* Dispuso De la Rúa la intervención de los tres poderes en la provincia
Corrientes, sitiada y con problemas de desabasto
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 15 de diciembre * El gobierno del presidente argentino, Fernando de la Rúa, dispuso esta tarde la intervención de los tres poderes de la convulsionada provincia de Corrientes, donde la población mantiene cortado un importante puente de acceso en reclamo de sueldos atrasados.
La medida, que debe ser aprobada por el Congreso, ocurre a menos de una semana de la asunción del mandatario y cuando ya hay desabastecimientos en la ciudad de Corrientes, capital de esta provincia ubicada a más de 800 kilómetros de la capital federal.
La provincia sufre ya de desabastecimiento, y su capital está literalmente sitiada por camiones de transporte de mercadería que hace cuatro días esperan una solución para que se abran las rutas y el puente que une con otras provincias.
La mayor parte de la fuerza laboral de la provincia no recibe sus sueldos desde hace meses, y los maestros mantienen desde abril una huelga para reclamar sus haberes, mientras la gendarmería ha remplazado a la policía local, también en huelga, y los hospitales públicos sólo atienden emergencias.
La dramática situación correntina es otra de las herencias que dejó el peronista Carlos Menem a su sucesor y evidencia el costo social de la corrupción. La provincia tiene dos gobernadores, después que el Senado provincial designó a Carlos Tomasella, pero el interino actual y que responde al peronismo, Hugo Perié, se niega a dejar el cargo.
La negativa de Perié y el rechazo de los correntinos a Tomasella, apoyado por el Partido Nuevo creado por el depuesto intendente Raúl Tato Romero Feris, a quien se califica como el "mayor corrupto" de la provincia, agravan el conflicto.
Sin embargo, la orden del nuevo ministro del Interior, Federico Storani, de no reprimir el pasado lunes a los manifestantes que bloqueaban los accesos, evitó que ocurriera una tragedia.
En Corrientes, reflejo dramático de lo que queda en gran parte de las provincias del país, las ollas populares son el único recurso de la población para sobrevivir, e incluso los presos pidieron que su comida sea entregada a los niños más pobres.
Durante la gestión de Menem la provincia fue intervenida tres veces, pero la población tiene en una lista "negra" a los interventores, porque terminaron haciendo canjes con el poder corrupto y especialmente del Partido Nuevo creado por Romero Feris, que decidió aliarse al menemismo. No hubo inversiones para estimular la producción, y nada se hizo para evitar que aumentara la deuda de la provincia, que asciende a mil 400 millones de dólares y tiene ya embargados buena parte de sus recursos hacia el futuro. Para responder a los ajustes que exige el Fondo Monetario Internacional, el gobierno correntino debería dejar en la calle a 25 mil personas, con lo que la desocupación llegaría a casi 70 por ciento.
El ministro Storani reveló ayer que los fondos girados por el gobierno de Menem para poner paños fríos corresponden en realidad a parte del Presupuesto del año 2000, reflejando la gravedad de la crisis. Los gobiernos anteriores están acusados de apoderarse incluso de las ayudas externas, como lo sucedido en las inundaciones de 1998, que castigaron a esta provincia.
Este drama no parece ocupar las primeras planas de la prensa de Buenos Aires, y lo de Corrientes parece ser una anécdota lejana. Sin embargo, el ambiente aquí también está enrarecido, luego que la Cámara de Diputados aprobó en general un paquete impositivo que para muchos terminará castigando una vez más a la clase media, al incrementar el impuesto a las ganancias y a los bienes personales, aunque para intentar paliar los efectos el gobierno esgrime una rebaja que obtuvo en las tarifas de las privatizadas empresas telefónicas. Por eso aquí pocos atienden a las turbulencias de las olvidadas provincias, mismas que podrían llegar a las puertas de una ciudad que sólo mira hacia afuera del país.