Las controversias constitucionales se convirtieron en una novedad a principios del actual sexenio, pero a fuerza de repetirse ya no sorprenden a nadie.

El más reciente conflicto enfrenta de nuevo a los gobiernos federal y del Distrito Federal. Esta vez el motivo de la controversia es el cobro del agua potable para las instalaciones y dependencias de la Secretaría de Educación Pública.

Según las cuentas del gobierno encabezado por Rosario Robles Berlanga, la dependencia federal adeuda al erario capitalino alrededor de 500 millones de pesos. Juristas y funcionarios de la SEP sostienen que esa dependencia federal está exenta de ese pago.

Las dos partes sostienen sus alegatos en razones jurídicas. Difícil definir a quién asiste la razón. Por lo pronto, el asunto fue puesto a consideración de la justicia federal, que concedió la suspensión provisional. En otras palabras, el gobierno capitalino debe restituir el servicio de agua potable en tanto se llega al fondo del problema.

En el fondo de este conflicto están las demandas del gobierno capitalino para que se le asigne un mayor presupuesto.

Para confirmar esta sospecha, allí está lo expresado por los diputados federales del PRD, en el sentido de condicionar su voto a favor o en contra del presupuesto federal a que se autorice una mayor partida para el gobierno capitalino.

La cosecha

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