CENSURA A TRES SEMANAS DEL 2000

Una de las facetas más oprobiosas del sistema político mexicano ha sido la potestad del poder público de actuar como censor, de jure o de facto, ante expresiones culturales, artísticas o periodísticas cuya divulgación juzgaba contraria a sus intereses de perpetuación. Paralelamente, uno de los logros más auspiciosos de la larga transición nacional hacia la democracia ha sido el ensanchamiento de la libertad de expresión a grados que hace apenas 10 o 15 años habrían parecido imposibles de alcanzar.

Las recientes maniobras del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) para impedir la difusión masiva de la película La ley de Herodes constituyen un indicio preocupante de que el sistema político referido no está tan superado como tiende a creerse y que la transición democrática dista mucho de haber concluido. Tales maniobras acaso no sean, en estricto sentido, ilegales, pero constituyen un acto de censura de Estado doblemente inaceptable: por un lado restringen la libertad de expresión de un cineasta, y por el otro pretenden escamotear al público un producto que, en opinión de algunos burócratas gubernamentales, no merece ser publicitado ni divulgado.

La comunidad cinematográfica nacional, a juzgar por la hostilidad oficial contra La ley de Herodes, enfrenta el peor de los mundos posibles: por una parte, el esquema neoliberal ha devastado al sector y lo ha convertido, en buena medida, en actividad de maquila para el cine extranjero, y, obedientes de la política económica, las actuales autoridades cinematográficas, al igual que sus antecesoras desde 1982, han hecho lo menos posible por el desarrollo y el rescate del cine nacional; en tal escenario, lo menos que podría esperarse sería el respeto a la libertad irrestricta de los creadores, en concordancia con el absoluto respeto gubernamental a la libertad de los capitales. Sin embargo, parece ser que para el Imcine la libertad de expresión se termina en el momento en que una película recoge señalamientos críticos al PRI ųcomo es el caso de La ley de Herodesų, con lo que el organismo cinematográfico, en vez de actuar como una entidad del Estado, se comporta como un anexo del partido del gobierno.

Finalmente, en una circunstancia como la presente, en la que el gobierno y sus voces afines celebran la plena vigencia de la "normalidad democrática" y se presentan como firmes partidarios de las libertades y las garantías individuales, los actos de censura vergonzante realizados por el Imcine constituyen un desmentido del discurso oficial. Pero, al margen de las contradicciones del poder público, corresponde a la sociedad exigir que nadie decida por ella sobre lo que debe o no debe ver en el cine.