El ombligo universal
Ť Jorge Turner Ť
A Domingo H. Turner, mi hermano mayor. In memoriam.
Del tratado de 1903, que dio a Estados Unidos la llave para controlar los océanos Pacífico y Atlántico, suscrito a raíz de la separación panameña de Colombia, basta con sólo mencionar algunas de sus disposiciones, sin adjetivarlo, para mostrar su naturaleza. El artículo primero mantiene que Estados Unidos garantizará la independencia de Panamá. El artículo segundo expresa que el tratado es a perpetuidad. El artículo tercero le transfiere la jurisdicción a Estados Unidos de una zona de tierra para la construcción y mantenimiento del canal, y hacia el futuro establece la obligación para Panamá de ceder nuevas tierras, si fuere necesario. El artículo primero le concede a Estados Unidos el derecho a intervenir en Panamá para el mantenimiento del orden público cuando éste fuera turbado. Y, en el artículo 14, Estados Unidos conviene en pagar a Panamá 10 millones de dólares al efectuarse el canje de las ratificaciones del convenio y 250 mil dólares anuales.
Por virtud del Tratado Hay-Bunau Varrilla de 1903 como referencia, se instaló en Panamá un enclave colonial, la zona del canal, especie de país extranjero dentro del país nacional, en el que se establecieron, con jurisdicción propia, tropas estadunidenses, población civil de la misma nacionalidad y un gobernador norteamericano. Pero fuera del enclave también se manifestó la presencia extranjera en forma de asesores o directores incrustados en el sistema educativo, de salud, policiaco e impositivo.
La estructura política y económica a que dio lugar el tratado de 1903 y los abusos cometidos por los soldados estadunidenses hicieron despertar el sentimiento nacional y la rebeldía popular.
Las luchas del pueblo panameño tratando de no ser absorbido por la tendencia imperial han sido desde entonces múltiples y heroicas. Citándolas aun cronológicamente triplicaría las páginas de este resumen, y no debe ser. Ni siquiera nos da tiempo de mencionar momentos culminantes y esperanzadores de grandes jornadas que nos fueran respondidas con un intento de dominio más férreo. Tenemos la esperanza que en la enumeración que sigue de los nuevos tratados suscritos con Estados Unidos se pueda intuir la movilización interna que ha estado detrás de éstos.
El convenio de 1936, llamado Tratado Arias-Roosevelt, significó un indudable paso adelante de Panamá en relación con el convenio de 1903, suscrito en momentos en que ya se había organizado el movimiento obrero panameño, se habían fundado los partidos políticos de clase y se había incrementado la conciencia nacional, bajo la coyuntura favorable de la presidencia de Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, cuando se lograron eliminar disposiciones afrentosas. Fue muy importante que Estados Unidos dejara de garantizar la independencia de Panamá y que Estados Unidos reconociera que el canal ya estaba construido y en funcionamiento, y que, por tanto, no cabía en lo sucesivo demandar nuevas tierras y aguas panameñas para los fines específicos del canal. El tratado de 1936 fue una revisión de algunos aspectos del de 1903; pero siguió en pie el enclave colonial e intacta la disposición que consagraba el pacto a perpetuidad.
Los años de la Segunda Guerra Mundial constituyeron una época de gran peligro de que Panamá fuera íntegramente sometida, además de la zona del canal. En 1942 Estados Unidos solicitó y obtuvo de Panamá que le diera en arrendamiento 15 mil hectáreas de tierras para instalar bases militares diseminadas por todo el ámbito del país, que coadyuvaran al esfuerzo bélico contra el nazifascismo. El término del convenio se extendía hasta la terminación del conflicto mundial. Pero llegado el momento, con la anuencia gubernamental se accedió a una petición norteamericana de prórroga para permanecer en las bases. Las movilizaciones populares en Panamá en 1947 fueron de las más grandes de su historia y concluyeron con el rechazo por unanimidad de la Asamblea Nacional del acuerdo de prórroga que equivalía a mantener indefinidamente ocupado todo el país.
Otro tratado convenido entre Estados Unidos y Panamá es el "Remón-Eisenhower" de 1955. Tras el despliegue colectivo de energía patriótica y política implícito en 1947, la obtenida, en 1955 como reivindicaciones nacionales no se antojan satisfactorias. El presidente José Antonio Remón Cantera negoció otra revisión al Tratado de 1903 bajo la consigna de "Ni millones ni limosnas: queremos justicia", pero al final alcanzó precisamente sólo reivindicaciones económicas, no políticas. La anualidad por el Canal fue aumentada a 1,930.000 dólares. Estados Unidos devolvió algunas tierras que mantenía bajo su control, como las de Paitilla. Y se estableció asimismo el derecho de Panamá a cobrar impuestos sobre la renta a panameños que trabajasen en la Zona del Canal.
