LEGALIDAD DUDOSA, INMORALIDAD CIERTA

Ante el escándalo suscitado por la revelación de su condición de pensionados de Nacional Financiera (Nafin) y por los montos desmedidos de sus respectivas jubilaciones, los secretarios de Hacienda, José Angel Gurría, y de Turismo, Oscar Espinosa Villarreal, pretendieron salir del paso anunciando, el primero, que de ahora en adelante ų"y mientras tenga algún otro encargo en la administración pública"ų donará el dinero de su pensión a dos instituciones filantrópicas; el segundo, que "desde diciembre de 1993" entrega "la mayor parte" de la suya a organismos de asistencia privada no especificados. Así pretenden acallar estos funcionarios la indignación social generada por el conocimiento de conductas que si no son técnicamente ilegales o irregulares ųestá por verseų resultan, al menos, profundamente inmorales.

En su momento, la comisión de la Cámara de Diputados que investiga el otorgamiento a ex funcionarios de Nafin de pensiones escandalosamente elevadas y a edades por demás tempranas, sin que los beneficiarios hayan alcanzado los 30 años de servicios que señala la normatividad para todo el resto de los ciudadanos, dirá si las jubilaciones de que gozan Gurría, Espinosa y otros fueron realmente autorizadas en forma regular.

Si ese fuera el caso, habría que concluir que el reglamento respectivo de Nafin es una afrenta para una sociedad depauperada por la torpeza económica y el empecinamiento neoliberal del grupo que detenta el poder ųy del cual Gurría y Espinosa son miembros destacadosų. En un contexto en el que la abrumadora mayoría de los pensionados se muere de hambre después de alcanzar tres décadas de servicios, una norma que permite jubilaciones quince o cuarenta veces superiores que las de otros ciudadanos, con apenas seis o veinte años de antigüedad, resulta a todas luces inadmisible, y los primeros obligados en procurar su modificación tendrían que ser quienes dirigen esa institución crediticia, responsabilidad que recayó tanto en Espinosa como en Gurría.

No es nada más un asunto de ética republicana elemental, sino también de coherencia con el credo propio: los dos funcionarios mencionados, entre muchos otros, han pronunciado en diversos momentos el mandamiento de mantener finanzas públicas sanas, y cabe preguntarse por qué no empezaron por denunciar y corregir el triple dispendio de jubilar funcionarios a edades ciertamente precoces ųalrededor de la cuarentenaų, otorgarles sumas escandalosas y luego volverlos a contratar ųcon salarios no pequeñosų en la administración pública.

Se equivoca el secretario Gurría si piensa ųcomo lo afirma en su comunicado de ayerų que los señalamientos en su contra obedecen al interés de "desviar la atención de la opinión pública" de "prioridades tanto inmediatas como de más largo plazo"; para la sociedad, el saneamiento moral del gobierno constituye, precisamente, un empeño tanto inmediato como de largo plazo, porque las abultadas sumas de dinero público que van a parar ųcon coartada legal o no-- a los bolsillos de los funcionarios se requieren, con suma urgencia, para paliar el grave deterioro causado en la salud, la educación, la vivienda y el bienestar en general de la población por 17 años de política económica depredadora y concentradora de la riqueza.

Las pensiones otorgadas por Nafin a Gurría, Espinosa y otros son la punta de un iceberg de pellizcos al erario y al dinero de los contribuyentes para mantener en el lujo y la opulencia a los integrantes del grupo en el poder. Tal situación irritante e inadmisible no se altera en nada con el hecho de que los funcionarios mencionados anuncien la donación de sus jubilaciones a instituciones de beneficencia. En estos casos particulares la Cámara de Diputados debe llegar hasta el fondo en el esclarecimiento de la legalidad o ilegalidad de las pensiones referidas y demandar las acciones correspondientes; en lo general, es evidente que los reglamentos, las leyes y las disposiciones de cada dependencia gubernamental, organismo descentralizado e institución de la nación, deben ser revisados con lupa para detectar y corregir los mecanismos en que se sustenta la extendida inmoralidad en los altos niveles de la administración pública.