Ť De nuevo, la ciudad de México no recibiría partidas para combatir la pobreza

La Corte pospone el fallo sobre el ramo 33

Ť Hasta el próximo año los magistrados resolverán la demanda interpuesta por el gobierno capitalino

Jesús Aranda Ť Los ministros de la Suprema Corte decidieron no entrar en complicaciones con otros poderes y optaron por aplazar, para el próximo año, la resolución de la controversia constitucional que interpuso el Gobierno del Distrito Federal en contra del Ejecutivo federal porque éste no le asignó recursos presupuestales del ramo 33 en 1999.

A pesar de que los integrantes del máximo tribunal saben que al no haber una definición sobre el asunto seguramente se repetirá la historia este año, porque el presupuesto federal para el 2000 excluye de nueva cuenta al Distrito Federal de la dotación de partidas para combatir la pobreza, los ministros resolvieron que "ya no hay tiempo" y que mejor dictaminarán el asunto el próximo año.

Trascendió también que el presupuesto enviado originalmente por el ministro instructor Mariano Azuela, en el que se propone el sobreseimiento del asunto ųque en los hechos significa darle la razón al gobierno federalų, fue objetado por varios de sus compañeros, quienes consideran que en lugar de "darle la vuelta al asunto", la Corte debe aprovechar el tema para definir si el Distrito Federal es o no una entidad federativa, para tener, entonces sí, derecho a esos recursos

Es decir, hay ministros que se oponen al planteamiento original de que se sobresea el asunto, en razón de que el entonces jefe de Gobierno Cuauhtémoc Cárdenas no comprobó la "legitimación activa" para entablar la demanda por la vía de la controversia constitucional contra el Ejecutivo, porque consideran que la Corte debe resolver de una vez la controversia y no esperar que el gobierno capitalino interponga otro juicio, porque todo hace ver que este año el gobierno federal tampoco le dará recursos por concepto del ramo 33.

Incluso se sabe que hay ministros que consideran que la verdadera trascendencia del asunto radica en que la Corte defina, de una vez por todas, la calidad del Distrito Federal, es decir, si es entidad federativa o no, para de ahí determinar si tiene derecho o no a dichos recursos.

Sin embargo, prevaleció la idea de que era mejor discutirlo con calma a partir de enero próximo. Ello, a pesar de que hay ministros que reconocen que la Suprema Corte desperdició su oportunidad de sentar un precedente en la historia del país, ya que se habría adelantado a la aprobación del presupuesto en torno al ramo 33 y, de facto, habría impuesto el criterio jurídico a seguir por el Ejecutivo federal.

De acuerdo con el proyecto de dictamen elaborado por el ministro Mariano Azuela, Cárdenas no cumplió con lo establecido en el artículo 31 del Estatuto del Distrito Federal, en el que se precisan las atribuciones de jefe de Gobierno para entablar controversias constitucionales.

Según el documento, el entonces gobernante capitalino no entregó la declaratoria fundada y motivada que justificara la presentación de la controversia constitucional en contra del Ejecutivo.

Asimismo, el documento niega validez a los argumentos de las autoridades capitalinas, consistentes en que la constancia de mayoría que recibió Cárdenas cuando se reconoció su triunfo electoral, hace dos años, era suficiente para comprobar su personalidad jurídica.

La declaratoria, se precisa en el proyecto, se entiende como un documento en el que se hace del conocimiento de los gobernados un determinado hecho, circunstancias especiales, razones particulares, causa inmediata y los preceptos legales que justifiquen que el jefe de Gobierno presente una demanda de controversia constitucional, requerimientos que, de acuerdo con el escrito, no se cumplieron.