En verdad el espíritu del 47, por lo que contenía de vigor y de germen vivo de liberación nacional ante la humillación, se volvió a manifestar con más fuerza en enero de 1964, ahondado el ímpetu descolonizador que se esparció por el mundo al terminar la Segunda Guerra Mundial.
La siembra de centenares de banderas panameñas en la Zona del Canal durante 1958 y 1959 por la Unión de Estudiantes Universitarios, desafiando la represión, mostraba una consonancia con el sentimiento nacional popular del momento. La señal fue captada y los presidentes Chiari y Kennedy acordaron el enarbolamiento de la bandera panameña con todos los sitios públicos de la Zona del Canal en que fuera izada la bandera estadunidense. No cumplieron "los zonians" con el acuerdo, especialmente los estudiantes de la Escuela de Balboa. Y cuando los estudiantes panameños del Instituto Nacional marcharon el 9 de enero a demandarle su incumplimiento y a izar el pabellón nacional, fueron golpeados y ultrajados por soldados y policías estadunidenses.
Lo ocurrido provocó un contagio eléctrico en la población de la ciudad capital, que se concentró en el sector limítrofe, a una velocidad increíble, en número de miles y miles de personas, y con sus propias manos arrancaron las cercas que separaban la Zona del Canal. El enardecimiento popular se comunicó a la ciudad de Colón, en donde se activaron los coloneses y a otras poblaciones del interior. En el intenso intercambio de tiros los soldados estadunidenses disparaban desde la Zona del Canal en formación regular y hacia objetivos precisos, mientras el pueblo panameño desesperado disparaba anárquicamente con lo que tuviera a mano hacia la sombra de los enemigos parapetados, pero tratando de mantener la ofensiva ante el agravio realizado a su juventud. Al día siguiente una enorme manifestación de estudiantes, intelectuales, dirigentes sindicales y pueblo en general le plantearon al presidente Roberto Chiari la urgencia de desmantelar la colonia estadunidense en la Zona del Canal, quien acogió la demanda, y decidió, ese mismo día, romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos e impartió instrucciones para denunciar a este país como agresor ante la OEA y la ONU.
El "Proyecto Robles-Johnson"
La reanudación de las relaciones diplomáticas trajeron consigo el compromiso de entablar otras negociaciones con Estados Unidos. El resultado se concretó en el fiasco del "Proyecto Robles-Johnson", obviamente rechazado por Panamá. Gobiernos fueron y vinieron y el Tratado de 1903 había sido tocado por reformas, pero la perpetuidad pactada, con la cual no había nunca integridad territorial ni soberanía, siguió incólume. Hasta el periodo que los torrijistas llaman el "proceso revolucionario" que dura 21 años, desde el 1o. de octubre de 1968, hasta fines de diciembre de 1989, cuando Estados Unidos invade al pequeño país.
En este periodo entraron en vigencia en 1977 los Tratados Torrijos-Carter, en los que se puso un hasta aquí y se pactó una fecha de terminación del convenio leonino. Es su enorme mérito: el 31 de diciembre de 1999, de conformidad con dichos tratados, Panamá deberá entrar en posesión y en la plena administración de su Canal, " y sólo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional". Fue una gran hazaña, a pesar de que, al lado de esto, Panamá se comprometió a examinar conjuntamente con Estados Unidos la posibilidad en el futuro de construir un nuevo canal por el Istmo y a aceptar que Estados Unidos se reservara la facultad unilateral de intervenir en el país cuando consideraran amenazada la vía interoceánica.
Desde que se aprobaron los Tratados Torrijos-Carter en 1977 a la fecha, Panamá ha pasado por múltiples circunstancias diversas: ocurrió la invasión estadunidense de 1989, la implantación del gobierno pelele de Guillermo Endara, la recuperación del poder por el PRD en la figura de Ernesto Pérez Balladares, el compromiso constitucional de que la nación no tendría ejército, si acaso una fuerza policiaca, y la derrota electoral del PRD a manos de la nueva presidenta Mireya Moscoso, viuda del ex presidente Arnulfo Arias, quien fue derrocado en 1968, a los 11 días de haber asumido, mediante un golpe militar encabezado por Omar Torrijos y Boris Martínez.
Pero, en medio de tantas vicisitudes, parece increíble cómo a pesar de los embates se mantuvo hasta hoy la vigencia de los Tratados Torrijos-Carter y cómo nos estamos acercando al traspaso del mando en la administración canalera y a la ruptura definitiva del enclave, tan importante mundialmente, al igual que la todavía reciente descolonización de Hong-Kong. Los hechos más sobresalientes del periodo fueron sin duda el avionazo y la muerte de Omar Torrijos en 1981, y la infame y genocida guerra de Estados Unidos contra Panamá a fines de diciembre de 1989. Sin embargo, el 31 de diciembre lo tenemos encima. Existen dudas acerca del núcleo militar panameño que se encargará de la custodia del Canal en los próximos años, visto que el ejército nacional fue desmantelado por la invasión y luego se estableció constitucionalmente que Panamá no tendrá ejército para el futuro. Pero el proceso se encamina a que el 31 de diciembre de 1999 se realizará el traspaso y a que parece que el Canal es indefendible in situ y a que Estados Unidos, para precaverse de sorpresas, incluyó como cláusula de reserva en los Tratados Torrijos-Carter, su facultad unilateral de intervenir en el país cuando considerara amenazada la seguridad de la vía interoceánica.
