José Francisco Gallardo, general brigadier en la rama de caballería, ha ganado una tras otra las batallas entabladas en su contra por altas autoridades del Ejército.
La celda que ocupa en la prisión mexiquense de Neza-Bordo es acaso una muestra de la personalidad de este general mexicano: un cuarto de apenas cuatro metros cuadrados organizado en forma impecable como recámara, comedor, estudio, oficina, archivo, recepción, en donde despacha y atiende a las personalidades que lo visitan. Gallardo goza del respeto hasta de sus compañeros del módulo de la prisión: ex comandantes de la policía mexiquense que han cometido delitos graves como homicidio y secuestro. El general se ha convertido en la persona que resuelve los problemas de convivencia de los internos. Nadie continúa una pelea frente a él, lo consultan, le hacen preguntas, lo animan en su lucha.
Las terribles condiciones en que vive no parecen hacer mella en su ánimo; por el contrario, hace ejercicio, lee todo lo que puede; escribe artículos de opinión, presentaciones de libros, ponencias en foros, y estudia todo lo relacionado con las perspectivas de reforma militar en México.
No es gratuito que se haya ganado la atención y el respeto de la opinión pública nacional e internacional. Su lucha contra la injusticia militar ha sido más que quijotesca. Los molinos de viento, el enemigo de este moderno don Quijote, le responden con furia: persecución e intento de secuestro de sus hijos, amenazas de muerte, aislamiento y empeoramiento de sus condiciones en la prisión.
Las autoridades no hallan cómo seguir atacándolo, pero él les gana todos los juicios en la justicia civil, que lo exonera y le retira los cargos impuestos por los militares. Gallardo consiguió de la Suprema Corte de Justicia un amparo contra la degradación militar que pretendieron imponerle. También logró la protección de la justicia civil federal para conservar su lugar dentro de la legión de honor militar en México.
Además, ha ganado también las batallas internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos expidió una recomendación al gobierno mexicano en la que le exige su liberación inmediata. Amnistía Internacional, quizá la organización de derechos humanos más grande e importante en el mundo, lo ha adoptado y lo defiende como un prisionero de conciencia. Human Rights Watch, los Abogados de Minessota, el PEN Club Internacional toman al general Gallardo como una causa propia.
A pesar de los seis años que lleva encarcelado y de la sentencia de 29 años de prisión en su contra, José Francisco Gallardo no ha retirado el dedo de la llaga: su lucha tiene que ver con el esfuerzo de transformar a un sistema de justicia militar decrépito, parcial y aberrante. En menos de un mes, el fuero de guerra tendrá ya una antigüedad de dos siglos.
La parcialidad del sistema de justicia militar es evidente: el secretario de la Defensa Nacional nombra por igual a jueces, acusadores y defensores. Todos los componentes del juicio militar y de los consejos de guerra deben ser militares en activo y ser nombrados por el alto mando del Ejército. Esta parcialidad se basa, a su vez, en una aberración jurídica: éste es el único aparato de justicia mexicano en el que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se confunden en una sola entidad.
Este sistema de justicia militar atrae tres consecuencias posibles y ya experimentadas. La primera conduce a la posibilidad de que los soldados mexicanos pueden ser acusados, procesados y sentenciados por consigna. Este es el caso del general Gallardo. En las autoridades militares no parece haber interés ni voluntad en la realización de juicios imparciales, sino en la culminación de una vendetta disfrazada de justicia militar. Gallardo está en prisión porque se atrevió a proponer a un ombudsman especial para proteger los derechos de los soldados y porque lo convirtieron en un chivo expiatorio de las rivalidades entre altos mandos militares.
Las siguientes consecuencias afectan de manera directa al resto de la sociedad. Con este sistema de justicia militar, sujeto a la verticalidad y discreción del alto mando del Ejército, los abusos de militares contra civiles pueden quedar cubiertos por un manto de impunidad. No existe ninguna garantía de que los militares que violaron los derechos humanos de la población sean llevados a juicio bajo este sistema de justicia militar. Ahí están, como ejemplo, los mandos y tropas que ordenaron y ejecutaron la matanza de estudiantes en 1968; los jefes militares que entrenaron a los halcones y los emplearon para masacrar a los estudiantes en 1971; los oficiales que encabezaron a la Brigada Blanca, causante de más de 500 desapariciones forzadas en México.
Por estas razones, el general Gallardo necesita algo más que su integridad como militar en las batallas que tiene por delante. Para detener a los molinos de viento y erradicar las parcialidades del sistema de justicia militar se requiere el apoyo de la sociedad entera. Gallardo, sus hijos y su esposa están dedicados a esa tarea y, como en todas las batallas anteriores, tienen la victoria por delante.