Ť Es un error político y una provocación, opina el asesor del CGH

La consignación de los estudiantes busca quebrar el diálogo: Garrido

Ť Continuaría el proceso cuando los alumnos obtengan su libertad bajo fianza, trasciende

Ť Sigiloso operativo nocturno para trasladar a los huelguistas al Reclusorio Norte

Roberto Garduño Ť Los estudiantes universitarios consignados en el Reclusorio Norte obtendrán su libertad bajo fianza, pues los delitos imputados no son considerados graves, pero las autoridades, en el transcurso de las próximas horas, continuarán por oficio los procedimientos penales contra integrantes del Consejo General de Huelga (CGH) para determinar si existió o no responsabilidad de éstos, según un alto funcionario de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.

Mientras los detenidos esperaban declarar ante Elsa del Carmen Arzola Muñoz, juez 45 del fuero común, se informó a este diario que la embajada de Estados Unidos en México no presentó la denuncia contra los huelguistas.

De tal forma, por no ser considerados graves los delitos imputados a los detenidos el sábado anterior (daño en propiedad ajena, motín y lesiones), se espera una decisión de la juez, quien deberá fijar el monto de la fianza, el cual, se prevé, no será alto.

Movilizaciones

Ayer, desde la madrugada, ocurrieron diversos hechos que propiciaron la movilización de los integrantes del CGH. A las 4:30 horas, un sigiloso operativo nocturno de 50 granaderos impidió que los estudiantes se interpusieran a las autoridades a la hora de trasladar a los detenidos a un centro de reclusión.

A esa hora, los huelguistas, que mantenían un plantón en la explanada de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de Distrito Federal y de la agencia 50 del Ministerio Público, ubicada en Doctor Lavista y Niños Héroes, cansados por el ir y venir de las últimas horas, dormitaban.

Entonces, en silencio, los granaderos cerraron la escuadra de la plaza para dejar el campo abierto a las camionetas que trasladaron a los estudiantes detenidos.

Uno a uno salieron los transportes, y de esa forma dejaron sin oportunidad de actuar a los integrantes del CGH. Algunos lograron evitar el cerco policial y corrieron en dirección del acceso a los edificios de la procuraduría. No lograron impedir el tránsito de los vehículos, que salieron a toda velocidad y sin contemplaciones.

En medio del desconcierto, los alumnos en huelga y los padres de familia que se encontraban allí reclamaban aquella acción sorpresiva y alertaban para rechazar alguna provocación: "šYa se los llevan a la cárcel! šNos engañaron! šTranquilos, compañeros, nos quieren provocar! šQuieren que caigamos en otra de sus chingaderas! ƑA dónde los llevan?"

En medio de la confusión, los detenidos en la trifulca del sábado 11 eran conducidos al Reclusorio Norte. Se confirmaba entonces que el paso siguiente era el proceso penal.

Desmañanados y en medio del frío de la madrugada, los familiares y estudiantes se encaminaron al reclusorio, ubicado a la falda del cerro del Chiquihuite. Frente al acceso de visitas de la prisión, comenzó un proceso de organización entre los padres de familia y los estudiantes que exigían la liberación de sus compañeros.

Ahí se estructuró un equipo de abogados designados por los mismos detenidos, sus familiares e integrantes del CGH. Rebeca Terrones, Oscar Reyes, Silvia Sánchez, Alejandro Arzate y Juan de Dios Hernández trataban de desentrañar los procedimientos que más tarde habrían de ocurrir.

Entre la desesperación, irritación y enojo que provocaba en los padres de familia tener a un hijo en prisión, comenzó a expresarse la inconformidad de algunos. Pero no sucedía nada, porque aún no llegaban al juzgado la averiguación previa ni el pliego de consignación. Además, antes de las 14 horas, no se sabía el número de juzgado en que se llevaría la causa. A pesar de eso, la desesperación se convirtió en una permanente molestia por la presencia de los medios de comunicación.

"šVáyanse! Vamos a pedir que los echen. Si tan sólo dijeran la verdad. Los medios de comunicación están ávidos de amarillismo", decían algunos padres.

Además, una estudiante argumentaba que los medios debían salir porque si no lo hacían podría ocurrir un problema, y "el único responsable va a ser el juez". Lo que ignoraba esa joven es que las audiencias en los juzgados son públicas, a menos que el juzgador de la causa determine lo contrario, y decidió que sí podían permanecer los comunicadores.

No obstante, a pesar de ese rechazo, la audiencia comenzó hasta las 15:30 horas, cuando un agente del Ministerio Público, escoltado por agentes judiciales, llegó al juzgado 45, y entregó a Arzola Muñoz el legajo de la averiguación previa y el pliego de la consignación.

En ese ambiente, Luis Javier Garrido, asesor del CGH, expresó su visión de los últimos acontecimientos en torno al movimiento estudiantil: "Los hechos del pasado sábado constituyen una prueba más para el CGH, que en los últimos siete meses ha insistido en buscar el diálogo, una salida dialogada y una solución negociada al conflicto que vive la UNAM. La impresión que se recoge de la información de los medios es que el sábado asistimos a un verdadero operativo de Estado, tendente a desacreditar al movimiento estudiantil universitario; a vincularlo a actos de violencia y, evidentemente a quebrar el diálogo del CGH con la rectoría.

"El haber consignado al juzgado 45 de lo penal a los estudiantes detenidos por los daños en la embajada de Estados Unidos es un grave error político, porque se está persiguiendo con la vía penal a quienes no hacían más que ejercer su derecho constitucional y de libre manifestación de las ideas.

"Es un error político y creo que jurídicamente no va a proceder. Es una provocación política destinada a quebrar el diálogo y hacer nulos los primeros acuerdos logrados con la rectoría. Es un error político que se debe subsanar a la brevedad."

Asimismo, el profesor Juan de Dios Hernández, quien fue nombrado asesor de los huelguistas para el diálogo, explicó la situación de los estudiantes detenidos: "Ignoramos los delitos que se les imputan a los compañeros, y la juez va a determinar si procede esta averiguación previa y, en consecuencia, si procede el auto de formal prisión o el auto de libertad por falta de méritos para procesar.

"Estamos convencidos de que los muchachos del CGH no son responsables de ninguno de los delitos que se les imputan. Para nosotros no se integra ninguno de los delitos, no hay elementos probatorios para esto. Si se actúa conforme a derecho y se aplica la ley, los compañeros deben salir de inmediato con libertad absoluta.

"Lo que aquí se está dando es un manejo político de una situación jurídica. Creemos que la procuraduría (capitalina) no tenía elementos para consignar. Los estudiantes debieron haber salido libres de la agencia del Ministerio Público."

A las 19 horas, cuando en el Consejo Tutelar se dictó la formal prisión de los menores detenidos, comenzó en el Reclusorio Norte la audiencia de los estudiantes consignados en el juzgado 45 de lo penal.

La juez Arzola era auxiliada por dos secretarios que tomarían en las horas subsecuentes las declaraciones de los inculpados. Se esperaba que el proceso se extendiera hasta hoy al mediodía.

Para garantizar la privacidad de los jóvenes y sus padres, se determinó entonces que a la rejilla de prácticas sólo se acercaran los familiares y los estudiantes. Además, los integrantes del CGH que aguardaban afuera del juzgado, también valoraban la posibilidad de pasar la noche en la Preparatoria 9. Al cierre de esta edición habían declarado 15 alumnos. (Con información de Angel Bolaños y Agustín Salgado.)