Martí Batres Guadarrama
UNAM: ruptura y reconciliación

El conflicto en la Universidad Nacional Autónoma de México expresa un desgarramiento profundo.

Las medidas adoptadas por las autoridades universitarias en los últimos años, como el examen único para bachillerato, la deformación del pase reglamentado y el alza a las cuotas y servicios, entre otras, se impusieron, olvidando la historia reciente de la UNAM, e hicieron añicos el pacto social de los universitarios.

A fines de 1986, las contrarreformas del rector Jorge Carpizo, dirigidas a disminuir el pase reglamentado del bachillerato a la licenciatura y a elevar las cuotas de los estudiantes, abrieron el paso a un movimiento estudiantil con dimensiones que no se veían desde 1968.

El movimiento propuso la derogación de las reformas y la realización de un congreso como el espacio para decidir entre todos los sectores y actores de la universidad el rumbo de la reforma académica.

El movimiento triunfó. Las contrarreformas impulsadas por el rector se suspendieron. Se acordó realizar un congreso, que se efectuó tres años después.

El congreso fue el punto de acuerdo que resolvió el conflicto y su consumación la materialización de un pacto entre las diversas fuerzas reales de la institución: los sindicatos, el movimiento estudiantil, los investigadores, los cuerpos profesionales de los docentes y la burocracia universitaria.

Todas las corrientes de pensamiento estuvieron representadas en los más de 800 delegados que integraron ese congreso.

Ahí estuvieron como delegados Daniel Reséndiz, José Narro Robles, Juan Ramón de la Fuente, Jorge Madrazo Cuéllar, José Luis Soberanes, Francisco Barnés, Máximo Carvajal. También estaban Julia Carabias, José Woldenberg, así como Adolfo Gilly, Luis Javier Garrido, Salvador Martínez della Roca. Estaban también Carlos Imaz, Imanol Ordorica, Ulises Lara, Alfredo Hernández Raigosa, Manuel Oropeza, Alfredo Velarde. Asimismo: Nicolás Olivos Cuéllar, Armando Quintero, Agustín Rodríguez, Adrián Pedrozo, entre muchos otros.

El congreso sólo pudo tomar decisiones con una mayoría calificada de dos terceras partes de los votos totales de los congresistas. Esa era la regla de oro. Ningún bloque podría dominar al otro.

La mitad del congreso constituía la llamada parte institucional, con la mayoría de los docentes, un pequeño sector de los investigadores, pocos estudiantes y prácticamente todos los directores.

La otra mitad conformaba la llamada vertiente democrática, con el sindicato de los trabajadores administrativos, la mayoría de los investigadores, una parte de los docentes y casi todos los estudiantes.

Ningún bloque tenía las dos terceras partes por sí mismo, y al interior de cada uno había muchos matices. Esa riqueza permitió los acuerdos. Así se selló el pacto de los universitarios.

Así se resolvió organizar a la universidad en grandes áreas de conocimiento, para darle una integración moderna que superara la vieja estrechez de los oficios. Se diversificaron las formas de titulación, y más allá de la tesis, se establecieron los trabajos de investigación de campo, el posgrado, la tesina, la investigación colectiva, entre otras.

Se acordó incorporar la informática, telemática y otras nuevas tecnologías a los métodos de enseñanza-aprendizaje. Se resolvió unificar áreas de investigación y posgrado. Se dispuso la construcción de grandes bibliotecas por facultad. Se dio un impulso a la edición de libros de texto. Se acordaron las bases de la carrera docente. Se fortaleció el Sistema de Universidad Abierta, entre muchos cientos de pequeños y grandes acuerdos, que constituyen la más amplia reforma académica jamás discutida en la UNAM.

Hubo acuerdos que nunca se cumplieron, como la creación de un fondo para la instalación de un canal de televisión de la UNAM, o la creación de las escuelas nacionales de danza y teatro. Hubo acuerdos clave para la estabilidad de la universidad, como el mantenimiento del pase reglamentado en los términos de 1966. El Congreso Universitario no acordó subir las cuotas, ni disminuir la matrícula estudiantil, ni fusionar los exámenes de admisión al bachillerato con otras instituciones, ni disminuir el número de turnos en el Colegio de Ciencias y Humanidades.

A fines de 1990, el Consejo Universitario, máximo órgano colegiado legislativo y de gobierno de la UNAM, asumió los acuerdos del congreso universitario y los convirtió en decisiones formales e institucionales, obligatorias para todos los universitarios.

Nueve años más tarde, la autoridad universitaria rompió el pacto, dividió a la UNAM, y generó el más largo conflicto que ha tenido dicha institución.

La tarea que tiene el nuevo rector es reconstruir el pacto, respetar a todos, reconocer su existencia, reformar la universidad de manera incluyente, para recobrar la estabilidad de nuestra gran UNAM.