El sistema judicial debe contar con recursos suficientes porque a través de él se logra la protección de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, a grado tal que si fallase la administración de justicia, no habría solidez constitucional en el país ni efectividad de la democracia, el federalismo y otros valores públicos.

En cambio, un mayor presupuesto implica la posibilidad de crear más tribunales y juzgados; reducir la acumulación de expedientes y los retrasos con mejoras en la productividad de los órganos jurisdiccionales de todos los niveles, permitiendo con ello la posibilidad de atender a tiempo los crecientes volúmenes de trabajo y los requerimientos de servicio. Sólo así se haría realidad la garantía de justicia pronta y expedita que para todos ofrece el artículo 17 constitucional.

De la misma forma, si se afianza la justicia hay mayores posibilidades para fomentar el desarrollo económico, pues no es posible concebir un desarrollo nacional verdadero sin un sistema judicial confiable, ágil y eficaz que, por un lado, elimine íntegramente la discrecionalidad y asegure a todos la certeza acerca del reconocimiento y la protección de sus derechos individuales y colectivos, y por el otro, ofrezca a todos similares posibilidades de acceso a la tutela jurisdiccional.

Un presupuesto adecuado permitiría, asimismo, atacar un problema fundamental: la dilación procesal, enfermedad que hace disminuir la calidad de la tutela judicial y constituye un caldo de cultivo que incentiva la corrupción de quienes desean más rapidez o más lentitud en la resolución del caso. Por ello, no cabe tolerar que se deje de administrar justicia por una eventual escasez de recursos económicos y, consecuentemente, de órganos jurisdiccionales. Tampoco resulta admisible que la Cámara de Diputados se convierta en un obstáculo a la atención de las exigencias derivadas de las demandas sociales de justicia.

Curiosamente, la administración de justicia siempre ha estado dotada de medios infinitamente inferiores a otros servicios del Estado y, sin embargo, gracias al esfuerzo de todo su personal a ella adscrito, alcanza unos resultados inigualables por otras dependencias.

En este sentido, se requieren recursos financieros adecuados y disponibles para la actividad judicial de forma tal que los reclamos permanentes de recursos públicos --que tradicionalmente han realizado desde los años treinta los presidentes de la Suprema Corte-- se tornen en un tema del pasado. De otro modo, continuarán indefinidamente en nuestros tribunales y juzgados los edificios vetustos y los procedimientos de tecnología primitiva que provocan lentitud en los trámites e ineficiencia en el servicio --lo cual podría deteriorar la imagen de la justicia-- y generan un factor detonante de la falta de acceso a la justicia del Estado, problemas que afectan a la población, por la consiguiente indefensión y marginalidad que ello conlleva.

En cualquier caso, la Cámara de Diputados, antes de aprobar una eventual reducción en el Presupuesto del Poder Judicial Federal, debe encontrar soluciones a la desproporción entre el volumen de trabajo y los medios disponibles, sin olvidar que es necesario continuar con la profesionalización de los funcionarios judiciales, a fin de que éstos puedan atender más adecuadamente la creciente complejidad y la internacionalización de los conflictos que se les presentan; con su capacitación permanentemente renovada; con la informatización de los juzgados y tribunales; con la promoción de servicios de asistencia letrada gratuita para los sectores sociales más pobres y con la extensión del servicio a ciudades que ya reclaman órganos jurisdiccionales, entre otros de los legítimos propósitos que busca conseguir la actual administración de justicia.

Concluyo formulando votos para que la Cámara de Diputados se interese en la concreción de una justicia que --siendo independiente y eficaz-- resulte adecuada al presente y futuro del país, y en definitiva sirva a todo el pueblo, contribuyendo de tal modo a la afirmación de un escenario de paz, de seguridad y de justicia, pues como dijo otro autor: ``ningún pueblo de la tierra ha gozado de libertad, mientras no ha tenido asegurada su justicia''.

* Coordinador general de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación