Finalmente se le cayó el teatro al señor Gurría, quien por más que quiso justificar la legalidad y justicia de su pensión -al donarla temporalmente en un acto ``caritativo''- no pudo hacerlo, pues la investigación que realizó la Comisión Especial de la Cámara de Diputados sobre el Sistema de Pensiones de Nacional Financiera, determinó como ``irregular'' el otorgamiento de tal beneficio, lo que debe derivar -si es que nuestras instituciones se precian de honestidad y legalidad- en la suspensión inmediata de todas las jubilaciones tempranas, no sólo la que recibe nuestro secretario de Hacienda. Dicha comisión determinó que a través del tiempo el marco legal de las condiciones de trabajo en el sector de la banca de desarrollo ha sufrido diversas modificaciones, que si bien impulsaron las jubilaciones a trabajadores con edad y antigüedad laboral menor a la requerida generalmente, nunca legitimaron la acumulación de trabajo en diversas dependencias para alcanzar la antigüedad requerida. Incluso la propia Secretaría de Hacienda precisa disposiciones para prohibir la acumulación de años trabajados en diversas entidades, lo que poco importó a los ex directivos de las distintas instituciones que conforman la banca de desarrollo, y que hoy integran una lista de personas que sumaron su vida laboral en diferentes dependencias para cumplir con el requisito de 20 años de servicio público que, aunados a una edad de por lo menos 40 años, hicieron posible el otorgamiento de pensiones tempranas como parte del estímulo para el retiro voluntario que se promovió, a fin de reducir la carga burocrática dentro de instituciones gubernamentales. Muchos tendrán que explicar ahora cuál fue la base legal para determinar la validez de acumulación de vida laboral, pero sin duda, el que se verá en serios aprietos será Oscar Espinosa Villarreal, quien no sólo acumuló sus años como servidor público, sino que ni siquiera alcanzó los 20 años como tal. Otro caso particular es el del señor Antonio Martínez Santamaría, dirigente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Banobras, quien con cinco años y nueve meses de laborar para esta dependencia obtuvo su jubilación a partir del primero de junio de 1993, misma que fue avalada por el entonces gerente de recursos humanos de ese banco, Jorge A. Hernández Gómez, y cuando la dirección general de Banobras era ocupada por el señor Jacques Rogozinski. A Martínez Santamaría se le dispensaron más de cuatro años de servicio, pues requería un mínimo de diez en esa institución (según la fracción tercera, inciso B del artículo 47-A de las Condiciones Generales de Trabajo a partir de 1989), pero además se le acreditaron 13 años de servicio en Nacional Financiera, lo mismo que más de un año en el ahora desaparecido Banco Nacional Pesquero y Portuario. De esta manera, a los 45 años, Martínez Santamaría ya gozaba del privilegio de una pensión, pero en lo que hasta hoy se conoce como una flagrante violación de la normatividad prevaleciente. Cómo explicar que Nacional Financiera haya pasado por alto las disposiciones que impiden la acumulación de años laborales en diversas instituciones, y cómo que la misma Secretaría de Hacienda no haya intervenido, o cómo que la Secretaría de la Contraloría jamás haya detectado irregularidad alguna en estas pensiones. Pareciera que las redes del poder están en entera complicidad y no hay más ley que la que ellos juzguen que se debe respetar, que no siempre es una ley escrita. La labor que los servidores públicos desempeñan es loable en todos los sentidos. Su responsabilidad es inmensa y eso ni siquiera admite cuestión. Por ello, el salario que percibe un secretario de Estado en México oscila entre los cien mil pesos mensuales, además de prestaciones, bonos, etcétera, lo que le permite vivir más que dignamente. El error es aún más grave en el caso de Gurría, pues ni siquiera el presidente Zedillo sabía de ella, por lo que pidió aclararla. Pero hay que reconocer que si un funcionario quiere ganar más dinero, debe hacer lo que el subsecretario Werner, quien la próxima semana se va a trabajar a la IP.
Melée
Y para no extraviarnos del tema sobre la impunidad que prevalece en México, el caso de Angel Isidoro Rodríguez ``El Divino'' comprueba una vez más la elasticidad de las leyes, gracias a la cual logró la suspensión provisional de la orden de aprehensión en su contra. Y todo parece indicar que debido a los tiempos en que se presentaron las denuncias en su contra, éstas no prosperarán, situación que también puede ocurrir en el caso de Carlos Cabal Peniche, otro de los banqueros implicados en operaciones irregulares en el sistema del rescate bancario. Mientras tanto, el IPAB dio conocer el incremento de las irregularidades detectadas en el rescate de instituciones financieras, que pasó a18 mil 468 contra las mil 973 ubicadas originalmente, equivalente a 24 mil 778 millones 184 mil pesos.