Una tepehuana gana batalla legal al Ejército por el homicidio de su esposo

Justicia en la Tarahumara

Blanche Petrich * Elena Chaparro de Carrillo, indígena tepehuana del sur de Chihuahua, analfabeta y campesina de temporal, ganó una importante partida legal al Ejército Mexicano. Por el asesinato de su esposo, Valentín Carrillo, a manos de unos soldados en la región de la Baja Tarahumara en octubre de 1996, el gobierno mexicano tuvo que reconocer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la culpabilidad del capitán Gustavo Aviña y cuatro subordinados suyos en el homicidio, informar oficialmente a los familiares de la víctima sobre los pormenores del proceso y sentencia de los militares, y pagar indemnización de 102 mil pesos.

Este convenio, sin precedente en las numerosas demandas por abuso y violación de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas armadas, fue suscrito en la sede de la CIDH de la OEA, en Wa-shington, el 2 de diciembre por el embajador mexicano ante el organismo regional, Claude Heller, y por la representante legal de la familia de Valentín, María Claudia Pulido, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Además del dinero que recibirá doña Elena, de las becas escolares y de atención médica para sus cuatro hijos, hay una cláusula del convenio firmado que le da un valor adicional a esta batalla legal que promovió desde Chihuahua la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac): en una declaración pública conjunta del gobierno mexicano y el Cejil, el primero admite la responsabilidad del Ejército en el homicidio.

"Es un pronunciamiento que no equivale precisamente a una disculpa pública de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es lo que nosotros hubiéramos deseado ųcomentó Altagracia Villarreal, de Cosyddhacų, pero al menos sienta un precedente al reconocer que el Ejército violó los derechos humanos de un civil. Y abre un nuevo horizonte para decenas de casos similares en toda la República, en los que civiles, muchos de ellos indígenas que han sido víctimas de atropellos de militares, aspiran a que la justicia también les toque algún día".

Enterada de la noticia en su casita de adobe de su remoto pueblo, la primera reacción de Elena Chaparro fue pedir las medidas de la mesa del comedor de su abogada, Rosy Espinosa. "Es que ya le estoy bordando su mantel", mandó decir. En unos días trepará en algún pick-up y emprenderá el largo camino desde San Juan Nepomuceno, municipio de Guadalupe y Calvo, hacia la capital del estado, para estar ahí el sábado y cobrar su cheque, el primero que tendrá en toda su vida.

El equipo de activistas de Cosyddhac en Chihuahua celebra el éxito de esta batalla legal que, comenta Altagracia Villarreal, "hubiera topado con una pared" si se hubiera librado únicamente en los tribunales del país. "Porque para lograr que nos escuchen aquí tenemos que ir a reclamar y hacer ruido en el extranjero, en las instancias internacionales".

En el pronunciamiento conjunto del gobierno y el Cejil se confirma que el capitán Aviña "privó de la vida" a Valentín Carrillo. El expediente del caso refiere algo más.

El 12 de octubre Valentín, campesino de la región, fue detenido por una patrulla del Ejército en los senderos del bosque cercanos a su pueblo. Testimonios de un grupo de estudiantes que excursionaban en la zona ųy que también fueron detenidos ese díaų señalan que los soldados los obligaron a todos a cosechar un plantío de mariguana. Bajo amenaza, los estudiantes fueron liberados. Valentín no. Cuando días después, tras una intensa movilización de todo el pueblo, fue encontrado su cuerpo semienterrado bajo los árboles en un paraje de la sierra, la autopsia reveló que había sido torturado y ahorcado.

Cosyddhac inició su campaña. Apeló ante las comisiones estatal y nacional de derechos humanos, ante Amnistía Internacional y, finalmente, ante la OEA.

Durante años, la zona militar de Chihuahua se negó a precisar cuál era el paradero y cómo habían sido sentenciados y juzgados los responsables: el capitán Aviña; un sargento, Angel Durón; un subteniente, Edgar Ramírez, y dos soldados más. Eran casos del fuero especial, les respondían una y otra vez, y sobre eso no se le informa a instancias civiles. Ahora se sabe que Aviña purga una sentencia de 30 años y su inhabilitación para pertenecer a las fuerzas armadas.

Hace un año ųel primero de diciembre de 1998ų, la CIDH logró sentar finalmente al gobierno mexicano en una mesa de negociación frente los representantes legales de la viuda de Valentín. Ese litigio concluye ahora con la resolución. Y hay más casos como éste esperando en los archivos de los foros internacionales.