en la reunión se cuentan Chiltak, Ciam, Colem, los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas y Fray Pedro Lorenzo de la Nada, así como el Fray Matías de Córdoba. También asistieron Alianza Cívica, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Enlace Civil y Foca, entre otras.
Al término de la reunión privada con las ONG, se permitió el ingreso de la prensa al local donde ésta se efectuaba, justo para atestiguar cómo cuatro mujeres integrantes de Las Abejas vestían con el traje regional de Chenalhó a la diplomática: el huipil bordado con flores y con rayas de colores, la faja y el enredo o falda color negro. También le entregaron un morral.
"Con este mismo traje murieron 21 mujeres en Acteal; ahí regaron su sangre -le dijo Antonio Gutiérrez a Robinson, quien estaba visiblemente emocionada-; este es el patrimonio cultural que se va a llevar a Ginebra como un recuerdo de que no nos cansamos de reclamar justicia".
Le presentaron entonces a Zenaida, quien quedó ciega por los balazos recibidos en Acteal en la cabeza, a un niño que perdió los dedos de una mano y a otro a quien le quedó paralizada la mandíbula, también a causa de los proyectiles.
Uno de los hombres sobrevivientes de la matanza se quitó la camisa y se bajó el pantalón para mostrar las cicatrices de las balas. "No le da vergüenza porque el dolor es muy grande", disculpó Antonio, quien afirmó que el gobierno "no la dejó pasar -a Robinson- a Acteal porque ahí está el monumento de la vergüenza y de la infamia" y para que no viera a los militares en los dos retenes que hay que cruzar para llegar a ese lugar.
Robinson se disculpó por no haber asistido a la invitación para visitar Acteal, aunque, señaló, les mandó avisar que no iba a llegar.
Encuentro con líderes evangélicos
Más tarde, la comisionada se reunió con líderes evangélicos, entre quienes estaban Arturo Farela, Abdías Tovilla, Esdras Alonso y Manuel Collazo, los cuales le plantearon la problemática de cerca de 35 mil personas expulsadas por supuestos motivos religiosos, y denunciaron que muchos niños no pueden recibir clases, básicamente en escuelas ubicadas en el municipio de San Juan Chamula, debido a que no son católicos.
La Confraternidad de Iglesias Cristianas y Evangélicas pidió a Robinson su intervención para que se revisen los expedientes de 87 indígenas actualmente procesados en Cerro Hueco por la matanza de Acteal, pues asegura que existen irregularidades en los mismos.