Antonio Gershenson
Jubilados precoces

En las últimas semanas ha salido a relucir una nueva variante del folclor político mexicano: jubilados desde los 40 años de edad, y desde un sexenio de antigüedad. No sólo eso: teniendo nuevos puestos públicos, estos jubilados, casi casi de biberón en comparación con los que conocíamos, estos consentidos del sistema siguen cobrando, además del nuevo sueldote con sus bonos y aguinaldos de lujo, la vieja jubilación.

Los trabajadores jubilados con mejores condiciones requieren, para serlo, de 30 años de antigüedad y de 55 años de edad. Los del ISSSTE, por ejemplo, si toman otro puesto con sueldo deben dejar de cobrar su pensión del ISSSTE en lo que tienen ese sueldo. Pero los jubilados del sistema financiero no tienen problemas ni de edad, ni de antigüedad, ni de tomar otro puesto público sin dejar de cobrar la jubilación.

Dado que se han encontrado más de 2 mil casos de esta naturaleza, hablamos de una lesión al patrimonio del país. Se trataría de más de mil millones de pesos anuales, y algunos ya llevan cobrando montos de este orden durante más de 15 años.

Este caso se sobrepone con otros, que anteriormente habían sido ampliamente conocidos, como el de los grandes bonos y aguinaldos autoasignados por funcionarios públicos. Y todo esto, además, se relaciona con otro hecho de mayores alcances: el manejo del presupuesto a discreción, por parte de funcionarios de la Secretaría de Hacienda, entidad a cargo de la elaboración y ejercicio del mismo. Este manejo a discreción también ha dado lugar a casos que involucran cantidades mucho mayores de dinero, como el del Fobaproa-IPAB: muchos miles de millones de dólares comprometidos sin autorización del Congreso, en este caso para apoyar, sobre todo, a los banqueros. Es más, cuando esto se hacía ni siquiera se informó al Congreso, al cual luego se pretende colocar ante los hechos consumados y lograr su aval bajo amenaza: si no apruebas lo que hice, se hunde el país.

El pluralismo es un elemento que ha empezado a limitar esa discrecionalidad que ha dado lugar a una verdadera aristocracia financiera. Esta se turna en los puestos de dirección de las entidades del sector financiero del gobierno, y sus miembros pasan de una a otra de estas instituciones: Nafin, Hacienda, Banco de México y demás. En algunos casos ha logrado que se eleve incluso a rango de ley el que este siga siendo un grupo cerrado, bajo el manto de un supuesto profesionalismo y de una supuesta neutralidad del Banco de México.

Las principales decisiones del país, así, no las toma ni siquiera el PRI como tal, ni las toman los cuadros emanados de este partido. Al contrario, el PRI como institución se sublevó, al votar en convención por el establecimiento de los famosos candados contra esta aristocracia financiera, a la que incluso los priístas que votaron consideraron como tecnócratas.

Este será, evidentemente, uno de los temas de discusión durante la campaña electoral que estamos viviendo, y deberá de ser uno de los puntos de definición y de compromiso de los candidatos.