Ť Reunión privada de funcionarios del GDF y de la Suprema Corte

Pide Robles a Góngora unificar criterios en el caso de protección a giros negros

Ť Jueces los expiden a pesar de que los quejosos entregan documentos apócrifos, señala

Ricardo Olayo Ť La jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, expresó durante una reunión privada con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora Pimentel, la importancia de unificar criterios en el caso de los amparos que otorgan los jueces a los llamados giros negros, por la repercusión social que tiene este tipo de establecimientos.

La funcionaria pidió al ministro que se notifique con oportunidad al gobierno de la ciudad de cada juicio, porque muchas veces se dan amparos provisionales sin tomar en cuenta que los quejosos entregan documentos falsos.

Esta forma de proceder margina a la autoridad para demostrar el carácter apócrifo de los papeles que presentan los empresarios y que sirven a algunos jueces para dar los amparos.

En la reunión, Robles estuvo acompañada del consejero jurídico Manuel Fuentes y del procurador fiscal Eugenio Robles, y de parte de la Corte estuvieron algunos funcionarios. Según se informó, ahí hubo un señalamiento especial a la actuación de la juez sexta de distrito en materia administrativa, Amanda García González, contra quien hay cinco quejas del Gobierno del Distrito Federal en el Consejo de la Judicatura.

De acuerdo con la versión obtenida del encuentro, se indicó a Góngora que se tiene noticia que desde ese juzgado, que tiene a su cargo el expediente de la Secretaría de Educación Pública por el supuesto corte de agua, se entregó por anticipado documentación a la dependencia para que pudiera fundar de manera correcta sus reclamos, y sólo de esta forma la juez decretó dar un amparo provisional.

Precisamente en cuestión de horas, la SEP pasó de un rechazo por falta de elementos en su solicitud de juicio a obtener la protección de la justicia, en medio de la contradicción de las declaraciones de funcionarios de la Oficialía Mayor de la Secretaría. En todo caso, será la Judicatura la instancia que resolverá si hay irregularidades en este asunto.

Sobre el tema del agua y el litigio con la SEP, el procurador Eugenio Robles informó en entrevista al final de la reunión que personal del juzgado realizó una inspección ocular, en la que se confirmó que no hay suspensión de agua en las oficinas mencionadas por la SEP, y en tal circunstancia se espera que el juicio se determine sin materia.

Explicó que la siguiente audiencia se efectuará el 6 de enero para resolver de fondo el tema, aunque la sentencia de la juzgadora se puede dar posteriormente.

Asimismo, los funcionarios del gobierno expusieron sus puntos de vista sobre la controversia constitucional del ramo 33, interpuesta en febrero pasado, y de la cual Góngora reiteró que será abordada en una sesión del pleno de ministros en enero.

Se le indicó que el retraso de la sentencia afecta los derechos de la ciudad, pues no se han entregado recursos suficientes para las diversas acciones de la autoridad, por lo que pidieron que se pudieran tomar en cuenta sus argumentos para declarar inconstitucional la marginación de la entrega de participaciones en 1999.