Existe alegría en muchos corazones populares ingenuos ante los acontecimientos en puerta. Estos piensan que incluso alguna intervención eventual sería por una situación de suma emergencia y temporal, muy distinta de la presencia militar extranjera directa que hemos vivido desde 1903. La nueva presidenta, Mireya Moscoso, ha abonado este optimismo, afirmando que no regresaremos al pasado con ocupación. Pero los que hemos hecho de la lucha por la liberación una razón de vida por más de 50 años, y que hemos visto tantos avances y retrocesos, y ofrecimientos tramposos de solución que no van más allá del cambio de una modalidad de dominación por otra, reclamamos nuestro derecho a la desconfianza. Por manifestaciones claras de funcionarios estadunidenses hemos llegado a la conclusión de que Estados Unidos no ha renunciado a su presencia física permanente en Panamá. Para ello, cumplir formalmente con los Tratados Torrijos-Carter no es renunciar a que sus tropas que terminarán de salir del país el 31 de diciembre de 1999 sean reemplazadas más adelante, habiendo terminado el Tratado del Canal de Panamá, por otras fuerzas estadunidenses de ocupación bajo el disfraz de las luchas contra los estupefacientes, como se intentó recientemente, u otro disfraz.
De momento, las bases y los polígonos de tiro que nos devuelven están contaminados y alegan que para limpiarlos y evitar explosiones accidentales más adelante necesitarían un tiempo largo que no les permiten las disposiciones del general Charles Wilheim, jefe del Comando Sur del ejército de Estados Unidos, supuestamente preocupado porque la desarmada Panamá pudiera caer en manos de las guerrillas colombianas y, acto seguido, comenzaron las presiones contra nuestro país exigiendo que se les permita a ellos ampliar su presencia de soldados hasta la provincia del Darién, fronteriza con Colombia, para evitar "incursiones contra Panamá", comprometida a no tener ejército.
La implantación en la práctica del ejército estadunidense en Darién nos dice que el peligro de nuevas invasiones en el futuro no se remite a las tierras que compusieron la ex Zona del Canal, sino que se remite a la República entera. Y nos recuerda que a pesar de la transición de 1999, el imperio cree que puede seguir "garantizando" la independencia de Panamá, como lo estableciera en el artículo 1o. del Tratado de 1903, sin reparar en que Panamá quiere garantizarse a sí misma contra una dependencia que se burla de la verdadera independencia.
Al terminar este trabajo nos ha llegado información confirmatoria de nuestras sospechas. Ya existe una propuesta norteamericana a Panamá para negociar un acuerdo sobre acopio e intercambio de información e inteligencia marítima. Se trataría de formar en Panamá una unidad combinada con miembros de los dos países, en que Estados Unidos debe proporcionar el entrenamiento y el financiamiento de los miembros de la unidad, así como su aprobación a quienes participen en ella. Entre sus funciones principales está la información diaria, sobre los barcos que transitan por el canal y sus aguas contiguas hasta las embarcaciones pesqueras y yates privados dentro y fuera de los puertos, marinas y clubes de yates de la República de Panamá. El acuerdo sería por cinco años prorrogables. Se trata ni más ni menos, que de encomendar la neutralidad convenida sobre el canal a Estados Unidos, potencia que no es neutral.
El colmo ha sido la tesis de la "democracia preventiva", sostenida en la 21 Asamblea General de la OEA, en Guatemala, por Peter Romero, funcionario del Departamento de Estado. Según esta tesis, terceros países (léase Estados Unidos) deben intervenir en otros cuando la democracia esté en juego. Romero fue refutado pero la tendencia estadunidense es manifiesta. Como hicieron Panamá desde principios de siglo, y lo anunciaron antes, desde su independencia, Estados Unidos, en tanto presunto régimen modelo, sigue creyéndose con el derecho de uniformar a su gusto la independencia y la democracia de otros países.
A la mayoría de los panameños, con múltiples recursos diplomáticos y políticos propios para defender nuestra soberanía y nuestras fronteras, nos da mucho orgullo defender con celo nuestra independencia en momentos en que la reacción proclama que se trata de una mercancía desvalorizada.
Si hay negociaciones los panameños derrotaremos cualquier intento de reducir nuestra independencia y en el aspecto internacional recabaremos incluso el apoyo de la décima Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar en Panamá el próximo año.