* Alberto Enríquez envía una carta a la CNDH

Denuncian nexos de militares y Mario Villanueva con el narco

* El ex capitán fue hostigado por informar de las irregularidades

Jesús Aranda * En una carta dirigida al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el ex capitán Alberto Enríquez del Valle denunció que, en su calidad de jefe de Inteligencia de la 34 Zona Militar (Chetumal, Quintana Roo, 1997), descubrió la presunta vinculación del comandante de la guarnición, general Gastón Menchaca Arias, del ex gobernador de la entidad Mario Villanueva y de altos funcionarios civiles y militares con el narcotráfico.

Sin embargo, añade la misiva dirigida a José Luis Soberanes, la detección de irregularidades operativas y de inteligencia, en lugar de motivar el inicio de una investigación sobre los hechos, devino en una serie de presiones y hostigamiento de su persona y familia, por parte del general Menchaca, lo que lo orilló a desertar del Ejército, y una vez dado de baja, incorporarse al Comando Patriótico de Concientización del Pueblo (CPCP).

Relata que todo inició cuando en el último trimestre de 1997, el general de división Gastón Menchaca, comandante de la 34 Zona Militar, le ordenó realizar un trabajo de inteligencia, el cual arrojó como resultado la presunta vinculación de funcionarios de alto nivel, tanto civiles como militares, en actividades de narcotráfico.

Sin embargo, una vez entregado el reporte al general, inició el hostigamiento en su contra, y al temer represalias --después de denunciar la situación por los caminos legales conducentes--, decidió solicitar su baja del Ejército.

"Me lo voy a chingar capitán,

ándese con cuidado..."

Añade que el 16 de diciembre de 1997 fue llamado por el propio general, quien le espetó: "ƑSe cree usted muy chingón, no capitán? ƑQué le pasa, se siente como el general Gallardo o qué?", para después dar paso a la amenaza: "Me lo voy a chingar capitán, ándese con cuidado y ni crea que voy a darle trámite a su solicitud de baja ni a su parte informativo".

Señala Enríquez que de ahí, decidió desertar y solicitar la protección de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo; sin embargo, ésta le respondió que no podía intervenir por ser un asunto federal y que en todo caso, le competía a la CNDH, lo cual hizo. Sin embargo, añade, aún no ha recibido respuesta

En ese lapso, decidió desertar de las fuerzas armadas y después de ser capturado en abril de 1998 --cuando por cierto estuvo incomunicado cuatro días por órdenes del general José Gómez Salazar, entonces comandante de la Séptima Región Militar con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas--, para ser posteriormente trasladado al Campo Militar Número Uno de la ciudad de México, en donde luego de un juicio militar, fue finalmente dejado en libertad bajo caución, con un proceso pendiente por deserción.

Refiere que durante su proceso el procurador militar, general Rafael Macedo de la Concha, "encubrió las causas reales que me orillaron a desertar, sabiendo que existe un trasfondo que podría llevar al banquillo de los acusados al propio general Menchaca, quien desde mi punto de vista, podría estar relacionado directamente con el caso del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid".

En la misiva, Enríquez del Valle narra también la serie de abusos que sufrió él y los militares presos y denunció que el fuero de guerra "sólo sirve para privilegiar y mantener impune a un reducido número de militares de alto rango y para tener sojuzgados al grueso de los miembros de las fuerzas armadas, sin ser beneficiarios de las garantías individuales".

Esta observación, indica la carta del ex capitán, lo condujo a él y a otros militares procesados en el fuero de guerra, a enviar sendos escritos al secretario de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre, para que conociera las anomalías existentes y para que actuara en consecuencia.

Ante la falta de respuesta, añade, el 18 de diciembre de 1998 un grupo de militares miembros del CPCP decidieron marchar por la ciudad de México para denunciar la violación de los derechos humanos en las fuerzas armadas.

Sin embargo, señala, la respuesta fue una serie de detenciones y encarcelamientos arbitrarios de decenas de militares que fueron trasladados a las prisiones militares de Mazatlán y Zapopan.

Mientras que los que ya se habían dado de baja --como era su caso-- y protestaron como civiles, sufrieron persecución, hostigamiento y constantes amenazas de muerte, así como el inicio de una averiguación previa en la PGR.

El ex capitán demandó la intervención de Soberanes a fin de que la Defensa Nacional ordene la inmediata libertad de los militares que marcharon el 18 de diciembre de 1998; se haga un estudio a fondo sobre la existencia del fuero de guerra; se estudien posibles modificaciones a la legislación militar, se cree una visitaduría especial de la CNDH que vigile el respeto a los derechos humanos de los militares, y se analicen todos los procesos penales que enfrentan los miembros del CPCP para que sean liberados de inmediato.