* Someterán al pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de ley en la materia


Los libros deben ser parte de la canasta básica: Beatriz Zavala

* El proyecto excluye incentivos fiscales solicitados, desde 1996, por editores y escritores

* Se negó el secretario Gurría a otorgar la tasa cero en relación con el IVA, dice la diputada

Miryam Audiffred * Tres años de trabajo legislativo llegaron a su fin. La iniciativa de Ley de Fomento para la Lectura y el Libro está terminada y ''lamentablemente" decepcionará a muchos de los involucrados en la industria editorial nacional.

Dictaminada durante un año por diputados de PAN, PRI y PRD, la iniciativa será presentada al pleno de la Cámara de Diputados el próximo martes -si la agenda legislativa lo permite- sin incluir los incentivos fiscales solicitados por editores y escritores desde 1996 para impulsar el desarrollo de la industria y abaratar el costo de los libros.

Los esfuerzos por lograr la exención del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto al activo fueron frenados por el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Angel Gurría quien, en palabras de la diputada panista Beatriz Zavala Peniche, ''se negó a otorgar la tasa cero ante la incapacidad de comprender que no todos los artículos de consumo son iguales. Los libros -enfatizó la legisladora- deben ser parte de la canasta básica del mexicano".

Titular de las comisiones unidas de Cultura y Educación -órganos a los que fue turnado el documento en noviembre de 1998, luego de ser presentado por primera vez al pleno de esa cámara- asegura que el propio presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tovar y de Teresa, se opuso a la iniciativa por considerar que ''no hace falta legislar en materia de lectura".

Aspiraciones incumplidas

Y abundó la diputada panista Zavala Peniche: ''Estamos conscientes de que la ley que será sujeta a aprobación quedó muy por debajo de las aspiraciones que todos teníamos.

''No obstante, creo que lo importante es tener una legislación base para pugnar, después, por reformas específicas."

Secretaria de la Comisión de Cultura, lamenta que las industrias culturales del país no sean apoyadas como es debido. ''Además, imaginamos que por tratarse de una propuesta apolítica seríamos ajenos a cualquier complicación."

Un tanto apenada por los resultados finales, Zavala Peniche está segura de que la iniciativa de ley será aprobada en los próximos días y, de atrasarse la discusión, durante la primera reunión del próximo periodo de sesiones que, por cierto, comenzará en marzo del 2000.

''Hemos cedido muchísimo ante la negativa de las autoridades", aclara. ''De hecho, Gurría y Tovar ya conocen el documento y aunque aún sostienen que no se trata de algo necesario, han señalado que no habrá más oposición."

Integrada por tres capítulos, 15 artículos y dos transitorios, la ley dictaminada por cuatro representantes de los tres principales partidos políticos del país se centra en la creación de un Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro que tendrá como presidente al secretario de Educación Pública en turno y estará conformado por el titular del CNCA y 15 vocales invitados, entre los que habrá libreros, editores y escritores.

Si bien esta figura había sido propuesta como un órgano desconcentrado de la SEP, el proyecto final lo contempla como un órgano de consulta, hecho que evidencia una vez más la presión del Estado, pues no hay que olvidar que el pasado agosto se propuso, en el contexto del Programa Nacional Año de la Lectura 1999-2000, constituir un fondo nacional de coediciones encargado, entre otras cosas, de establecer criterios y proponer temas, áreas y campos del conocimiento en función de los distintos niveles de difusión; objetivos similares a los otorgados en primera instancia al cuerpo ideado por los diputados.

En realidad, sólo queda el lado moral o espiritual del proyecto presentado al pleno de esa cámara el año pasado. La adición a una fracción del artículo 61 de la Ley Aduanera con el fin de que los libros, fotografías, películas, grabados y elementos que integran la infraestructura necesaria para los procesos de edición y encuadernación de libros no paguen impuestos al comercio exterior por la entrada o salida del territorio nacional, es cosa del pasado.

Gran parte de lo señalado en foros y mesas de debate ha quedado en el tintero a pesar de que se buscaron alternativas para revertir el rezago de lectores y dejar atrás cifras tan desgarradoras como el 10 por ciento de analfabetas que existen en el país.

Lo que ha sobrevivido a la embestida gubernamental, para ser el punto de partida de una larga carrera contra la desaparición de librerías -hay datos que indican que de 100 negocios dedicados al ámbito librero que fueron registrados en 1987 hoy sólo queda una decena-, son cinco cuartillas con letras que regulan la distribución de actividades relacionadas con la función educativa y cultural.

Campañas de información, becas, premios, exposiciones, talleres y muchas otras medidas son el contenido de esta ley que, prometen, será enriquecida algún día.

Por lo pronto, los diputados integrantes de las comisiones de Cultura y Educación se reunirán el próximo lunes para afinar los últimos detalles.

Urgente, reactivar la industria

Son muchos los escritores que como Carlos Monsiváis, Gabriel Zaid y Adolfo Castañón han alzado la voz por medio de artículos, ponencias y participaciones en foros y consultas. Saben que urge incentivar la industria por el simple hecho de que, en la actualidad, los mexicanos no consumen ni siquiera tres libros al año -lo que equivale a gastar 8 dólares en ese periodo-, mientras que en países como Noruega, Alemania y Austria la cifra fluctúa de 95 a 113 dólares.

Sin incurrir en visiones catastrofistas, es claro que la industria editorial mexicana se ha estancado en comparación con otros sectores de la economía. Para descubrirlo, basta comparar las cifras que señalan que en los años cincuenta el tiraje promedio de un título era de 3 mil ejemplares para 30 millones de habitantes y que, en 1996, sólo se tiraron 2 mil, por título, para 90 millones.

En la actualidad México produce cerca de 12 libros diarios y, seguramente, este hecho motivó a Zaid a mencionar en varias ocasiones que ''la lectura debe de estar por encima de la creación y ésta por encima de la producción editorial''.

Así jerarquizando el interés público, ha dicho el escritor, resulta obvio que la protección industrial al papel mexicano fue negativa para la cultura. Sacrificó el interés público de la lectura, la creación, la edición, las librerías y la difusión nacional e internacional del libro en apoyo de la fabricación de papel que sólo en parte se dedica a los libros y cuyos precios excesivos se pusieron en evidencia cuando el único papel exportado fue el papel impreso.

''No queremos una cultura mexicana reducida a leer libros de autores mexicanos, editados en México, con papel mexicano, en talleres mexicanos y distribuidos por transportistas mexicanos.

''Se trata de apoyar la creación y producción nacional pero no a costa de empobrecer la lectura nacional o de dificultarles a los lectores de otros países acceder a nuestros libros."

Por ello, entre palabras y cientos de cuartillas transcurrieron los tres años de una lucha que aún no termina y que está muy lejos de ser un capricho de escritores, editores y libreros.

De ser así, países de habla hispana como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Nicaragua, Perú y República Dominicana deberían ser tachados de necios y caprichosos por contar, hoy, con legislaciones de fomento a la industria editorial y la lectura.