Ť Torturaron a 3 detenidos; uno murió

Pide la CEDH proceder contra 6 policías antisecuestros de Jalisco

Ť El procurador, responsable moral de los hechos, dice ombudsman

Cayetano Frías Frías, corresponsal, Guadalajara, Jal., 6 de diciembre Ť La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación en la que pide proceder penal y administrativamente contra seis integrantes del Grupo Antisecuestros de la Procuraduría estatal, quienes presuntamente participaron en la tortura a que se sometió a tres detenidos en los separos policiacos, uno de los cuales falleció.

Guadalupe Morfín Otero, presidenta de la CEDH, informó que "esta es una de las recomendaciones más difíciles de emitir, pero también una de las más necesarias", pues al rescatar a una joven, los policías investigadores aprehendieron a tres presuntos delincuentes y los torturaron, al tiempo que un médico del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses encubrió a los responsables.

"El procurador general de Justicia del Estado (Félix Ledezma Martínez) es responsable moral de que en Jalisco todavía se practique la tortura como un instrumento de trabajo y que con este recurso se pretenda convencer a la sociedad civil de que hay avances contra el crimen", precisó la ombudsman.

Calificó de indignante que el procurador pretenda justificar la actuación de sus subordinados ųcomo lo hizo en este casoų, cuando éstos demuestran no tener la suficiente capacidad para ejercer sus funciones como lo marcan las leyes.

Refirió que el pasado 23 de octubre, aproximadamente a las 11 de la noche, fue detenido Víctor Castañeda Casas y la madrugada del 24 se hizo lo propio con Sergio Alan Caro Iribe y Raúl Antonio Ortiz Mendoza, quienes habían secuestrado a la joven Alma Georgina Neri Aguilar, por cuya libertad pidieron una alta cantidad de dinero.

Revelaciones de la autopsia

"Castañeda Casas falleció en un cuarto de las instalaciones de la zona industrial, aproximadamente a las 10:30 del mismo día 24 (y) todo indica que los detenidos fueron torturados". La autopsia reveló que Castañeda Casas presentó 40 lesiones, entre ellas una herida en el cráneo de 3.5 centímetros, hematomas de 63 por 20 centrímetros en el antebrazo derecho, de 25 por 21 centímetros en el hemitórax, de 52 por 39 centrímetros en la cara posterior del tórax y fracturas en tercera, cuarta y quinta costillas derechas, así como huellas de ataduras en ambas manos y un desgarre de 4 centrímetros en el pulmón.

Luego de la investigación de la CEDH, se concluyó que los presuntos responsables del homicidio y tortura son los policías Oscar González Ortiz, Juan Carlos Sandoval López, Sigifredo Hinojosa Ibarra, Aarón Castro Garduño, Mónica Elisa Torres Fernández y Ramón de la Torre Curiel, para quienes pide un proceso penal por los delitos de homicidio, tortura y los que resulten, además de fincarles responsabilidades administrativas y de inhabilitación.

Solicitó también investigar al agente del Ministerio Público Juvencio Solares Contreras, quien como responsable por ley del caso fue omiso y dejó a los policías que realizaran la investigación, por lo que también podría ser responsable del homicidio y tortura. Igualmente pide proceso administrativo contra el comandante Roberto Márquez Lizardi, quien ordenó al alcalde de guardia en los separos que registrara al occiso Castañeda Casas como si hubiera ingresado, cuando nunca lo presentó.

La ombusdman pidió que se le amoneste por escrito al jefe de la División para la Atención de Delitos Organizados, José González Jiménez, porque obstaculizó las indagaciones de la CEDH, al negarse a proporcionar los nombres de los policías que participaron en la operación de rescate y aprehensión.

Morfín Otero dijo que "las pruebas y evidencias reunidas durante la investigación son claras y contundentes, en el sentido de que los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado violaron los derechos humanos de los agraviados, al torturarlos".

La titular de la CEDH advirtió que "sólo una mente primaria haría de esta recomendación una lectura equívoca en el sentido de que de esta manera el organismo a su cargo impediría el combate al secuestro. Nada más falso. Nos oponemos a esa visión que parece justificar cualquier medio para lograr un buen fin". Al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se recomendó que inicie y concluya procedimiento administrativo contra el médico Miguel Saldaña Torres, por encubrir un homicidio.